El federalismo europeo debe proponer fórmulas de financiación que reflejen los gastos asociados a los derechos sociales básicos, a las políticas de desarrrollo económico de los territorios, y a las singularidades
La distribución del gasto público admite
muchas variantes pero, desde una concepción progresista, existen unos criterios
políticos y de equidad que el resultado final debería respetar. Para tratar el
tema de una manera adecuada convendría distinguir tres tipos de gasto pues
exigen criterios diferentes en cada uno de los casos: los gastos vinculados a
las singularidades, básicamente a las identidades nacionales; los gastos
asociados a los derechos sociales básicos; y los gastos asociados a las
políticas de desarrollo económico.
En el primero de los casos, el
gasto vinculado a las identidades nacionales, a las singularidades, como, por ejemplo,
el eventual sobrecoste generado por su adecuado tratamiento en el sistema
educativo, no responde a una lógica de solidaridad sino de ‘reconocimiento’ que
forma parte de la igualdad. Se trata de un criterio a mantener a nivel europeo.
En el caso del gasto vinculado a los
derechos sociales básicos hay que considerar que en España, actualmente la sanidad,
la educación y la dependencia, derivan de las competencias asignadas a las
Comunidades Autónomas siguiendo criterios de descentralización de la gestión y
de una concepción política de la solidaridad. A nivel europeo se tratará de
diseñar el sistema partiendo de competencias iniciales de los diversos Estados,
generalmente con formas variadas de gestión
descentralizada territorialmente.
El gasto correspondiente debe disponer
de una financiación adecuada de modo que, globalmente, se respete el principio
de ordinalidad que expresa un criterio de equidad puesto que aquellos que realizan
una aportación neta a la solidaridasd no deben resultar en peores condiciones
que los que se beneficien, en términos de habitante real. El criterio puede
generar soluciones múltiples.
En el caso del gasto vinculado a las
políticas de crecimiento económico se trata, básicamente, de una competencia del
Estado que debe diseñar estrategias globales. Por ejemplo, si el Corredor
Mediterranio representa una oportunidad clave para el Levante español y el
conjunto de la economía, está justificado un esfuerzo inversor europeo y
español. Lo mismo es válido para ayudar
a una región a paliar los resultados devastadores de la crisis de un sector, la
mineria, por ejemplo; en este caso estaría justificado sobreinvertir en la
misma durante unos años en actividades generadoras de ocupación.
Las políticas de desarrollo
territorial deben reflejar prioridades basadas en las necesidades pero también
en las oportunidades que ofrecen los diversos territorios. Es un tema
políticamente delicado pero distinto de la organización de las políticas de
solidaridad relativas a los riesgos sociales básicos.
Desde la perspectiva del federalismo
europeo, entre los gastos relacionados con la solidaridad el que presenta mayores
retos institucionales es el de la solidaridad territorial: basta pensar en la
crisis generada por la primera propuesta de organización del campo después de
la reunificación de la RFA y la RDA, en la que diversos landers receptores
netos de financiación pasaron a ser contribuidores netos y se opusieron a la
misma.
Debido a estas dificultades y retos,
el diseño del nuevo sistema de solidaridad es –a mi juicio- el aspecto que
requeriría mayor atención ya desde el presente, generando alternativas y valorándolas,
incluyendo también el proceso de transición e implantación.
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