La resolución del conflicto en Cataluña es un problema de Estado que exige reformar la Constitución para redefinir el vínculo entre Cataluña y España, perfeccionando el funcionamiento y financiación del Estado Autonómico e incorporando las claves del sistema federal de cooperación. Esta reforma debe reconocer formalmente la realidad nacional de Cataluña y Euskadi en un Estado plurinacional y pluricultural
Me resulta difícil ser optimista sobre el conflicto entre Cataluña y
España al comprobar que el Presidente Rajoy, que debería haber hecho el mayor
esfuerzo desde la política para buscar la salida del laberinto, es quien más ha
contribuido al desapego recíproco. ¿Acaso se puede pedir a un pirómano que ayude a apagar sus propios fuegos?
Es constatable que la irresponsabilidad y falta de talla de Rajoy tienen que
ver con la estrategia de la FAES seguida por Aznar, Wert y la caverna
mediática. Fue el PP quien, en medio de una feroz campaña anticatalana,
recurrió en 2006 ante el Tribunal Constitucional el nuevo Estatut con el
argumento de que "España se rompe".¡Qué ironía!
Al juego suicida de enfrentar territorios se han
sumado factores de gran carga emocional. Me refiero al victimismo de los
soberanistas con la idea de que "España nos roba", que ha encontrado
gran eco entre la ciudadanía aprovechando la pobreza de miles de familias, la
involución que supone el modelo de sociedad del PP así como la sensación de
agravio y frustración extendida en Cataluña tras el inaceptable
"cepillado" del Estatut por el Tribunal Constitucional.
A muchos catalanes, también a los no independentistas, les entran ganas de alejarse de esta España rancia pensando que así encontrarán el paraíso, aunque olvidan que el PP y CiU comparten políticas antisociales y arrastran casos de corrupción
El resultado es la devaluación total de la autonomía, la fractura de la
convivencia y el final de la hegemonía del "catalanismo puente" en
favor de un soberanismo radical que busca la secesión unilateral. Vivimos en la coyuntura
ideal para excitar el sentimiento nacionalista con las guerras de banderas, la
negación del pluralismo y la supremacía de las identidades excluyentes.
A esto se suma la desafección hacia la marca España que se potencia gracias al esperpento que proyecta La Moncloa y otros círculos “reales” y económicos manchados por la corrupción y por una gestión injusta de la crisis. Definitivamente, a muchos catalanes, también a los no independentistas, les entran ganas de alejarse de esta España rancia pensando que así encontrarán el paraíso, aunque olvidan que el PP y CiU comparten políticas antisociales y arrastran casos de corrupción.
Aunque es justo reconocer
el papel clave del PSC durante décadas en la modernización y la cohesión social
de Catalunya de la mano de Pasqual Maragall, es verdad que desde el PSC y el
PSOE no supimos preveer lo que se avecinaba en Cataluña, ni abordar un nuevo
sistema de financiación autonómica, ni reforzar el autogobierno de acuerdo con
el Estatut aprobado por dos Parlamentos y por los catalanes en referendum. Nos
faltó unidad de mensajes entre socialistas de diferente sensibilidad y músculo
para responder como tercera vía a los ataques políticos y mediáticos del
soberanismo de "Palau" y del independentismo de ERC, que rechazó el
Estatut.
La solución se ve dificultada por la crisis, la cerrazón del nacionalismo
español y el pacto del otro nacionalismo sobre los confusos términos de una
consulta imposible de realizar desde el punto de vista legal. Estas
dificultades explican la idea generalizada de que el problema nos ha superado a
todos y de que es tarde para encontrar una solución no traumática para ninguna de las partes.
No debemos interiorizar la impresión de que la situación de Cataluña no tiene una salida negociada. Los socialistas no podemos adoptar una actitud defensiva, aferrados a los argumentos de la pura legalidad, respetables pero insuficientes en democracia. Necesitamos una propuesta para salir del bloqueo desde la política
Sin embargo, no deberíamos
interiorizar la impresión de que la situación de Cataluña no tiene una salida
negociada, ni los socialistas debemos aceptar la derrota de la política.
Tampoco nos pondremos en una actitud defensiva aferrados a los argumentos de la
pura legalidad, respetables pero insuficientes en democracia cuando se trata de evitar una ruptura de consecuencias imprevisibles.
Sabemos cual es la
legalidad vigente y lo que dice la Constitución con respecto a la soberanía.
Reconocemos la imposibilidad de que hoy ampare una consulta reclamada en la
calle por una parte importante de la sociedad de Cataluña y, menos aún, una secesión
unilateral. En el derecho internacional, la autodeterminacion ahora rebautizada
como “derecho a decidir” está pensada para las antiguas colonias como el Sahara
español y no para Cataluña, Euskadi o Escocia. ¿Pero qué pasaría tras unas
elecciones plebiscitarias convocadas por Mas con un resultado aplastante de los
partidos que defiendan en su programa la independencia? ¿Qué haría Rajoy al día
siguiente? ¿Cómo se entendería el resultado en Europa? Necesitamos dibujar
escenarios, adelantar respuestas y, sobre todo, no dejar pasar más tiempo sin
concretar nuestra alternativa (cultura federal = cooperacion desde la
diversidad) dentro de un proceso participativo abierto a fuerzas
políticas y movimientos ciudadanos.
Por eso defiendo la búsqueda, sin dilación, de un Pacto de Estado
sobre un nuevo encaje de Catalunya en España y Europa, así como una fórmula
para que los catalanes puedan expresar su voluntad en el marco de una reforma
constitucional que desarrolle la cultura federal. En los casos de Québec y
Escocia, la madurez democrática de las partes y la cultura política de sus
instituciones han hecho posible procesos negociados y aprobar mecanismos de
consulta que garantizan la expresión de la voluntad democrática de la
ciudadanía, como la Ley de la Claridad en Canadá. Porque a la vez que es
exigible el respeto a la legalidad hay que intentar dar cauce a la voluntad de
participación ciudadana a la hora de solucionar un conflicto; son dos
principios que tienen que ver con el derecho y la política y que debemos
conectar porque forman parte de las reglas de la democracia.
¿Qué pasaría tras unas elecciones plebiscitarias convocadas por Mas con un resultado aplastante de los partidos que defiendan en su programa la independencia? ¿Qué haría Rajoy al día siguiente? Necesitamos dibujar escenarios, adelantar respuestas, convencer de la necesaria evolución del Estado Autonómico hacia un federalismo europeo de cooperación, pluralista y solidario
Por eso reitero, a quien me
quiera escuchar, que es tiempo de unidad entre las familias socialistas y de
lanzar iniciativas pedagógicas para explicar, a partir de las bases
contempladas en la Resolución de Granada, cómo entendemos la convivencia, el
pluralismo, la soberanía e identidades compartidas y el modelo federal que
propugnamos. Con estos ideales podemos convencer de la necesaria evolución del
Estado Autonómico, profundizando en la dirección de un federalismo europeo de
cooperación, pluralista y solidario. Y ello sin merma de la asimetría que
requiere nuestro proyecto, por respeto a los hechos diferenciales de las
nacionalidades históricas. Contamos con las referencias de otros Estados
Federales compuestos y asimėtricos
como Alemania, con el estado libre de Baviera, o Canadá, con el Québec.
En estos momentos asistimos a un bloqueo político, con el presidente Mas volcado en una estrategia de confrontación- que busca reducir distancias electorales respecto a ERC- y en la que intenta vender fábulas secesionistas, y con el PP aferrado a una concepción inmoviliza de la Constitución de 1978. En este escenario nos corresponde a los socialistas liderar un proyecto de Estado, una tercera vía política que apueste por una reforma constitucional consensuada. Esto obliga a sentar en la mesa a los dos gobiernos para negociar un sistema más equilibrado de financiación que tenga en cuenta las cautelas temporales que impone la crisis, garantizando el respeto de la singularidades e identidad plural de los catalanes y fijar con lealtad las bases del estatus para Cataluña.
Al grave problema de arquitectura territorial del Estado se suma el de la regeneración democrática pendiente, la crisis del empleo y la involución en derechos y libertades que nos afecta a todos
A este grave problema de la arquitectura territorial del Estado se suma el de la regeneración
democrática pendiente, la crisis del empleo y la involución en derechos y
libertades que nos afecta a todos. Es necesaria una visión y una solución de
conjunto que exige reformar la Constitución para redefinir el autogobierno en
un nuevo vínculo entre Cataluña y España así como para perfeccionar el
funcionamiento y financiación del Estado Autonómico, incorporando las claves
del sistema federal de cooperación.
La reforma debe permitir
también reescribir los artículos “tabúes” de la Transición con el
reconocimiento formal de la realidad nacional de Cataluña (y Euskadi) en un
Estado plurinacional y pluricultural. El proceso negociado de reforma
constitucional debe superar un referéndum que obtenga la aprobación de la
ciudadanía catalana y del conjunto de la española. Sin duda estamos hablando de
un modelo de consulta a la ciudadanía catalana aunque diferente del que ahora
se pretende, una consulta más inclusiva y con mayores garantías democráticas.
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