¿Dónde está la mayoría excepcional del señor Artur Mas? (Por Adrià Casinos)

La llamada al voto soberanista, a fin de que el mundo se asombrara ante su contundencia, ha conseguido un ascenso porcentual con respecto a las anteriores elecciones al parlamento europeo pero tampoco como para echar cohetes. El 55% del 48% del censo electoral que ha votado se traduce en que aproximadamente el 26% por ciento de los potenciales electores catalanes apoyan al soberanismo. ¿Es esto excepcional?

Uno de los argumentos más esgrimidos por Artur Mas en defensa del “proceso”, ha sido poner énfasis en que, teniendo en cuenta la forma en que se han producido las votaciones sobre el derecho a decidir en el parlamento catalán, el 80% del electorado estaba a favor de aquel. Después de las elecciones europeas del 25 de mayo, y teniendo en cuenta los resultados en Cataluña, la afirmación de Mas es, por razones cuantitativas, más que dudosa. Si sumamos los porcentajes de ERC, CiU e IC, nos dan un total del 55% del voto emitido. A su vez, este ha sido ligeramente inferior al 50%. 

Se dice que el 80% del electorado catalán está a favor del derecho a decidir pero en las recientes elecciones europeas, las cuentas no salen

La llamada al voto soberanista, a fin de que el mundo se asombrara ante su contundencia, ha conseguido un relativamente importante ascenso porcentual con respecto a las anteriores elecciones al parlamento europeo, pero tampoco como para echar cohetes. En definitiva, el 55% del 48% del censo electoral que ha votado, nos dice que aproximadamente el 26% por ciento de los potenciales electores catalanes apoyan al soberanismo. Sí, por supuesto, se nos dirá que el que no vota, no sale en la foto. Basta entonces volver al 55%, que nos dice lo que ya sabíamos: el país está fracturado (o, mejor, lo han fracturado) pero no 80 a 20, sino aproximadamente a partes iguales. Y que conste que le doy la ventaja al bloque soberanista de asumir que un 10%  ha votado realmente por IC y está masivamente por el derecho a decidir, descartando que una parte de ese voto sea en verdad de IU y se mire incluso con una cierta circunspección el proceso. Y no se me diga que la diferencia no es importante. ¿Qué tendrá que ver Willy Meyer con Ernest Urtasun, a quién se ve más cerca de los verdes que de la izquierda europea?

Ahora bien, aquí hay una cierta distorsión de cifras. Por un lado es cierto que cuando se votan cuestiones soberanistas, alrededor del 80% de los diputados del parlamento catalán se manifiestan a favor. Por el otro, también lo es que la mayoría de los representantes de los ciudadanos catalanes en el Congreso de Diputados no son soberanistas (como se demostró recientemente). Y en unas elecciones que se querían plebiscitarias por parte de algunos, tan solo el 55% han  respaldado el derecho a decidir. ¿Qué pasa aquí? Pues a mi parecer es que, y dejando de lado el factor localista, que juega, y mucho, en las elecciones, la manera cómo se vota en Cataluña en las elecciones autonómicas no refleja en absoluto la realidad sociológica del país. Se prima las zonas que son el granero nacionalista, en detrimento de las urbanas, en especial del área metropolitana de Barcelona. La situación clama al cielo. En las actuales circunstancias no se puede ir a unas futuras elecciones catalanas, que se querrán una vez más plebiscitarias, sin una ley electoral democrática. En un país normal, todos los votos valen lo mismo.

¿Cuál es la realidad sociológica del país? Miremos quienes son los eurodiputados electos catalanes: dos de ERC, uno de ellos Ernest Maragall, que durante 65 años fue federalista, un año fue confederalista, y desde hace dos meses es independentista; dos de CiU, uno de ellos de UDC; Carlos Jiménez Villarejo de PODEMOS; Ernest Urtasun de ICV; Javi López del PSC; Javier Nart y Juan Carlos Girauta de Ciudadanos; y Santiago Fisas del PP.

Esta es Cataluña.
En porcentaje sobre el total de posibles votantes, los independentistas en las europeas son el 11,3% si sólo contamos ERC, o 21,7% si añadimos CiU. O sea, los independentistas  fueron entre el 11,2% y el 21,7% del total del electorado potencial. ¿Dónde está la mayoría excepcional?

¡Qué suerte! ¡Soy europea! (Por Carme Valls-Llobet)

La UE es gobernanza compartida a todos los niveles lo que quiere decir federar y compartir las decisiones. Los euroescépticos no saben que comen, respiran y beben mejor gracias a la Unión Europea pero utilizan su salud y energías para ir en contra de quien les ha beneficiado

El debate de los candidatos a las elecciones europeas, interesante entre los candidatos a la presidencia, no ha podido superar los límites de una mirada provinciana en muchos de los candidatos de España. Pero especialmente en Cataluña el no-debate de ideas se ha hecho manifiesto porque en lugar de ideas nuevas o de razones para votar el día 25, para algunos Europa sólo es una gran institución que nos ha de querer o negar, pero que no significa ni un modelo de gobierno con políticas públicas bien definidas ni un modelo de convivencia.

Más del 75 % de las leyes que rigen nuestras vidas cotidianas se han decidido en el Parlamento Europeo y para bien

Parece que hayamos olvidado que más del 75 % de las leyes que rigen nuestras vidas cotidianas se han decidido ya en el Parlamento Europeo, y menos mal, porque si hubiésemos esperado tenerlas de gobiernos más próximos, quizás nuestras vidas y nuestra salud hubieran empeorado hasta límites insostenibles. Algunos euroescépticos creen que sólo los impuestos o la presión fiscal pueden provocar cambios y que como no los decide Europa, no la necesitamos para nada.

Hanna Arendt  reflexionando sobre si la política tenía algún sentido decía “el criterio de la acción en el interior de la esfera política misma no es ya la libertad sino la competencia y la capacidad de asegurar la vida”. En Europa tenemos ya directivas que afectan profundamente la calidad de vida de todos sus habitantes. Hemos regulado sobre los niveles de contaminación atmosférica que eran inaguantables y se han puesto multas a las ciudades que todavía no han cumplido (por ejemplo, en Madrid y Barcelona). Se ha limitado el uso de pesticidas y prohibido los más contaminantes, aunque algunos agricultores franceses aún crucen la frontera para comprarlos en España. La agencia Europea del Medicamento es estricta en la autorización y uso de medicamentos y los alimentos transgénicos no han sido autorizados ampliamente. La exigencia de la depuración del agua potable y la ayuda para las depuradoras ha llegado del presupuesto europeo, aliviando así la mala praxis de poner cloro en el agua de los pequeños pueblos cuando al día siguiente había una inspección de Sanidad.

Para algunos Europa sólo es una gran institución que nos ha de querer o negar pero que no significa ni un modelo de gobierno con políticas públicas bien definidas ni un modelo de convivencia

El Plan sobre Salud y medio Ambiente de la UE es uno de los mejores del mundo y aunque sus directivas para que se vigile especialmente la contaminación de embarazadas, niños y niñas y personas mayores no se han cumplido en todos los países, los objetivos están fijados y podemos aspirar a un medio ambiente que no contamine la salud.  Sin el Parlamento Europeo estas directivas no existirían, y aunque los euroescépticos, no saben que comen, respiran y beben mejor gracias a la Unión Europea, utilizan su salud y energías para ir en contra de quien les ha beneficiado. 

Es la competencia y la capacidad de asegurar la vida lo que da valor a la política, en mayúsculas, y este ha sido uno de los valores de la unión de Europa en la diversidad. Continuar decidiendo las políticas públicas que nos van a regir en el futuro entra en el espacio de la libertad personal y decidir en clave vital, con mente abierta y pensando que el futuro de nuestra salud en relación al medio ambiente no tiene fronteras y sólo se puede resolver en espacios de gobierno amplios, regionales y en algunos casos como en las emisiones de CO2 mundiales.  Gobernanza compartida a todos los niveles, lo que quiere decir a la larga, federar y compartir las decisiones. Menos mal que soy europea. Y que tengo la suerte de poder votar libremente. 

Un pais normal (Per Adrià Casinos)

Ni França ni Itàlia ni Alemanya. Cap país democràtic contempla la possibilitat de la secessió d'una part del seu territori en la seva Constitució. Ni tan sols Suïssa, tan donada als referèndums. Hauríem doncs de concloure que cap d’aquests països és normal?

Des de fa uns dies corren per Barcelona uns cartells que diuen: ”En un pais normal votar és normal”. Personalment no deixo d’estar d’acord amb l’afirmació. Ara bé, jo afegiria: “En un país normal no es vota sobre qualsevol cosa en qualsevol moment”. Per exemple, si el consell regional de Còrsega demanés a la cambra de diputats francesa que se’ls hi transferís la potestat d’organitzar una consulta d’autodeterminació, no crec que s’arribés a discutir la qüestió al Palais Bourbon, entre d’altres coses perquè hi ha un article de la constitució gal-la qu diu que la república és una i indivisible. Igualment ho tindria pelut la regió vèneta, car la constitució italiana incorpora un article que sembla calcat del francès adés esmentat. Sembla que hi ha un fort corrent a Flandes que vol reduir Bèlgica a una estructura confederal. No tindran més remei que basquejar-se per canviar la constitució. L’article primer deixa ben clar que la sobirania rau en el conjunt de la nació (en singular). D’igual manera  a les constitucions alemanya o suïssa no hi ha ni de lluny una escletxa que permeti la secessió d’un land o un cantó. I això malgrat el fet que en el pais alpí els referèndums a voltes semblen ser l’esport nacional. Hauríem doncs de concloure que cap d’aquests països és normal? Al meu entendre, sí que ho són, ja que es vota quan cal sobre qüestions que cauen dins la legalitat.

Assumeixo que el cartell esmentat considera que Espanya no és un país normal per la negativa del Congrés de Diputats a transferir a la Generalitat de Catalunya la potestat de convocar una consulta que, al meu entendre, és d’autodeterminació. Ara bé, com he intentat mostrar, la situació espanyola no és diferent a la del nostre entorn. 

Un altre argument que s’utilitza per tal de defensar el caràcter democràtic i “normal” del procés sobiranista català, és la referència  als 3 milions i escaig obtinguts per les tres formacions diguem-ne sobiranistes (CiU, ERC, IC-EUiA) i la majoria d’escons al Parlament de Catalunya en mans d’aquelles. Dels vots no cal dir res més; les xifres canten. En el límit, si es volgués filar prim, es podria calcular el percentatge que representen aquells vots en el conjunt del cos electoral català. Però no hi entraré en aquestes misèries. Ara bé, els escons ja són figues d’un altre paner. En les últimes eleccions, en les passades i en les futures, si no canvia res, jo, com a barceloní, m’hi he considerat i em consideraré estafat: el meu vot no val ni de lluny el mateix que un de la Catalunya profunda, on casualment els partits nacionalistes tenen l’aviram. Sí, és cert que els habitants de la regió metropolitana de Barcelona hauríem d’estar acostumats. La ideología pairalista sempre ha considerat sospitosa això que quan convé afalaguen dient-ne “cap i casal”. Som massa cosmopolites, “terra baixa”. Però el problema és que ara ja no es tracta de confirmar el nacionalisme com a masover (a això ja estem fets) sinó d’elevar-lo a la categoria de propietari, amb una més que probable eliminació de la llei de contractes de conreu. I ja que parlem d’escons, tampoc entraré en altres misèries, com fins a quin punt una part de l’electorat de IC-EUiA (una de les tres potes del tamboret sobiranista; de falca, en fa la CUP) se sent o no a desgrat amb l’actuació neonacionalista dels seus dirigents. Solució: que a les pròximes eleccions cada partit vagi amb una opció molt clara d’independència si o no, i amb una llei electoral que faci seva aquella consigna del segle XIX en contra del vot censatari: un home (o dona), un vot. 

Ara ja no es tracta de confirmar el nacionalisme com a masover (a això ja estem fets) sinó d’elevar-lo a la categoria de propietari, amb una més que probable eliminació de la llei de contractes de conreu

I ja que es parla d’escons i de la poca sensibilitat del Parlament espanyol cap a les reinvindicacions, suposadament, de tots els catalans, em referiré a un “oblit”. Caldria recordar que la iniciativa demanant la consulta va ser rebutjada  per la majoria dels diputats elegits directament pels ciutadans catalans. I són aquests, en la seva condició de diputats nacionals, els que, segons la constitució, encarnen la sobirania. El 23 d’abril, a propòsit de la intervenció de Mariano Rajoy al Senat el dia abans, Joan Herrera identificava congrés dels diputats amb president del govern espanyol. A veure, els diputats no els ha anomenat a dit Rajoy. Són el resultat d’unes eleccions les quals que jo sàpiga ningú no ha qüestionat. Una altra cosa és que ens agradi la majoria actual. 

Seguim amb comparacions de normalitat. “Madrid no és Londres” se’ns diu. Jo afegiria “Barcelona tampoc no és Edinburg”. El sectarisme amb què actuen els mitjans de comunicació, escrits o audiovisuals, repetidament denunciat, clama al cel. Els mitjans escrits es permeten aquest sectarisme perquè no han de bellugar-se per l’audiència: qualsevol català en “compra” diàriament exemplars a través dels seus impostos. Quant als mitjans de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió la cosa és al llindar del totalitarisme: quan alguna veu discrepant apareix, ho fa a títol d’sparring: hi será sempre en minoria a fi i efecte que els gaudidors de la canongia de ser tertulians habituals, puguin lluir-se. I si no n’hi ha prou, sempre queda la solució de recórrer a la burla, com és el cas recent de Manuel Cruz. És això “normal”? En aquest cas concret a la BBC, que acaba de reafirmar ben clarament la seva neutralitat en la qüestió escocesa,  s’hauria engegat ja una investigació i la suposada “humorista” es podria posar en remull.

“Madrid no és Londres” se’ns diu. Jo afegiria “Barcelona tampoc és Edinburg”. El sectarisme amb què actuen els mitjans de comunicació, clama al cel. Què hauria fet la BBC si un dels seus col·laboradors s’hagués burlat d’un entrevistat com va succeir a TV3 amb Manuel Cruz? És això normal?

Un altre exemple que Barcelona no és Edinburg? A les zones bilingües d’Escòcia, on el gaèlic és co-oficial amb l’anglès,  no se li obliga ningú  a retolar en una determinada llengua, sota l’amenaça de multa.

Que en aquesta situació la Generalitat de Catalunya es permeti d’obrir una pàgina web dirigida a l’exterior, on s’intenta vendre la idea de les arrels democràtiques del procés, faria riure, si la situació del país no fos ja de tragèdia. La veritat és que tot plegat els que surten millor lliurats en tot aquest escàndol són els sectors que sempre han estat clarament nacionalistes, àdhuc independentistas. Al  meu entendre, la coherència sempre és d’agrair en circumstàncies semblants.  Ara bé, l’oportunisme dels altres, dels parvenus, no té excusa, incloent-hi les dues grans centrals sindicals suposadament de classe. Tant es cotitza una creu de Sant Jordi?

No fa gaire dies els secretaris generals d’ambdues organitzacions es fotografiaven amb Muriel Casals a les Tres Xemeneies. Era la seva contribució  a “l’esforç patriòtic” que volia reflectir l’esmentada página web. Davant d’això haig d’admetre que no sóc objectiu. El meu avi matern, electricista, va fer en aquell lloc la vaga de l’any 19. A diferència del de la senyora Casals, m’ensumo. Així que suggereixo als “companys” Alvarez i Gallego que quan vulguin tornar a passar a la història de manera tan gràfica i tan poc heroica, ho facin a la confluència de Via Laietana amb Jonqueres, davant del monument a Cambó. És on s’escau.

Pi i Margall, ¿unionista? (Por Daniel Guerra Sesma*)

Los federalistas que contemplan el derecho de separación defienden algo políticamente legítimo pero constitucionalmente nuevo e históricamente ajeno al federalismo conocido hasta ahora. Pi i Margall y Carretero no defendían una confederación ni creían en el derecho a la autodeterminación sino una única soberanía en un Estado federal de tipo orgánico

El debate catalán es tan amplio que ofrece la posibilidad de analizarlo desde diversas perspectivas. A la cuestión económica y cultural se suma, con fuerza, la legitimidad histórica de las propuestas que se plantean. Sin embargo, algunas personas se adentran en la historia para justificar determinadas posiciones políticas y se alejan del mínimo objetivo requerido. Así, en Cataluña se suele citar la fórmula de “Nación de naciones” de Anselmo Carretero para defender el Estado plurinacional, cuando Carretero lo rechazó explícitamente tanto en Las Nacionalidades españolas (1952, 1977) como en Los pueblos de España (1980). Para Carretero, España era una nación política de nacionalidades culturales que podían desarrollar el autogobierno en su seno. Sin embargo, siempre defendió el mantenimiento de una única soberanía nacional y el derecho de todas las regiones a la autonomía; de todas, no sólo de las que plebiscitaron estatuto durante la II República. El modelo de Carretero, pues, no era el Estado plurinacional, sino un Estado federal de tipo orgánico basado en una única soberanía y, por supuesto, sin derecho de autodeterminación.

Algunos federalistas plurinacionales identifican la capacidad de los territorios que pactan para formar un Estado, con el derecho posterior a la separación. Tanto Pi como el federalismo contemporáneo rechazan esa posibilidad

Con el federalismo pactista de Pi i Margall sucede algo parecido. Algunos federalistas plurinacionales identifican la capacidad de los territorios que pactan para formar un Estado, con el derecho posterior a la separación. Es decir, entienden que la soberanía previa para pactar la mantienen después del pacto. Tanto Pi como el federalismo contemporáneo rechazan esa posibilidad: el libre consentimiento es para unirse, no para separarse.

Al final del Libro II de Las Nacionalidades (1877), en el capítulo 12, Pi afirma sobre la unidad de las federaciones o confederaciones (usa ambos términos indistintamente) que “en la voluntad descansan los contratos y no se anulan o rescinden por la de uno de los contratantes. Por el mutuo consentimiento se formaron, y sólo por el mutuo disentimiento se disuelven cuando no se ha cumplido el fin para que se hicieron ni los afecta ninguno de los vicios que los invalidan” (principio de pacta sunt servanda). Asimismo, las confederaciones “podrían disolverse por el mutuo disentimiento de los que las establecieron, no por el de uno o más pueblos”. Pi contempla, pues, la disolución o disgregación de una federación, pero no la secesión de una parte del territorio, proponiendo incluso medidas de fuerza para garantizar la unidad del conjunto: “Están así en su derecho cuando caen espada en mano contra los Estados que por su sola voluntad intentan separarse. Como que el primero y más importante de sus deberes es sostenerse a sí mismas, esto es, mantener unidos los grupos confederados”.

Para los casos de disolución, disgregación (no secesión) o incorporación de un territorio a la federación, Pi contemplaba la reforma constitucional y un acuerdo de la Asamblea Federal. Asimismo, el derecho de un territorio a no integrarse en el nuevo Estado federal, pero no la separación posterior. En una escena del Diálogo Tercero de Las luchas de nuestros días (1890), Don Rodrigo le pregunta a Don Leoncio: “¿Qué hará V. cuando una región desobedezca las leyes del Estado?”, a lo que éste responde: “Obligarla por la fuerza a que las cumpla. ¿Es acaso la federación un nombre vano?”. El art. 155 de la Constitución, considerado como un exceso unitarista, ya tenía un precursor en Pi. 

La doctrina de la Corte Suprema canadiense con respecto al Quebec es algo más flexible que la teoría pimargalliana: no hay derecho a la separación ni de autodeterminación en un Estado federal, pero puede haber un pacto con éste en caso de manifestación clara y mayoritaria de una voluntad secesionista, que puede expresarse a través de un referéndum. Tanto Canadá como el Reino Unido, a diferencia de España, sostienen que el referéndum de por sí no es el reconocimiento previo de ninguna soberanía, sino un medio para saber si habrá que reconocerla posteriormente. El Gobierno español, en cambio, mantiene otra postura al respecto, negándose tanto a la cesión competencial del 150.2 de la Constitución como al referéndum consultivo del 92.1 aplicado sólo a Cataluña, lo que en todo caso exigiría una lectura flexible del texto ya que habla de referéndum “de todos los ciudadanos”, se entiende españoles.

El federalismo existente en América, Europa y Oceanía no admite la separación ni la autodeterminación. Ninguna constitución federal reconoce tal posibilidad. Ya en su momento Pi lo justificó diciendo que el fin de la federación es la unión, no la separación, por lo que sería contradictorio su reconocimiento constitucional

En todo caso, el federalismo existente en América, Europa y Oceanía no admite la separación ni la autodeterminación. Ninguna constitución federal reconoce tal posibilidad. Ya en su momento Pi lo justificó diciendo que el fin de la federación es la unión, no la separación, por lo que sería contradictorio su reconocimiento constitucional. Así, en el citado Diálogo de Las Luchas de nuestros días (1890): “¿Quiénes han de querer la separación? Los federales no, puesto que federar es unir, y pidiendo o favoreciendo la separación, contradirían su nombre y su principio”. En la conferencia internacional sobre federalismo organizada en 1999 por Stephan Dion en Mont Tremblant, Bill Clinton recordó que el intento de separación unilateral de los Estados del sur costó una guerra civil en los EE.UU., y que el federalismo defendió la unión.

Así pues, no es cierto que la soberanía previa de los territorios que se federan se mantenga después del pacto constituyente. Esa soberanía, como fuente originaria de poder, se pierde en beneficio de una soberanía popular única en la que se basa el nuevo Estado federal. Los territorios, particularmente y a través de una Cámara federal, pueden mantener el ejercicio de una soberanía funcional para su autogobierno, como es lógico en todo Estado compuesto. Pero la soberanía que tenían antes del pacto para unirse la pierden cuando constituyen el nuevo Estado federal y ya no pueden separarse de él. Como dice Pi: “Todos los pueblos, al confederarse, hacen un verdadero sacrificio de sus poderes”.
Otra cosa es, desde una interpretación más flexible del concepto de federalismo,  proponer que la soberanía territorial anterior se mantenga posteriormente y se contemple los derechos de autodeterminación y de separación. Habría que dilucidar entonces qué tipo de Estado o forma política podría asumir eso, y cuál sería el alcance del pacto. Esta posibilidad parecería más razonable en un esquema confederal o de simple alianza, pero no en la constitución de un Estado federal. A falta de datos empíricos más precisos, sólo podemos decir que los federalistas que contemplan el derecho de separación defienden algo políticamente legítimo, pero constitucionalmente nuevo e históricamente ajeno al federalismo conocido hasta ahora.  

*Daniel Guerra Sesma es politólogo, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Sevilla y autor de Socialismo español y federalismo, 1873-1976 (KRK Ediciones-FJB, Oviedo, 2013)

Este artículo fue publicado con posterioridad por el diario El País: Pi y Margall, ‘unionista’