martes, 11 de marzo de 2014

El federalismo frente a la presión secesionista (por Stéphane Dion)


¿Permite el federalismo detener el riesgo de la secesión? Para neutralizar un movimiento secesionista potente y evitar la desmembración, ¿le interesa a un país convertirse en una federación o, si ya lo es, reforzar sus rasgos federativos? Son algunas de las preguntas a las que el parlamentario y académico canadiense, Stéphane Dion, intentó dar respuesta en la conferencia ‘La resposta federal a la tensió secesionista’ pronunciada en la Universidad de Barcelona el 10 de Marzo de 2014 y que reproducimos aquí íntegramente




¿Permite el federalismo detener el riesgo de la secesión? Para neutralizar un movimiento secesionista potente y evitar la desmembración, ¿le interesa a un país convertirse en una federación o, si ya lo es, reforzar sus rasgos federativos?
Mi respuesta a estas preguntas es que el federalismo favorece la cohabitación fructífera de las poblaciones heterogéneas dentro de un mismo país, pero, que aún así, no hay certeza de que esta forma de gobierno constituya un antídoto infalible contra el riesgo de secesión. Mal entendido o mal implementado, podría incluso llegar a confundirse con una especie de antecámara de la secesión.
El federalismo está hecho a medida para las democracias que tienen poblaciones diversas y concentradas territorialmente. Se ajusta bien a las sociedades multiétnicas o multilingües.  En realidad, el federalismo es para algunos países la única forma constitucional de gobierno que les conviene. Sin duda este es el caso de Canadá.
Se concibe fácilmente que un grupo humano concentrado en un territorio, que se percibe como que tiene una identidad colectiva, como pueblo o como nación, deba tener instituciones en las que se encuentre a gusto y una autonomía. El federalismo puede conceder una autonomía tal a este grupo permitiéndole compartir un país más extenso con otras poblaciones. Pero para que esto funcione, es preciso que los miembros de este grupo se sientan también miembros del país en su totalidad y que se muestren solidarios con sus otros conciudadanos, en complementariedad con ellos. Deben desempeñar su función en las instituciones comunes a toda la federación: gobierno, parlamento, servicio público, banco central, etc. Es preciso invitarlos a que conciban la vida en sociedad de manera distinta que únicamente a través de su modelo de nacionalismo. Por lo tanto, es necesario mantener un equilibrio entre la autonomía dentro de un país y la solidaridad con el país en su totalidad.
El federalismo permite a las poblaciones que tienen fuertes sentimientos de identidad constituir mayorías en el seno de sus respectivas entidades constituyentes. Pero si intentan utilizar este estatuto mayoritario en su región para impulsar la secesión, para transformar esta región en un país independiente, el federalismo, en lugar de consolidar la unidad del país, no hace más que debilitarla.
En resumen, para que funcione una federación, no es necesario solamente que sus poblaciones diversas se identifiquen con su respectiva región, sino que tengan también un sentimiento común de pertenencia al país en su totalidad. El federalismo es indisociable de la identidad plural. El federalismo canadiense puede funcionar únicamente si sus ciudadanos, incluidos los quebequenses, se definen también como canadienses.
Esto es lo que pretendo demostrar hoy. Comenzaré estudiando los vínculos históricos entre estos dos fenómenos que son el federalismo y la secesión. A continuación explicaré por qué creo que una federación cometería un error al fundamentar toda su estrategia de unidad nacional en la concesión de una autonomía cada vez más forzada a una región nacionalista con vistas a contentarla y alejarla de la tentación secesionista. Se trata de una estrategia desequilibrada que corre un gran riesgo de fracasar, puesto que el federalismo es un principio de equilibrio entre la autonomía de las regiones y la unidad de un país en su conjunto.

1    Federalismo y secesión
En el plan técnico, el federalismo, según su definición, consta de dos niveles de gobierno: el gobierno federal y los de las entidades que constituyen la federación, cada uno de ellos elegido directamente, así como de una constitución que atribuye competencias legislativas a cada nivel de gobierno.
La Unión Europea tiene rasgos federativos pero no es una federación puesto que no tiene un gobierno que sea responsable ante el Parlamento europeo y que tenga una relación directa con los electores europeos.
Actualmente veintiocho países pueden ser considerados federaciones. Según expertos, España es uno de ellos, incluso si no se define a sí misma como tal. Según Ronald L. Watts, España "es una federación en todos los aspectos, excepto en el nombre". Pero esta clasificación de España como federación es un asunto de debate. En efecto, es probablemente más difícil para un país intensificar sus características federativas – y sobre todo la mente federal – si no se reconoce explícitamente como una federación.
Por su parte, la secesión es el acto de separarse de un Estado para constituir uno nuevo o unirse a otro Estado. Se trata de un gesto grave por el que se erige una frontera internacional entre conciudadanos que, de repente, dejan de ser conciudadanos.
Si examinamos los casos de federaciones que han sufrido un proceso de secesión o de disolución en la época moderna, constatamos que ninguna podía ser considerada como una democracia bien establecida (es decir que haya vivido como mínimo diez años consecutivos de sufragio libre y universal). Pienso en la federación de las Antillas (1962), en Rodesia-Niasalandia (1963), en Malasia (1965), en Pakistán (1971), en la URSS (1991), en Checoslovaquia (1992) y en la federación de Yugoslavia cuya disolución, a partir de 1991, ha provocado desmembraciones en cadena.          
Si estos regímenes autoritarios o totalitarios han podido pretender ser formalmente federaciones, de hecho no lo fueron. Por definición, el federalismo es una forma de gobierno democrática fundamentada en el imperio de la ley. Para existir realmente, supone un poder judicial independiente del poder político y capaz de limitar cada nivel de gobierno a las responsabilidades reconocidas por la Constitución. El federalismo supone asimismo que cada nivel de gobierno mantiene una relación directa con sus ciudadanos: no es el gobierno federal quien determina la composición de los gobiernos regionales, sino los electores.
El federalismo se somete a su verdadera prueba cuando el gobierno federal debe compartir el poder con los gobiernos regionales elegidos que pueden ser de orientaciones políticas diferentes. México, Brasil y Argentina se han convertido en verdaderas federaciones al democratizarse. Los gobiernos de estas federaciones dan ejemplo a los ciudadanos mostrándoles que es posible que personas que no comparten las mismas convicciones políticas trabajen juntas por el bien común.
Por tanto, se puede afirmar que ninguna federación verdadera, es decir democrática, ha conocido la secesión actualmente. En realidad, no se ha producido ninguna secesión en una democracia bien establecida que haya disfrutado de un mínimo de diez años consecutivos de sufragio libre y universal, ya se trate de federaciones o de países unitarios.  
A menudo los regímenes autoritarios solo ocultan los odios étnicos. Una vez que desaparece el autoritarismo, los conflictos de antaño vuelven a aparecer. A la inversa, puede ocurrir que una democracia solo pueda sobrevivir con el paso de los decenios estableciendo vínculos auténticos entre sus poblaciones.
Hasta hoy, la democracia y la secesión se han mostrado como dos fenómenos antitéticos. El ideal democrático alienta a todos los ciudadanos de un país a ser leales entre sí más allá de consideraciones de lengua, raza, religión, origen o pertenencia regional. En cambio, la secesión exige a los ciudadanos que rompan la solidaridad que les une y ello, casi siempre, sobre la base de consideraciones vinculadas a pertenencias específicas: lengua, religión o etnia. La secesión es este ejercicio raro e inusitado en la democracia por el cual se elige, entre los conciudadanos, los que se quieren conservar y los que se quieren transformar en extranjeros.
El principio de lealtad mutua entre ciudadanos de una misma democracia vale tanto para una federación como para un régimen unitario. Además, en derecho internacional, la integridad territorial de los Estados no es menos reconocida para las federaciones que para los Estados unitarios. Sería injusto e ilógico que fuera de otro modo, no teniendo los Estados ningún interés en convertirse en federaciones si su unidad estuviera fundamentada menos sólidamente en la legislación. El federalismo conlleva la lealtad entre las entidades federadas; es un principio que algunas federaciones, entre ellas Alemania, incluso han formalizado en la legislación:
"El principio constitucional del federalismo que se aplica al Estado federado impone pues a la Federación y a todos sus componentes la obligación legal de tener un comportamiento pro federal, es decir que todos los miembros de la 'alianza' constitucional tengan que cooperar juntos de una manera compatible con el refuerzo de ésta y con la protección de sus intereses, así como de los intereses bien fundamentados de sus miembros” (Sentencia del Tribunal federal de Alemania emitida en 1954).
Varias federaciones democráticas se declaran indivisibles en nombre de este principio de lealtad. España, Estados Unidos, México, Brasil, Australia y la India prohíben la secesión en su Constitución o su jurisprudencia, explícita o implícitamente. Estiman que cada parcela del territorio nacional pertenece a todos los ciudadanos del país y que éste no puede ser  dividido.
El hecho de que una democracia bien establecida no sea nunca escindida no quiere decir que el fenómeno sea imposible. También existen movimientos secesionistas en las democracias bien establecidas y siempre es posible que uno de ellos logre la secesión. Entre las democracias cuya unidad está más amenazada figuran una federación descentralizada (Canadá), dos países anteriormente unitarios que se han transformado en una federación (Bélgica)  y una cuasi federación (España), y un país unitario que ha sufrido una regionalización forzada (el Reino Unido).
Para frenar los ascensos secesionistas, es preciso que los defensores de la unidad nacional tengan más en cuenta las preocupaciones de los grupos regionales insatisfechos. Pero es necesario también que se dediquen a reforzar la lealtad de los ciudadanos hacia el país en su totalidad.
Ceder prácticamente a todas las reivindicaciones de los separatistas dentro de un país, esperando que pierdan todo interés por llevar a cabo la separación, es una estrategia arriesgada y probablemente ilusoria, a la que llamo la estrategia del contentamiento. Ahora voy a explicar por qué una estrategia tal no puede permitir que una federación fundamente su unidad sobre una base estable.

2.    Los escollos de la estrategia del contentamiento
La estrategia del contentamiento tiene como propósito contentar a los nacionalistas de una región dada trasfiriendo a dicha región más poderes y recursos. Se espera así que la gran mayoría de los habitantes de la región en cuestión queden satisfechos de este aumento de autonomía y que los separatistas duros y puros sean marginados. Esta estrategia, que puede ser razonable en algunas circunstancias, deja de serlo cuando se empuja al límite. Por tanto se puede describir así:  
"Puesto que los secesionistas quieren todos los poderes, se les concederá una parte deseando que los menos radicales queden satisfechos. Si no se contentan, quiere decir que no se han transferido todavía suficientes poderes. Por tanto es preciso agregar otros".
Dista de ser seguro que este razonamiento funcione. Los secesionistas no quieren poderes por unidades: quieren un país nuevo. Así pues reciben cada concesión, bajo la forma de transferencias de poderes, como un paso más hacia la independencia.
Un Estado unitario centralizado ofrece un amplio margen de maniobra constitucional para intentar calmar a los nacionalismos, mediante la regionalización y luego la federalización del país. Pero una vez que esté constituida la federación, la estrategia de contentamiento llega a ser más difícil de continuar. En una federación ya descentralizada, la estrategia de contentamiento puede querer decir que se dé al gobierno de la región tentada por la secesión casi todas las responsabilidades públicas.
Canadá es una de las federaciones más descentralizadas; Bélgica ya ha despojado al gobierno central de la mayor parte de las responsabilidades públicas;
"España es actualmente uno de los países más descentralizados de Europa"; el Reino Unido ha concedido al parlamento escocés una gran autonomía. Sin embargo, el secesionismo permanece presente en todos estos países e incluso se podría decir que llama a su puerta más que nunca. Los secesionistas invocan por todas partes los dos mismos argumentos: "el grado de autonomía que ya hemos adquirido no es suficiente para la nación que somos pero pone a nuestro alcance la verdadera independencia"; y: "transformando nuestra región en Estado independiente, tendremos un país en efecto más pequeño pero que será verdaderamente el nuestro, en vez de un país más grande que debemos compartir con otros".

Los defensores de la unidad de la federación deben ser conscientes de que se corre el riesgo de que varios escollos hagan tambalear la estrategia del contentamiento. Voy a examinar cada uno de ellos.

El primer peligro es el creciente distanciamiento psicológico entre la región tentada por la secesión y el resto de la federación. Cada nueva concesión hecha para calmar a los secesionistas, en cuanto a la transferencia de poderes y competencias, corre el riesgo de llevar a los habitantes de esta región a desinteresarse por la federación, a escudarse más en su territorio, a definirse como un "nosotros" excluyendo a "los otros"; se corre el riesgo de que solo vean a sus conciudadanos de otras regiones de tarde en tarde y de que rechacen el gobierno federal y las instituciones comunes a todos los ciudadanos del país, considerándolas como una amenaza a su nación, como un cuerpo extraño.

El segundo peligro vinculado a la estrategia de contentamiento es que ésta corre el riesgo de perder de vista el interés público como elemento de motivación de las reformas y de los cambios. Ya no se modifican las políticas con el propósito de mejorar la calidad de los servicios públicos, sino con la esperanza de contentar a la región tentada por la secesión. Esto se aplica principalmente a las transferencias de las competencias y de los recursos del gobierno federal frente al gobierno de la región tentada por la secesión, que se efectúan no porque creamos que estas responsabilidades serán asumidas mejor por el gobierno regional, sino porque se espera así apaciguar el secesionismo.

El tercer peligro es que el reto de la secesión sea banalizado. La estrategia del contentamiento puede crear la impresión de que lo que separa a una federación que se descentraliza cada vez más y a la secesión es solo una cuestión de grado, un pequeño paso a franquear, y no un desgarro traumatizante. Nos sentimos como en una situación intermedia entre la unidad y la secesión, una especie de separación a medias.

Cuarto peligro: al mismo tiempo que banaliza este gesto extremo que constituye la secesión, la estrategia del contentamiento puede dramatizar los desacuerdos totalmente normales que surgen en toda federación. En efecto, esta estrategia empuja a cada uno a presentar la resolución a sus quejas como el medio para salvar el país: "denme lo que quiero, que de lo contrario el país va a dividirse". El menor desacuerdo sobre un presupuesto, sobre una reforma adquiere dimensiones existenciales. Esta sobrepuja hace perder a todos el sentido de los matices. El federalismo no puede eliminar los conflictos: solo puede gestionarlos de manera que las diferencias regionales se tomen en cuenta.

Quinto escollo: la estrategia del contentamiento corre el riesgo de exacerbar las tensiones entre las regiones. Para apoyar sus reivindicaciones nacionalistas y afirmar su estatuto distinto, es posible que la región tentada por la secesión exija que se le dé, solo a ella, poderes, recursos y un reconocimiento jurídico. En efecto, el federalismo puede responder a estas necesidades particulares, pero solamente hasta cierto punto. En una federación, es preciso tener cuidado de no romper el equilibrio y la equidad entre las regiones, bajo pena de que aquellas que no amenacen con separarse teman no recibir su parte justa de los recursos prestados por el gobierno federal y que se concedan a expensas suyas cada vez más privilegios a la región secesionista. A la larga, esta exacerbación de las tensiones regionales mancha la imagen del país ante sus propios ciudadanos. Estos llegan a percibir su país como un lugar de perpetuas disputas. Algunos deducen que la separación es el medio para obtener la paz, cuando de hecho es la facilidad con la que ésta se enfoca la que mina los propios fundamentos de la lealtad entre los conciudadanos.                          

Por último, el sexto escollo a evitar es que la estrategia del contentamiento corre el riesgo de liberar a los líderes secesionistas de la carga de la prueba en cuanto a la oportunidad y a la viabilidad de su proyecto, y de transferir toda esta carga a los defensores de la unidad nacional. Estos últimos tienen que asumir la responsabilidad de llevar a cabo las grandes reformas que solucionarán todos los problemas, así como la carga de la prueba. Así eludimos toda reflexión, y toda discusión, sobre el porqué y el cómo de la secesión. Ahora bien, los líderes secesionistas ya no tienen que justificar ni explicar su opción, y su tarea de persuasión es mucho más fácil si en lugar de deber probar en qué serían más felices los habitantes de la región al separarse, pueden contentarse al repetir:  "puesto que los federalistas no han llevado a cabo la gran reforma, nos marchamos".

Conclusión
En resumen, la estrategia del contentamiento comporta riesgos de efectos perversos de los que hay que ser conscientes. Induce una lógica de concesiones que puede hacer perder de vista el bienestar y los intereses de los ciudadanos. Corre el riesgo de banalizar la secesión y la ruptura que ésta representa. Puede suscitar celos entre las regiones así como confusión y hastío entre los ciudadanos. Corre el riesgo de descargar en los líderes secesionistas la obligación de justificar su proyecto.
Lo que podría ayudar a prevenirse de estos escollos sería, para los defensores de la unidad del país, imponerse la disciplina siguiente: repetir que nada justifica ante sus ojos la ruptura del país, y proponer cambios para mejorar la gobernanza del Estado, por medios constitucionales o de otro tipo. Es mejor si estos cambios convencen a los que se ven tentados por la secesión de cambiar de opinión. Pero sobre todo no es preciso presentar estas mejoras como esenciales hasta el punto de que sea necesario separarse de no poder obtenerlas. Más bien hay que concebirlas como medios de respetar la autonomía de las entidades federadas y al mismo tiempo aumentar la cohesión general de la federación  y la identidad plural de los ciudadanos.
Me parece que es en esta perspectiva que Federalistes d’Esquerres, por ejemplo, propone intensificar las características federativas de España para mejorar la cohesión general y la consideración de la diversidad del país, con la fundación de una Cámara de las entidades federadas, un mejor reconocimiento de las lenguas regionales, la clarificación de las competencias de los dos órdenes de gobierno y la relajación de las leyes marco del Estado.
El reto es muy importante, no solamente para las federaciones amenazadas por la secesión, sino para toda la humanidad. Es fácil adivinar cuál sería la reacción en el mundo si una federación democrática y descentralizada como Canadá se rompiera. De la difunta federación se diría que ha muerto por una sobredosis de descentralización, de tolerancia, en definitiva de democracia. "No sean tan tolerantes, descentralizados y abiertos como lo ha sido Canadá", se diría, "porque su minoría o sus minorías van a volverse contra ustedes, a amenazar la unidad de su país, si no a destruirla".
La razón por la que me lancé a la política en 1996 es justamente porque quiero oír lo contrario. Quiero que en todo el mundo se repita: "Podemos confiar en nuestras minorías, permitirles que se sientan realizadas a su manera, porque así reforzarán nuestro país, exactamente como Quebec refuerza a Canadá".
La federación canadiense reúne a gente y pueblos que no hablan todos el mismo idioma, cuya historia y referencias culturales nos son siempre las mismas, pero que se respetan y se ayudan mutuamente: es una baza inestimable y envidiable que tenemos que aprovechar y preservar para las siguientes generaciones. Este es el mensaje que nosotros, los canadienses, debemos enviar al mundo. Pero para ello, es preciso comprender bien lo que significa el federalismo.
En efecto, el federalismo se define por la autonomía de las entidades que constituyen la federación; pero comprende también el uso compartido de los recursos, la puesta en común de los esfuerzos y de las aspiraciones de todas las regiones y de todos los ciudadanos. Su éxito exige que todos los niveles de gobierno afectados se adhieran a una verdadera cultura de cooperación.
El federalismo es la fusión de la libertad y la solidaridad: la libertad de cada gobierno de legislar en los campos que le asigna la Constitución, y la solidaridad que une a todos los gobiernos y a todos los ciudadanos con el propósito de promover el interés de todo el país. Creer en el federalismo es querer apoyarse en la búsqueda múltiple de soluciones, gestión a la que cada gobierno aporta su experiencia y su punto de vista, de forma que se establezca una acción concertada. Creer en el federalismo es apostar por la emulación positiva que suscita la interacción de los gobiernos que buscan superarse e inspirarse entre sí, manteniendo una fuerte solidaridad que refleja la de los ciudadanos de todo el país.
El federalismo requiere y favorece al mismo tiempo el respeto de los derechos humanos, el imperio de la ley, la búsqueda múltiple de las mejores prácticas, la solidaridad en el respeto mutuo, valores compatibles con la democracia y que a su vez la alimentan.
Un federalismo totalmente eficaz es más que un sistema de gobernanza: se trata de un régimen que vincula el aprendizaje de la negociación con el arte de la resolución de conflictos, más allá de los complejos vericuetos de las relaciones intergubernamentales.

La apuesta del federalismo es reconocer que en un país la diversidad no constituye un problema, sino una oportunidad, una fuerza, un activo valioso. Es preciso que la federación canadiense gane esta apuesta. Por supuesto, les dejo a ustedes mismos juzgar el destino que desean para la suya.

domingo, 9 de marzo de 2014

Viento en las velas (Por Francisco Morente Valero)

Mariano Rajoy y Artur Mas coinciden en muchas cosas: el proyecto económico y social, la vacuidad de su mensaje o el gusto por vender espejismos como si fuesen realidades materiales incontestables, aunque, por ahora, solo a uno de ellos le compran el producto masas de ciudadanos


Con  ocasión del último «Debate sobre el estado de la nación» se estrenó en el Congreso de los Diputados una estupenda película de aventuras marineras. Temibles tormentas, un barco en peligro, un capitán con mano firme y un final feliz tras doblar la nave, contra pronóstico, el peligrosísimo cabo de Hornos. En lontananza, ya libres de toda amenaza, las acogedoras playas de los mares del Sur.



Más allá de la increíble autocomplacencia del discurso del presidente del gobierno, lo verdaderamente estremecedor del mismo fue la insensibilidad que supone decretar el final de la crisis mientras se obvia el sufrimiento pasado, presente y, por desgracia, futuro de tantos millones de personas que no ven que el viento esté hinchando las velas tal y como el capitán del barco pregona. Lo macro mejora, nos dice. Pero el sufrimiento diario es micro. Y no tiene margen de espera. No lo tienen los amenazados de deshaucio, ni los niños en riesgo de pobreza, ni quienes perdieron hace tiempo su trabajo y con él la esperanza. No lo tienen la educación pública, que amenaza con venirse abajo, o el asediado Sistema Nacional de Salud, en su momento orgullo de un incipiente estado del bienestar arduamente ganado con una lucha popular de décadas. No lo tienen los excluidos o quienes están a un paso de serlo, independientemente de dónde vivan y de dónde vengan.
Tampoco va quedando tiempo para abordar la grave crisis política e institucional que asuela el país. La falta de representatividad de las instituciones, la desconfianza ante los partidos políticos, la certeza de una corrupción rampante que no se persigue más que con declaraciones, la irresponsable forma de abordar el problema territorial que tenemos planteado y que va acumulando en la sentina los barriles de pólvora que pueden hacer que todo salte por los aires.

Mariano Rajoy decreta el final de la crisis mientras obvia el sufrimiento pasado, presente y, por desgracia, futuro de tantos millones de personas que no ven que el viento esté hinchando las velas tal y como el capitán del barco pregona


Nada de todo ello pareció importarle al presidente. En esto, como en el gusto por las imágenes náuticas, coincide con el president Mas. En realidad, coinciden en otras muchas cosas: el proyecto económico y social, la vacuidad de su mensaje o el gusto por vender espejismos como si fuesen realidades materiales incontestables, aunque, por ahora, solo a uno de ellos le compran el producto masas de ciudadanos que han llegado a la conclusión de que de perdidos, al río; o a la mar océana, para estar a tono con la moda discursiva del momento.
La imagen tópica de Rajoy es la de un presidente tumbado a la bartola, fumándose un buen puro y esperando que el tiempo le resuelva los problemas. Por aquí, la cosa se disfraza del estajanovismo propio de los catalanes, pero los hechos nos hablan de una sola ley aprobada en todo un año de actividad parlamentaria, mientras se dedican todas las energías a plantear preguntas imaginativas para consultas que sus impulsores saben que no se van a celebrar. Claro que eso no es inocente porque permite sacar del foco de atención lo que es verdaderamente sustancial: el paro, la pobreza, la creciente desigualdad social y el deterioro imparable de los servicios públicos. De todo lo cual, el culpable, ya se sabe, es Madrid.
La realidad, claro está, es otra. Mientras el Govern no deja de lloriquear por el brutal expolio al que nos somete España, ejercita a fondo sus competencias entregando cada día recursos públicos a los poderosos del país en un proceso de liquidación de lo que es de todos al que nadie le ha obligado y que aplica a rajatabla porque sarna con gusto no pica.

En Cataluña, Artur Mas ha conseguido sacar del foco de atención lo que es verdaderamente sustancial: el paro, la pobreza, la creciente desigualdad social y el deterioro imparable de los servicios públicos. De todo lo cual, el culpable, ya se sabe, es Madrid


Naturalmente, tanta coincidencia con el gobierno popular resulta contraproducente para el proceso de transición nacional hacia nadie sabe dónde. Como resulta incómoda para la sacrosanta unidad de España tanta coincidencia de los populares con los separatistas catalanes. La imagen de ese proyecto clónico en lo económico y social ha de ser contrarrestada, en Madrid y en Barcelona, con insuperables diferencias en el modelo territorial. De modo que de entenderse con el gobierno central para salir del agujero en el que nos hemos metido, ni hablar. Negociar un nuevo marco de relaciones financieras, culturales y políticas con la Generalitat, ni pensarlo. Mis líneas rojas, ni tocarlas. La culpa, toda la culpa es del otro. La responsabilidad de resolver el problema, también. Que se muevan ellos.
Así las cosas, el Hispania, con su indolente capitán escuchando un cuarteto de cuerda mientras lee el Marca, avanza imparable hacia la zona de icebergs sin que los avisos de los vigías sirvan para cambiar el rumbo. El pasaje, desesesperado, cuenta los botes salvavidas y comprueba que no va a haber para todos.
A su vez, el Catalonia surca orgulloso un mar lleno de arrecifes, de cuyo peligro advierten desde los faros europeos. En cubierta, mientras se dan la mano, muchos ignoran las advertencias, convencidos como están de que esto va a ser jauja. Otros, que han sido embarcados en el crucero sin quererlo, miran hacia el puente de mando esperando que la cordura reine entre los oficiales. Se les hiela el sudor cuando ven manejando el timón al mismísimo capitán Schettino.

lunes, 3 de marzo de 2014

Ana María Moix. In Memoriam (por Margarita Rivière)


El viernes falleció nuestra amiga Ana María Moix. Ella fue una de las primeras firmantes de la Crida a la Catalunya Federalista i d’Esquerres que dio lugar a Federalistes d’Esquerres. Muchos la han recordado estos días con cariño, entre ellos el editor Jorge Herralde. Nosotros también queremos rendirle un pequeño homenaje a esta escritora magnífica y comprometida con este texto que preparó nuestra colaboradora Margarita Rivière para el libro de Ana María Moix "Manifiesto Personal”





Estamos ante un texto singular: excepcional en su escritura, de una claridad límpida, entendible por todos, transforma todos los tópicos de la indignación y de la protesta en piezas dignas de atención humanística. Su óptica es la del ciudadano normal, la del cómplice. Por lo cual, el lamento sobre la mala educación de los jóvenes, el drama del paro o el secuestro de la política por la economía es algo que verdaderamente reconocemos en nuestras vidas. No hay sectarismo, sino una crítica radical que afecta a la moral colectiva, un dardo certero plagado de asombrosas anécdotas sobre esta emergencia cotidiana compartida. Hay enfado acerca de la estupidez humana y una reivindicación de la inteligencia: ¡no somos tontos!

“Los abusos del capitalismo están acabando con el mundo diseñado por el dinero y el consumo”, escribe. Pero la intención de Moix es reflejar “cómo vive la gente en nuestro país, qué problemas les quitan el sueño”. Los títulos de sus seis capítulos trazan el siguiente panorama: Niños. Adolescentes. Jóvenes; Adultos; Las viudas; Ancianos. Enfermedad. Muerte; Crisis de la construcción. Los desmanes del ladrillo y Una democracia anémica.
Éste es el libro que hubiera debido hacer Stéphane Hessel. Sólo un texto como el de Ana María Moix merece el reconocimiento y la cantidad de lectores recibidos por el exabrupto de ¡Indignaos!. Sólo una escritora notable como Moix puede leer la cartilla a los padres, a los adolescentes, al sistema moral de comprar, usar y tirar, a la usura financiera, al poder del ladrillo con su tela de araña, y poner a los políticos en su sitio al tiempo que revindica el voto de los ciudadanos para fortalecer la democracia. Sólo un espíritu delicado y muy observador puede reivindicar a las viudas –a las mujeres– y alzar la voz en nombre de la desaprovechada experiencia de los viejos sin caer en el melodrama o la cursilería al uso, sino todo lo contrario.

sábado, 1 de marzo de 2014

De conciertos y sus correspondientes melodías (Por Adrià Casinos)

Artur Mas se presentó en 2012 en La Moncloa pidiendo un pacto fiscal semejante al llamado concierto vasco y amenazó con echarse al monte independentista si no se le concedía ¿Realmente quería Artur Mas un pacto fiscal a la vasca? Modestamente creo que no. Los privilegios de Euskadi y Navarra no tienen futuro dentro de la fiscalidad europea y son más bien un anacronismo destinado a desaparecer 


Rememoremos. El tour de force en el que se encuentra inmerso el gobierno de Artur Mas respecto al ejecutivo central, se remonta a setiembre de 2012. Como consecuencia de la manifestación del 11 de dicho mes y año, el político catalán decidió “hacer la ola” con la Assemblea Nacional Catalana y demás convocantes. Se presentó en la Moncloa con una petición que revestía el carácter de ultimátum. Se trataba de que se concediera a Cataluña un pacto fiscal semejante al del concierto económico vasco. En caso contrario el presidente de la Generalitat amenazaba con echarse al monte independentista, que es lo que finalmente hizo. Fue una opinión generalizada que Artur Mas iba a Madrid a forzar la ruptura. Pedir el cielo es la mejor manera de obtener un no rotundo. 



A ese propósito, y ahora que estamos de conmemoraciones, y no solo la de 1714, me viene a la mente el ultimátum con el que el imperio austro-húngaro justificó la declaración de guerra a Serbia en julio de 1914. La opinión de los historiadores es prácticamente unánime: se redactó de tal manera que se hiciera inasumible por el gobierno de Belgrado.
La negativa de Rajoy se debatió largo y tendido. En los medios, se adujeron diversas razones para justificarla, tales como la manera de ser planteada, la premura con la que se exigía la respuesta, el hecho de que, para el estado, aceptar la demanda supusiera la quiebra, dado el peso considerablemente superior, desde el punto de vista tributario, de Cataluña, en comparación con Euskadi,…A mi modo de ver, y en términos generales, los análisis obviaron una faceta importante del problema, que se puede empezar a formular  a partir de la siguiente pregunta: ¿de verdad quería Artur Mas que un posible pacto fiscal catalán se asemejara al llamado concierto vasco?
Veamos. De entrada hay un problema semántico. Entre paréntesis, reconozco que soy un maniático de los términos, por la sencilla razón de mi convencimiento en que si se precisa el lenguaje, muchos conflictos desaparecen. Y el problema es el siguiente. Con no demasiadas excepciones, cuando se habla del concierto vasco se asume que éste es un pacto entre Euskadi y el gobierno de Madrid. Y eso es rotundamente falso. La capacidad normativa y recaudatoria de todos los impuestos (IVA, IRPF, impuesto de sociedades), fruto del concierto, no la tiene el gobierno vasco, sino las tres diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya por separado. Y no puede ser de otra manera. El primero de dichos conciertos data de 1878; en cierta manera fue formulado como una compensación a la anulación de los fueros, llevada a cabo dos años antes. Y no se podía otorgar a Euskadi por la sencilla razón de que legalmente no existía. Como no existía Cataluña, Aragón o Andalucía. Me explico. La primera constitución española que reconoce la existencia generalizada de unidades supraprovinciales es la actual. Incluso la de la segunda república, lo que en último extremo contemplaba era la posibilidad de la formación de regiones, así como su correspondiente autonomía. Es más, en el caso de Euskadi ni siquiera existía en la fecha citada de 1878 nominalmente, ya que el denominador fue un  neologismo creado por Sabino de Arana años después.
¿Evidencia empírica de lo dicho? La sentencia de los tribunales europeos sobre las vacaciones fiscales: se condenó a las tres diputaciones vascas y, como responsable subsidiario, al gobierno español, mientras que el vasco salió de rositas.   
Como es sabido, las tres provincias vascas no son los únicos territorios que gozan de esa capacidad en el contexto tributario. La llamada Comunidad Foral de Navarra también la tiene. ¿Podría entonces afirmarse que en ese caso sí se trata de un privilegio de la comunidad autónoma? A mi modo de ver, tampoco. Cuestión diferente es que al ser Navarra una autonomía uniprovincial, el asunto se embrolle. Porque antes de la constitución de 1978 tampoco era Navarra otra cosa que una provincia. Y es esa provincia la que lleva a cabo un pacto con el estado en 1841, origen del presente privilegio fiscal. Debe recordarse que se trata de la única región que no tiene aprobado un estatuto de autonomía propiamente dicho. Se rige por la llamada Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, que implica la adecuación del fuero de la antigua provincia homónima a la nueva realidad territorial.
¿A qué nos lleva todo eso? Muy sencillo, a que la reclamación que llevó Artur Mas a, digamos, negociar a la Moncloa, ya de por sí difícil, lo era más en la medida en que no existían precedentes: Cataluña hubiera sido la primera comunidad autónoma, como tal, en gozar de un concierto económico, pacto fiscal, o como quiera se califique. A no ser que el gobierno catalán hubiera admitido que dicho pacto se hubiera llevado a cabo entre el ejecutivo central y cada una de las cuatro diputaciones catalanas. ¿Pero alguien se imagina al presidente de la Generalitat aceptando que fueran las tan denostadas, por su espurio origen jacobino, provincias, las que dispusieran de las “pelas”, que luego él tendría que mendigar? Yo, claramente, no.
Por supuesto que cae dentro del dominio de la futurología preguntarse si en el proceso, que veo imparable, de uniformización de la fiscalidad europea, los privilegios de las tres provincias vascas y Navarra tienen futuro. Modestamente creo que no; principalmente por su anacronismo. Fueron pactados en tiempos en los que IRPF o IVA eran, incluso, conceptualmente impensables. El tiempo dirá si ando errado, pero lo que me parece fuera de toda lógica es imaginar que el imbroglio se amplíe con Cataluña. En ese sentido creo que la principal patronal catalana, Fomento del Trabajo Nacional (¿a qué nación se referirá el tal adjetivo?) debería bajarse del guindo al que, supuestamente, se ha encaramado, al reclamar la extensión del concierto como solución el manido “encaje” catalán.

miércoles, 19 de febrero de 2014

Juan Claudio de Ramón: “Cada catalán debería preguntarse ¿qué es para mí el castellano?” (Por Beatriz Silva)

Si el catalán, el euskera y el gallego se convirtieran en lenguas oficiales del estado ¿conseguiríamos la paz lingüística? El diplomático español Juan Claudio de Ramón cree que sí. Destinado desde 2011 en la Embajada de Ottawa, en Canadá, es una de las voces que se ha alzado recientemente para pedir una ley de lenguas en España que solucione los conflictos que genera la ambigüedad normativa. Madrileño de nacimiento y casado con una catalana de Barcelona, él mismo vive la cooficialidad en el seno de su propia familia. Esto, y el hecho de haberse familiarizado con una sociedad como la canadiense, aquejada de problemas lingüísticos parecidos a los de España, le ha llevado a reflexionar sobre una cuestión que, a su juicio, requeriría formas de arreglo consensuado que son cada vez más urgentes de abordar. En esta entrevista con Esquerra sense fronteres, las explica





B.S. En artículos recientes usted ha planteado la necesidad de que España se dote de una ley de lenguas oficiales. ¿Por qué España, y también Cataluña, necesitan una ley de este tipo?
J.C.R. Es que lo extraño, y significativo, es que no tengamos una Ley de Lenguas Oficiales en España, dado el alto grado de conflictividad que el tema comporta. Porque el conflicto existe. Precisamente porque no tenemos esa ley, los tribunales se ven obligados a suplirla con su jurisprudencia, como hemos visto recientemente con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Las sentencias son a la fuerza alambicadas, al tener que conciliar derechos ciudadanos con leyes autonómicas. Nuestros políticos, muy duchos en crearnos problemas de convivencia, son incapaces de idear soluciones o arreglos razonables. Me entristece, porque estoy convencido de que la disputa de lenguas es el principal corrosivo de nuestra convivencia.

B.S. ¿Qué debería plantear una ley de lenguas en España?
J.C.R. Básicamente la ley debería hacer dos cosas: pagar tributo a la pluralidad lingüística de España elevando a rango de lengua oficial del Estado las cuatro lenguas principales de nuestro país, y al mismo tiempo establecer derechos de los usuarios y obligaciones de las administraciones. Yo creo que en materia lingüística los derechos son de los usuarios y las obligaciones de las administraciones.

B.S. ¿Qué implicaría la existencia de varias lenguas oficiales en España? ¿Cómo se lleva a la práctica una ley así sin obligar, por ejemplo, a los funcionarios a hablar todas las lenguas, algo que resultaría difícil de implementar?
J.C.R. Seguramente, por ser la lengua más extendida, el castellano seguiría siendo el principal conductor de la actividad oficial en el día a día. No hace falta que todos los funcionarios hablen las cuatro lenguas, pero sí que en cada organismo estatal, sobre todo los que funcionan de cara al público, haya al menos alguien capaz de atender en vasco, catalán o gallego. Más sencillo es que los impresos y formularios estén en las cuatro lenguas, y así también las páginas web. De manera tímida, algunas cosas ya son así. El BOE, escrito en español, está disponible en las otras tres lenguas. Ahí ya hay una cooficialidad implícita. Los DNI, las partidas de nacimiento y los Libros de Familia son bilingües. ¿Por qué no el resto de documentos? Los páginas web también se traducen pero de manera deficiente. Habría que ser riguroso y sistemático. También debería ser posible comunicarse con los tribunales estatales en la lengua oficial de preferencia. La rotulación de los aeropuertos o las guías de los monumentos emblemáticos fácilmente podrían ser cuatrilingües. En mi idea, una ley de lenguas promocionaría el conocimiento de todas las lenguas en todo el territorio; así, obligaría a las comunidades autónomas a poner los medios para poder estudiar en todas las lenguas en cualquier región de España. Por ejemplo, en Sevilla o Zaragoza, como capitales, tendría que haber al menos un colegio con oferta en catalán. Y en La Rioja uno en vasco, y en León uno en gallego. No es preciso que cada rincón de la administración sea cuatrilingüe, porque, además, ni el más acérrimo nacionalista lo exigiría.


Una ley de lenguas promocionaría el conocimiento de todas las lenguas, obligaría a las comunidades autónomas a poner los medios para poder estudiar en las cuatro lenguas en cualquier región de España. La cooficialidad en todo el Estado facilitaría también la oficialidad en la Unión Europea



B.S. ¿Qué sería asumible por parte de España para hacer visible la cooficialidad de lenguas en todo el territorio?
J.C.R. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Empezando por gestos de buena educación: no todos los ministros deben hablar en varias lenguas, pero sí introducirlas en sus actos y discursos oficiales, o por lo menos, saber pronunciar el apellido de sus interlocutores. El Rey y el Príncipe sí podrían aspirar a hablar en las cuatro; tienen tiempo para aprender y practicar. No sé si el Príncipe habla catalán; al menos parece que lo lee bien en sus discursos. TVE debería tener, no ya un circuito, sino una canal entero generalista en cada una de las lenguas. En Eurovisión se puede y se debe cantar en gallego, vasco o catalán. En el Congreso se debería poder hablar en cualquier lengua oficial, como ya se hace en el Senado. Estoy seguro de que se impondría una costumbre de usar el castellano, pero debe ser eso, una costumbre y no una obligación reglamentaria.  Además, la cooficialidad en todo el Estado facilitaría la oficialidad en la Unión Europea.

B.S. ¿Se ha avanzado en este plano desde la restauración de la democracia?
J.C.R. No creo que puedan ponerse en duda los avances. Durante la dictadura las lenguas distintas del castellano fueron confinadas al reducto familiar y hostigadas por las instituciones, en grado diverso, según las etapas que atravesó el régimen. Había cuestiones que más que avances, eran de justicia elemental: cambiar las leyes registrales para permitir la inscripción de nombres en lenguas vernáculas, o recuperar toponimias tradicionales. Los Premios Nacionales, dotados por el Ministerio de Cultura, han distinguido la obra de autores en catalán, vasco y gallego. Joan Margarit, Kirmen Uribe o Suso del Toro no son los únicos ejemplos. Lo más importante, sin embargo, ha sido la recuperación de la educación en esas lenguas, obrada por las comunidades autónomas y, a mi juicio, primordial.

B.S. ¿Qué queda por hacer?
J.C.R. Mucho. Pero antes hay que aclarar que se hace más de lo que parece. Los catalanes han de saber que las industrias culturales en catalán reciben parte de su financiación del gobierno central. Contra lo que se pregona, en el Instituto Cervantes se da cabida a otras lenguas españolas. No hace mucho hubo un homenaje a Mercé Rodoreda en los Cervantes de medio mundo y, cuando uno entra en la biblioteca de la sede de Nueva York, lo primero que ve son textos en catalán de la novelista Montserrat Roig. Aquí en Canadá, donde estoy destinado, organizamos un festival de cine en varias ciudades, y procuramos que siempre haya una película en catalán entre las cinco que proyectamos. Esto puede parecer poco, pero desde luego desmiente el argumento de aquí hay un Estado que promueve un genocidio cultural. Es mentira y es una afrenta. Entre lo que queda por mejorar está la administración de la justicia, donde el catalán, el vasco y el gallego siguen siendo minoritarias. Lo más deseable sería obrar una reforma de la mentalidad en las zonas castellanohablantes, para que la gente conozca y se sienta interesada por las otras lenguas españolas. Yo no veo hostilidad pero sí indiferencia. Los castellanohablantes vivimos un poco extasiados con las cifras de la demolingüística del español y eso nos hace un poco insensibles a otras realidades. Yo mismo, que creo ser una persona de intereses amplios, viví durante mucho tiempo de espaldas a la realidad de una lengua hablada en el Estado por casi once millones de personas, que no es ninguna broma. Y eso es también mi país y yo lo quiero conocer. Ahora bien, debo decir que en Madrid siempre ha habido una élite culta interesada por la literatura y la lengua catalanas.



España no es un caso singular. En el mundo existen 6000 lenguas y menos de 200 Estados. En la mayoría de los casos la convivencia entre lenguas plantea problemas. Aunque un nacionalista no  lo crea, España no es el país, ni del mundo ni de Europa, que más ha maltratado su diversidad lingüística, aunque todavía tenemos mucho por hacer




B.S. ¿Qué diría a los que replicasen que su idea es buena, pero irrealizable por costosa y aparatosa?
J.C.R. Les diría que también es costoso y aparatoso organizar una votación simultánea para treinta y cinco millones de personas cada cuatro años y lo hacemos. En realidad, el Estado realiza todos los días proezas técnicas. Y sobre el coste sólo puedo decir que todo lo caro que resulte será barato si consigue engrasar las relaciones entre españoles y reforzar la unidad del Estado mediante el establecimiento de una relación de cortesía y respeto entre administración y administrado. Es el precio de una mejor España y todos tenemos en mente gastos mucho más inútiles que han sido norma en época reciente. Con buena fe y aprendiendo de las mejores prácticas de países con situación parecida a la nuestra se puede hacer. A veces decimos que algo es imposible cuando lo que queremos decir es que es inconcebible. En cuanto lo concibes empieza a ser posible. Es evidente que desde el punto de vista de la mera racionalidad administrativa sería más ágil, eficiente y barato usar y promover una sola lengua. Pero el Estado no es sólo un organizador racional. También satisface necesidades de orden simbólico. La política no se hace con sentimientos, pero ha de hacerse cargo de los sentimientos, porque los sentimientos importan. Y en esa materia hay una cierta pluralidad irreductible. La cooficialidad se impone porque el Estado se hace cargo del apego que muchos de sus ciudadanos sienten por su lengua, y si ese hacerse cargo nos hace un poco más ineficientes no pasa nada.

B.S. Usted es diplomático actualmente en Canadá, ¿Tenemos mucho que aprender de cómo se ha manejado allí la cooficialidad del inglés y del francés?¿O cómo lo hace Suiza, por ejemplo?¿Qué deberíamos aprender de todas estas experiencias?
J.C.R. En primer lugar, de otros países podemos aprender que España no es un caso singular. En el mundo existen 6000 lenguas y menos de 200 Estados. En la mayoría de los casos la convivencia entre lenguas plantea problemas, e incluso allí donde la cuestión se ha pacificado, ha sido tras un largo periodo de acritud y frustración. Incluso en la civilizada Unión Europa hay pocos países que no tengan problemas de este tipo. Es fácil hablar de Suiza como ejemplo positivo, pero Suiza es un país muy peculiar; son más frecuentes los ejemplos negativos. En Francia, de las lenguas regionales, catalán incluido, no quedan ni las raspas. De modo que una primera lección es que, aunque un nacionalista no se lo crea, España no es el país, ni del mundo, ni de Europa, que más ha maltratado su diversidad lingüística, lo que no quiere decir que sea un ejemplo positivo, que no lo es. Canadá sí es un buen ejemplo. El país nace en 1867, y la Ley de Lenguas Oficiales es de 1969, es decir que pasan más de cien años hasta que se consagra la realidad bilingüe del país. Y todavía hay polémicas de cuando en cuando que encrespan los ánimos. Ni la más razonable de las leyes impide que haya roces, porque los seres humanos somos complicados, sociables insociables que diría Kant.

B.S. ¿Cómo se manifiesta en la práctica en Canadá la cooficialidad del inglés y el francés?
J.C.R.  Todo lo que es administración federal ha de estar en ambos idiomas, desde las tarjetas de visita hasta los discursos. Luego cada una de las diez provincias –el equivalente a una comunidad autónoma– decide su régimen lingüístico. En Nueva Brunswick se reproduce el modelo central y la administración es bilingüe. Pero en Alberta la única lengua oficial es el inglés y en Quebec la única lengua oficial es el francés. Por cierto que en Quebec pasa una cosa curiosa desde el punto de vista catalán, y es que, siendo el francés la única lengua oficial, los anglófonos, que rondan un 10% de la población, tienen derecho, con pocas restricciones, a una enseñanza en inglés; justo lo contrario que en Cataluña, donde de una manera un tanto hipócrita, a mi entender, se hace cooficial el castellano, pero luego se lo expulsa del sistema como lengua de enseñanza, en cualquier medida. Eso llamaría mucho la atención en Canadá y sería considerado, con toda probabilidad, inconstitucional. Un segundo rasgo a tener en cuenta es que en Canadá el Estado es bilingüe pero la sociedad no. Menos de un 20% dice poder tener una conversación en las dos lenguas. En Quebec ese porcentaje ronda el 40%, y en Nueva Brunswick, cuya administración es ejemplarmente bilingüe, el 35%. El ideal de una sociedad completamente bilingüe se da ya por irrealizable. En el fondo, no se puede obligar a la gente a ser bilingüe, como no se la puede obligar a ser culta. Es una opción personal que el Estado favorece pero no impone. Lo contrario sería caer en el perfeccionismo estatal, que no cabe en sociedades liberales. Como decía antes, los derechos para los usuarios, las obligaciones para las administraciones. En todo caso, hay que tener en cuenta que inglés y francés son lenguas bastantes disímiles, lo que nos aleja del caso español y catalán.




En Canadá el actual sistema de inmersión lingüística de Cataluña sería probablemente inconstitucional, ya que se garantiza el derecho de los ciudadanos a educar a sus hijos en su lengua materna o en la lengua en que sus padres recibieron su instrucción. En Quebec, los anglófonos, que rondan un 10% de la población, tienen derecho, a una enseñanza en inglés



B.S. ¿Por qué sería considerado inconstitucional el actual sistema de inmersión lingüística de Cataluña en Canadá?
J.C.R. No lo puedo asegurar, porque no soy juez canadiense, pero me temo que sería así. La Constitución de 1982, establece, dentro de la Carta de Derechos Fundamentales, en el artículo 23, el derecho de los ciudadanos canadienses a poder educar a sus niños en su lengua materna o en la lengua en la que los padres recibieron su instrucción. (En el entendido de que esa lengua es el francés o el inglés). Esa Carta fue un empeño del gran federalista Pierre Trudeau, que aseguraba los derechos lingüísticos tanto de las minorías francófonas en Canadá como de las minorías anglófonas en Quebec. Y  aunque la educación en Canadá es enteramente una competencia provincial, los nacionalistas no han podido rebasar ese límite marcado por la Constitución. Es verdad, como dice Albert Branchadell, que en los Estados federales la educación suele ser competencia exclusiva de los entes federados, pero siempre respetando el límite de los derechos fundamentales interpretados por el tribunal constitucional o corte suprema. El federalismo no crea zonas de excepción ni blinda competencias, y tampoco es ese su espíritu.

B.S. Usted plantea que para conseguir un equilibro en este tema, las comunidades con lengua propia deberían abandonar sus posiciones maximalistas. ¿En qué consiste esto? ¿En fijar un % de clases en castellano?  
J.C.R. Me gustaría aclarar que yo esto no lo planteo como un problema de cesiones mutuas ni de equidistancias. Yo creo que ambas reformas, la de ámbito estatal y la de ámbito catalán, son justas y necesarias en sí mismas. En Cataluña, lo primero es reconocer que existe un conflicto. Hay padres –yo mismo, que no soy catalán pero tengo una hija catalana– que querrían para sus hijos una escolarización en castellano, aunque fuera parcial y de manera conjunta con el catalán, y no obtienen satisfacción en ese deseo. No sólo no lo obtienen, sino que son estigmatizados por su propio gobierno, lo que es intolerable. Es injusto atacar a esos padres diciendo que no quieren que sus hijos aprendan catalán, porque lo que quieren es que aprendan bien las dos lenguas. Ignoro si esos padres son una mayoría o una minoría, pero el número de votantes de partidos contrarios a la inmersión lingüística obligatoria indica que la minoría no es tan exigua como se pretende. Y en todo caso, en una sociedad liberal, las minorías tienen derechos. De manera que partimos de una situación llamativa, y es que en una sociedad que dice enorgullecerse de su bilingüismo, y donde el castellano es, supuestamente, lengua oficial, está excluido como lengua de enseñanza. Algo no cuadra. Y tan raro es, que yo no conozco ningún país, provincia o territorio dotado de autogobierno donde una lengua oficial (en el caso de Cataluña, el castellano) que no sea asimismo una lengua de enseñanza.

B.S. La Generalitat asegura que garantiza el aprendizaje del castellano…
J.C.R. Esa frase requiere mucho matiz. Porque en cualquier caso, de ser cierta, el aprendizaje del castellano no lo garantizaría el modelo, sino el modelo auxiliado por la televisión, la calle o la familia. Aprender castellano no sería el mérito de una política educativa, sino algo que se ha externalizado. Pero es que a los padres no se les puede decir, vuestro hijo que aprenda el español en la calle. Porque, además, aquí hay que afinar con las palabras, porque lo que el padre quiere no es que aprenda el castellano, o conozca el castellano, sino que lo domine, y el dominio, esa relación de inmediatez con una lengua y de gusto por su acervo, sólo lo puede dar la vehicularidad. El padre quiere que su hijo domine el idioma, y ese deseo es completamente razonable, y ya vemos que aquí, en Canadá, es un derecho constitucional reconocido y respetado. Insisto, lo que pasa en Cataluña no se da en ningún otro sitio que yo conozca. Y lo absurdo del sistema lo revelan sus paradojas: ¿Cómo explicar que sea más sencillo estudiar en castellano en Alberta, Canadá, donde hay veintidós colegios bilingües inglés-español, que en Barcelona, hasta no hace mucho la capital cultural del mundo hispanoamericano? ¿Cómo explicar la mayor facilidad que se tendría para estudiar en español en una Cataluña independiente que en una Cataluña española? Porque el nuevo estado no negaría al Estado español, con el que se quiere tener una vecindad amistosa, las mismas facilidades que tienen el gobierno francés, italiano, alemán o japonés, para la apertura de colegios de su red pública en territorio catalán. Bueno, este conjunto de inconsistencias se explica, asumiendo que la finalidad del modelo vigente, basado en una inmersión obligatoria y total, no es pedagógica, sino política.


Me resulta incomprensible la posición del PSC y de ICV. Cuando se les oye decir cosas como “un pueblo, una lengua” es muy difícil creer que no se trate de partidos nacionalistas. Tengo la esperanza de que, al menos el PSC, reaccione derribando el tótem de la inmersión monolítica y obligatoria. No hay proyecto federal que pueda funcionar si no hace suya la defensa del acervo común y nada hay más común en España que el castellano



B.S. ¿No era pedagógica al menos en el principio?
J.C.R. No niego que en el pasado la finalidad sí fuera pedagógica. El catalán era una lengua minoritaria y minorizada, era necesario rehabilitarla y se optó por ese modelo. Pero ese objetivo ya está conseguido. No hay ningún catalán de mi generación que no sepa hablar catalán. Los que denuncian la inmersión, como Albert Rivera, lo hacen en catalán. He escuchado con atención todas las razones que se aducen en defensa del modelo actual, y con toda la honestidad intelectual de la que soy capaz, creo que no se sostienen: se dice, por ejemplo, que el sistema se aplica con éxito y sin conflicto desde hace 35. No es verdad. El sistema no ha sido el mismo en los últimos 35 años, ha ido de más flexible a más intransigente. El conflicto existe, porque hay catalanes que quieren para sus hijos una educación en las dos lenguas y pelean por ello en los tribunales. Y no es un sistema de éxito porque los resultados académicos son mediocres. Se dice también que introducir el castellano segregaría al alumnado: tampoco es cierto: segrega las materias, tantas en una lengua, tantas en otra. El TC ha dicho mil veces que es legítimo que el catalán sea el centro de gravedad, pero no al precio de reducir el castellano a la extranjería. Tampoco es cierto que el sistema garantice el dominio de los dos idiomas; el conocimiento tal vez, el domino no. No hay pruebas homologables en todo el Estado que permitan verificar este punto. Y por supuesto el sistema no tiene aval internacional alguno. Aquí es muy recomendable el libro de Mercé Vilarrubias, “Sumar y no restar” una profesora de Sabadell de lengua materna catalana que refuta el oficialismo con contundencia. El estrambote es que el establishment catalán pague para sus hijos la educación bilingüe o trilingüe que niega al conjunto de la sociedad. Pues miren, mi hija es catalana, en mi casa se hablan catalán y castellano, y quiero esa educación bilingüe para mi hija; no voy a aceptar que nadie me llame anticatalán o maltratador de niños (Muriel Casals dixit) por eso.

B.S. Pero los catalanes viven con naturalidad el bilingüismo en su vida diaria.
J.C.R. Claro. Es otra de las paradojas. La sociedad catalana es, por regla general, muy considerada, y por deferencia se cambia al castellano en presencia de alguien que no maneja bien el catalán. Eso es muy estimable y de agradecer, porque no tendrían obligación. Es esta cortesía la que hace que muchos despistados de Madrid vengan y digan “¡pero si aquí no pasa nada!” Claro que pasa algo: hay legítimas aspiraciones insatisfechas y hay estigmatización institucionalizada. El gobierno catalán se sirve de la amabilidad de los catalanes para tapar una política intransigente y poco amable. Es curiosa la manera que a veces tenemos los ciudadanos de delegar lo peor de nosotros en nuestros representantes.

B.S.¿Cuál podría ser la fórmula para equilibrar el aprendizaje del castellano y de las lenguas propias en España? ¿Qué opina de la reciente resolución del TSJC de fijar un 25% de clases en castellano en algunos colegios catalanes?
J.C.R. Bastaría que algunas asignaturas troncales se dieran en castellano, aunque no llegaran al 50%. Estoy convencido de que con esa medida, tan sencilla y factible, todas las discusiones se sosegarían. No consigo que nadie me explique qué tremendo perjuicio traería eso al catalán. Los tribunales, que en ausencia de ley se ven obligados a arbitrar soluciones en equidad, hasta ahora dejaban a la Generalitat fijar el porcentaje de clases en español. Ahora, hartos del ninguneo, se atreven a fijar ellos mismos el porcentaje. Una ley como la que propongo lo resolvería. Un 25% es razonable y negarse a eso es fanatismo. No aconsejo a los nacionalistas catalanes ir a la ONU o a Bruselas y decir “los malvados españoles quieren acabar con el catalán imponiendo en nuestros colegios un 25% de las clases en español”. Mejor que no lo hagan, porque cualquier tercero imparcial y sereno, que a lo mejor viene de un país verdaderamente oprimido, pensaría que está en presencia de un frívolo o un histrión.

B.S. En el tema de la lengua, ¿debería también haber un cambio de actitud de parte de todas las fuerzas políticas? ¿No cree que se está usando este tema como un arma política en vez de asumirlo en la dimensión que realmente juegan, o deberían jugar, las lenguas en una sociedad plural y democrática?
J.C.R. Yo creo que los partidarios institucionales de la inmersión están en la fase cínica: saben que sus razones son falsas o semifalsas o ideológicas, pero se aferran a ellas porque la inmersión obligatoria está vinculada al relato que legitima su política de confrontación. Sería tremendo para ellos decir, ahora, “vale, estamos exagerando un poco, y si introducimos una asignatura en castellano, Cataluña no se parte y mejorará el ambiente”. Lo que resulta incomprensible es la posición del PSC, tampoco la de ICV. Cuando se les oye decir cosas como “un pueblo, una lengua” es muy difícil creer que no se trate de partidos nacionalistas. Tengo la esperanza de que, al menos el PSC, reaccione: el camino de regreso del nacionalismo para el PSC pasa por derribar el tótem de la inmersión monolítica y obligatoria. Será duro, pero será liberador. Es más, el federalismo que propone no tiene ningún viso de prosperar si no lo hace. No sólo porque la intransigencia lingüística les resta apoyos y simpatías en el resto de España, sino porque no hay proyecto federal que pueda funcionar si no hace suya la defensa del acervo común, lo puesto en común, y nada hay más común en España que el castellano, una lengua que en el siglo X unos monjes vascos van anotando en forma de glosa a un códice latino y que la élite catalana ya conocía mucho antes de 1714. Lo común es tan valioso como lo propio, y el federalismo es un elegante y veraz compromiso entre ambos.


La pregunta útil que un catalán debe hacerse es: ¿qué es para mí el castellano?… ¿lengua propia o impropia?¿co-propia? ¿lengua extranjera?¿puedo considerar que el castellano es parte de mi patrimonio cultural y afectivo? Creo que es necesario que los catalanes contesten sinceramente a estas cuestiones



B.S. ¿Qué recepción tuvo su artículo en el diario El País proponiendo una ley de lenguas en España?
J.C.R. En Madrid gente joven, de mi quinta, me decía que estaba de acuerdo, que adelante. En Barcelona hubo gente que me dijo “Estoy de acuerdo con la primera parte”. Hay un bloqueo tremendo en Cataluña para asumir que parte de la crispación radica en los excesos del sistema actual. Pero una ley de lenguas, como cualquier ley importante llamada a funcionar, no puede ser de parte, y en consecuencia, ha disgustar a los extremos. Cuando una discusión se eterniza es legítimo pensar que ambas partes llevan algo de razón. Antes de aprobar la ley, una comisión independiente se debería pasear por todos los rincones de España recogiendo, de primera mano, el sentir y las razones de la gente. También tendría que viajar a otros países para conocer sus prácticas. Sobre el informe que elaborara esa comisión, se elaboraría la ley.

B.S. ¿Confía en que la clase política haga algo por resolver el problema?
J.C.R. No confío en la clase política. Demasiado obtusa, demasiado sectaria. Pero no pierdo la esperanza de que llegue alguien distinto, que se eleve por encima de lo eslóganes y nos diga: “Señores: esta bronca se ha acabado”. Son los reformadores, los estadistas, y alguno tendrá que caernos algún día a los españoles. Un estadista es alguien que propone un ideal que a la sociedad le cuesta aceptar. Lo contrario es un demagogo, que potencia las tendencias sectarias en todos nosotros. En Canadá tuvieron dos líderes admirables: Lester Pearson –que se juró a si mismo ser el último Primer Ministro monolingüe– y su sucesor Pierre Trudeau, que trajo el bilingüismo y los derechos de las minorías. Si los belgas hubieran tenido un líder de esas características hace cuarenta años a lo mejor el país no estaría al borde de la ruptura. Pero hay algo más. Así como decía que es deseable reformar la mentalidad del castellan-hablante de fuera de Cataluña, creo que también hay que modificar el marco mental en el que se desarrolla el debate en Cataluña. 

B.S. ¿De qué manera?
J.C.R. Hasta ahora la pregunta que se ha hecho el catalán catalanista es: ¿qué es para mí el catalán? Y ahí no hay debate: es lengua materna, dotada de irrevocable dignidad, vehículo de gran parte de la cultura catalana y por lo mismo, de parte de la europea, lengua principal, generoso brote del tronco latino, que decía en el siglo XIX un Menéndez Pelayo, un pedazo de nacionalista español. Eso es así ahora y ya para siempre. Nunca nadie volverá a intentar prohibir el catalán. No, ahora la pregunta útil que un catalán debe hacerse –y es una pregunta que habría de hacerse también en la hipotética independencia– es: ¿qué es para mí el castellano? ¿Lengua propia o impropia? ¿Co-propia? ¿Lengua extranjera? ¿Oficial, querida, detestada? ¿Puedo considerar que el castellano es parte de mi patrimonio cultural y afectivo? ¿Es lo mismo que el francés o el alemán para mí? Y contestarse sinceramente a esa pregunta y actuar en consecuencia. Si los catalanes empiezan a pensar en términos de qué es y qué les aporta y de dónde les viene el castellano, pienso que muchos llegarán a la conclusión de que la inmersión, tal y cómo está planteada, no es la mejor opción. A veces la irritación no es tanto por los excesos sino por los falsos pretextos que los acompañan. La Generalitat es libre de querer una Cataluña monolingüe, pero que sea sincera y declare que es el objetivo. A mí no me parece mal que alguien prefiera el monolingüismo. No sería mi opción, pero lo respeto, siempre y cuando no se ande con disimulos.

B.S. ¿Qué opina de iniciativas cómo la que he surgido recientemente en Aragón de denominar Lapao al catalán? ¿No son intentos conscientes de dividir la unidad de la lengua?
J.C.R. Quiero ser prudente. No conozco la franja, y por tanto me abstengo de opinar sobre Aragón. Aunque nuevamente hay que distinguir entre lo que se hace en Aragón y lo que la prensa de Barcelona dice que se hace en Aragón. El acrónimo LAPAO es una acuñación irónica de la prensa de Barcelona que no aparece en la ley aragonesa. Valencia y Baleares las conozco un poco mejor, y de nuevo, con prudencia, porque no soy filólogo, me parece que el valenciano y las lenguas baleáricas, forman una unidad clara con el catalán, y que pueden ser llamadas con propiedad catalán. Y me lo confirman amigos valencianos y mallorquines que asumen sin problema que lo que hablan es catalán. Pero también entiendo el argumento de quien dice “vale, el valenciano es catalán, pero desde el siglo XV aquí lo llamamos valenciano”. Y también entiendo que alguien diga “vale, el mallorquín es catalán, pero prefiero no renunciar a mis usos de siempre, como el salat”. No tengo la solución para esos roces de familia, que no creo inducidos por Madrid. A veces se dice que si ahora alguien dijera en Buenos Aires que ahí (allá) hablan argentino y no español, se armaría un gran lío en Madrid y tienen razón. Pero si hubiera un movimiento en Madrid que les dijera a los argentinos “ché, el voseo se ha acabado, ahora vais a usar el tuteo” la reacción defensiva sería comprensible.

B.S. Muchas gracias por esta entrevista.
J.C.R. ¿Puedo terminar con una cita?

B.S. Por supuesto.
J.C.R."Creo que es justo decir también que el derecho a la lengua materna es un derecho del hombre, un requisito pedagógico de la máxima importancia ... Cambiar de lengua en la niñez dificulta extraordinariamente la capacidad del niño. Nosotros nunca vamos a obligar a ningún niño de ambiente familiar castellano a estudiar en catalán". ¿Sabe quién dijo eso? Ramón Trías Fargas, dirigente histórico de CIU, en 1978, durante la Comisión Constitucional que debatía el Art. 3 de la Constitución. Viene citado por José María Ruiz Soroa, un hombre riguroso con sus fuentes, en “Tres ensayos liberales”. Los nacionalistas catalanes deberían andarse con cuidado antes de hablar de deslealtades.