Entrevista a Sayed Kashua: “No sé si hay buenas razones para estar orgullosos del pasado nacional” (por Francesc Arroyo)

El periodista palestino Sayed Kashua publica una novela escrita en hebreo en la que describe la difícil convivencia en la región. "Los israelíes son obsesivamente nacionalistas y la educación está impregnada de nacionalismo; y los palestinos pretenden hacer lo mismo. Hay una obsesión por la identidad nacional, que es excluyente”, explica

Sayed Kashua nació en Tira (Israel), en 1975. Es periodista y autor de diversas novelas. Una de ellas, Segona persona del singular (Edicions de 1984) fue  publicada en España traducida al catalán poco antes del último estallido que dio pie a Israel para volver a bombardear Gaza. Él es palestino, aunque escribe normalmente en hebreo, lo que no deja de ser una cierta anomalía. Tras la última agresión, decidió exiliarse en Estados Unidos. 

En su última obra, Kashua describe una doble historia: un abogado palestino compra un libro de segunda mano y en su interior halla una nota manuscrita de su mujer dirigida a un hombre que él no duda en pensar que es su amante. En paralelo, la historia de un joven palestino que cuida a otro joven judío que se halla en estado casi vegetativo, hasta descubrir que, en realidad, podrían ser intercambiables. Una metáfora sobre las relaciones entre las diversas comunidades que, mal que bien, conviven en Israel, donde la historia está al servicio de la ideología nacional. Kashua no deja de reflexionar al respecto desde la convicción de que “no hay una sola nación que pueda enorgullecerse de su pasado”.

“Escribo en hebreo porque es la lengua en la que he estudiado desde que tenía 15 años. En la escuela privada a la que asistía todos los libros estaban en hebreo, de forma que es mi lengua principal”, explica Sayed Kashua.

La obra está narrada desde diversos puntos de vista. “Era la mejor forma de hacerlo. Alterné la primera y la tercera persona porque, en realidad, son dos historias, pero lo que hice, en parte, fue seguir mi instinto literario y sentí que era mejor así. Al principio la historia era sólo la de Amir, el personaje del palestino que cuida a un judío enfermo. Pero vi que no era suficiente, de modo que empecé a escribir la historia de un abogado que encuentra una nota manuscrita en un libro que adquiere en una tienda. En la primera  versión se enamoraba de la autora de la nota, pese a que no la conocía, a que sólo sabía que era una mujer. Y abandonaba a su familia para buscarla. Luego me di cuenta de que no podía ser así. La nota era de su propia mujer y eso aumentaba su amor por ella. Y esa nota permitía cruzar las dos historias, porque había sido enviada a Amir dos años antes”.

En la novela, como es habitual, todos los personajes responden a un nombre, menos uno: el abogado. “Eso es algo que tampoco estaba previsto. Me pareció que la denominación ‘el abogado’ era más adecuada que cualquier nombre, lo identificaba mejor. La mayoría de los personajes tienen nombres que pueden ser tanto árabes como israelíes: Amir, Leila. Para el abogado no tenía un nombre así”. No obstante, Kashua sabe que, aunque no figure en el libro, el personaje tiene nombre: “Sami”.

Tras descubrir la nota e imaginar el engaño de su mujer, el abogado enloquece y empieza a interpretar todos los datos como una verificación de la traición. “Se vuelve paranoico, por su inseguridad. Él sabe que no pertenece a la ciudad. Lo normal entre los palestinos es estudiar en ella y luego volver al pueblo, aunque trabajes en la ciudad. Él no vuelve, de modo que vive como en un perpetuo fingimiento, en un lugar que no le corresponde.  Y tiene asumido lo que siempre se le ha dicho, que si no cumple las normas todo lo que le puede ocurrir será malo. Cuando encuentra la nota cree que su mujer le engaña y que es el castigo por no haber respetados las reglas”. A partir de ese momento, “es presa de los celos. En realidad, se había casado sin amor, porque había que hacerlo. Su mujer fue la primera muchacha a la que conoció. De modo que aquella nota manuscrita colapsa su vida y, por primera vez, se da cuenta también de que siente amor por ella.”

"Ojalá la historia dejara de ser un instrumento para justificar el propio nacionalismo y se enseñara que ambos, judíos y palestinos, pertenecen a esa misma tierra, sin rechazar el sufrimiento que han padecido ambos”, dice el escritor

Uno de los personajes secundarios hace una pregunta que nadie responde: “¿Por qué hay que fortalecer el patriotismo de los palestinos?”. La respuesta, señala el autor, “está esparcida a lo largo del libro, en el que aparece y reaparece el nacionalismo. Tanto el palestino como el israelí, pero sobre todo este último. Los israelíes son obsesivamente nacionalistas y la educación está impregnada de nacionalismo; y los palestinos pretenden hacer lo mismo. Y eso se refleja en todo el texto: la obsesión por la identidad nacional, que es excluyente. No puedes ser judío, formar parte del pueblo judío, si no tienes una madre judía. Sería estupendo que no fuera así, que todos pudiéramos compartir un mismo Estado sin  que hubiera ciudadanos de primera y de segunda”.

“Si miramos el sistema de educación israelí”, comenta Kashua, sobre el uso de la historia con fines nacionalistas, “veremos que no se enseña realmente historia. Sólo se recogen los hechos que justifican que el pueblo judío tiene derecho a estar allí porque ya había estado allí antes. Aunque las personas de hoy no sean las mismas de hace siglos, y aunque haya gente de otras religiones. Se enseña a los niños historia, pero los hechos que se cuentan en clase son diferentes según la comunidad. Ojalá un día se pudiera enseñar una historia que lo englobara todo y les impulsara a aceptarse conjuntamente. Ojalá que la historia dejara de ser un instrumento para justificar el propio nacionalismo y se enseñara que ambos, judíos y palestinos, pertenecen a esa misma tierra, sin rechazar el sufrimiento que han padecido ambos”.

Ese uso del pasado reconstruido es, afirma, un grave inconveniente. “Tengo la impresión de que todas las naciones han realizado actos bárbaros y cosas importantes. Quizás estaría bien que nos enorgulleciéremos de lo que hayamos hecho nosotros, si hemos hecho algo positivo. No sé si hay buenas razones para estar orgullosos de todo el pasado nacional, sea el de los árabes o el de los judíos o el de otras naciones”.

La novela, reconoce, es una metáfora sobre la integración de alguien en un grupo, en una sociedad. Amir dedica mucho tiempo a averiguar cómo pasar por judío: con la ropa, con la música, con las lecturas, la familia. Trata de hallar la clave para ser como el personaje al que cuida”. El narrador llega a sostener que, en realidad y con la excepción de la salud y la nación a la que cada uno pertenece, los dos jóvenes son como “gemelos”. Y es que “sólo por el aspecto no es fácil conocer la identidad de la gente. Incluso el abogado, que cree que puede hacerlo a simple vista, se da cuenta de que no. De hecho, hay muchos judíos que proceden de países árabes aunque sean de familias judías. La única diferencia es que si eres judío tienes más derechos”.

La novela está ambientada en Jerusalén y los lugares de la ciudad son descritos de forma realista, pero Kashua cree que la obra podría haber sido ambientada en cualquier otro sitio: “Es una novela sobre los celos y podría ocurrir en cualquier lugar. Pero eso tomo como punto de partida la Sonata a Kreutzer de Tolstoi. Por supuesto, aparecen caracteres de la comunidad donde ocurre, Israel, pero el asunto central son los celos y esos se dan en cualquier tiempo y lugar”.

La obra obtuvo el premio Bernstein cuando fue publicada en Israel en 2011. Un galardón destinado a autores de menos de 50 años. Hasta ahora sólo se había traducido al castellano Árabes danzantes (Tropismos, 2006), hoy prácticamente inencontrable.

El eterno retorno (por Anna Estany)

La “cuestión del catalán” está siempre latente y de vez en cuando salta la chispa. La solución no pasa por imponer una proporción del 25%, sea en la lengua que sea. La cuestión real y lo que está en juego es el monolingüismo Es necesario fijar un marco y unas líneas generales. Necesitamos un acuerdo general en Catalunya  sobre la política lingüística en la escuela y no dejarla a decisiones individuales o partidistas

El título no es baladí sino que refleja fielmente lo que sucede con la “cuestión del catalán”. Está siempre latente y de vez en cuando salta la chispa. Las razones de dichas reactivaciones pueden ser múltiples pero acostumbran a estar relacionadas con alguna sentencia judicial, normativa del gobierno central o una nueva ley de política lingüística de la Generalitat de Catalunya. Por poner sólo algunos ejemplos, en el 2008 surgió  la polémica a raíz de las tercera hora del castellano y ahora por la ley de educación, llamada ‘ley Wert’ en referencia al ministro del ramo; y en la actualidad, más concretamente, por la sentencia del Tribunal de Justicia de Catalunya que obliga a un 25% de enseñanza en castellano en las aulas en las que haya algún alumno, en realidad algún padre o madre, que lo solicite.

Dicha sentencia es inviable de llevarla a la práctica. Es también insostenible económicamente e irracional pedagógicamente puesto que queda al arbitrio de las peticiones de los padres. Los conflictos que generaría al primer intento de ponerla en la práctica serían múltiples y de difícil, por no decir imposible, solución. El primer problema surgiría en el caso de que algún(os) padre(s) de alumnos de las aulas que hubieran pedido más horas de castellano no estuvieran de acuerdo con la medida. El centro podría argumentar que se trata de una sentencia del TJC y que las leyes están para cumplirlas. Como consecuencia es posible que dichos padres pusieran un recurso a un tribunal de orden superior o ir al “Sindic de Greuges” de Catalunya o al “Defensor del pueblo” de España.  El centro educativo quedaría en la disyuntiva de hacer  caso omiso del TJC o aplicar la sentencia. Cualquiera que fuera la decisión, la situación de desconcierto sería evidente.

En el caso de que se optara por aplicar la sentencia desde el primer momento, el problema redundaría en la organización académica del centro. Supongamos un centro con más de un grupo de un mismo nivel de primaria, podría darse el caso de que en uno de los grupos se diera el 25% de las clases en castellano y en otro todo en catalán. En esta situación, los padres que no estuvieran de acuerdo podrían solicitar a la escuela que cambien sus hijos de grupo y los incluyan en aquellos en que no haya ningún alumno que haya solicitado un 25% de clases en castellano. Llegado a este punto, ¿alguien ha pensado lo que todo este embrollo puede significar para los alumnos, para la organización del centro, ratio de alumnos/profesor, horarios, distribución del profesorado?

De entrada podemos afirmar que la solución no pasa por imponer una proporción del 25%, sea en la lengua que sea. A su vez hay que  dejar claro desde el principio que el problema no es que un 25% de las clases sean en castellano, ya que de ninguna manera cuestiona el modelo de inmersión lingüística. La cuestión real y lo que está en juego es el monolingüismo, como muy bien lo explican Victoria Camps (El País, 11-2-2014) y Mercè Vilarrubias (El País, 1-3-2014). ¿Hay solución? por supuesto que la hay y, además, se está llevando a cabo en muchas escuelas sin ruido, sin grandes declamaciones y adaptándose a la realidad.

La premisa general de una solución no puede quedar al arbitrio de cada escuela ni de los padres para una decisión de este tipo. No cabe duda que escuela y padres tienen que tener un papel en la aplicación de la política lingüística en el ámbito de la escuela pero es necesario fijar un marco y unas líneas generales. Es de necesidad, por tanto, un acuerdo general en Catalunya  sobre la política lingüística en la escuela y no dejarla a decisiones individuales o partidistas.

Se puede objetar que ya hay un pacto en Catalunya sobre tal cuestión ya que todos los partidos excepto PP y C’s están de acuerdo con la política lingüística vigente. Sin embargo, un análisis de la realidad muestra que en la práctica no es el caso si nos atenemos a las opciones personales. En primer lugar, nos podemos preguntar si todos los votantes, o incluso los militantes, de los partidos que forman parte del pacto (PSC, CiU, ERC, ICV) aceptan dicha política a la hora concreta de elegir la escuela de sus hijos. 

En la cuestión del catalán en la escuela posiblemente haya cierta incoherencia e hipocresía, tanto por parte de los que forman parte del pacto como por los que cuestionan la inmersión lingüística

La libertad individual en este tema y en otros muchos es indiscutible, sin embargo, quizás podríamos reflexionar si la política lingüística oficial de monolingüismo en catalán es la que consideran más adecuada para sus hijos. Por ejemplo, hay muchas escuelas en que el castellano tiene más presencia que las dos horas semanales que marca la ley. Además, en Barcelona hay una serie de escuelas extranjeras como el Liceo francés, el Colegio alemán, la Escuela suiza, el Liceo italiano, o algunas de las escuelas en las que el idioma vehicular es el inglés, en las que el catalán queda relegado a no más de dos horas semanales. ¿Podemos concluir que todos los alumnos de estas escuelas acogen sólo hijos de votantes del PP y C’s? Parece improbable, aunque no hay datos al respecto. Por otro lado, es probable que haya votantes y militantes del PP y C’s que elijan para sus hijos escuelas en las que rige el monolingüismo y, por supuesto, la inmersión, sin que pongan ningún problema. 

La conclusión a la que podemos llegar es que en la cuestión del catalán en la escuela posiblemente haya cierta incoherencia e hipocresía, tanto por parte de los que forman parte del pacto como por los que cuestionan la inmersión lingüística. Necesitamos, por tanto, una alternativa coherente y fruto del consenso entre las diversas propuestas surgidas en Catalunya.

El punto de partida sería la inmersión en el catalán con la condición de no separar los alumnos en función de la lengua elegida por los padres (catalán o castellano). Lo cual no es óbice para que puntualmente en una franja horaria se pudiera dividir la clase en función de la lengua que necesita refuerzo a causa de factores diversos, desde la lengua predominante en el ámbito familiar hasta hábitos culturales que hacen que los alumnos puedan ser más competentes en una lengua que en otra.

Todo lo dicho hasta ahora tiene especial relevancia para la enseñanza primaria, por tanto, hasta los 12 años. Cuando se entra en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), una etapa en la que hay más contenidos y asignaturas concretas, podría introducirse cada año alguna materia en castellano (física, matemáticas, biología, etc.). El objetivo es que los alumnos se familiaricen con los términos específicos en las dos lenguas.

En la etapa del bachillerato se seguiría la misma línea que en la ESO. Dado el nivel de las materias, aún es más importante el conocimiento de la terminología en las dos lenguas. Pero el objetivo no es sólo el conocimiento de los términos científicos sino la capacidad de expresarse y comunicar conocimientos adquiridos, tanto en catalán como en castellano.

Respecto al inglés hay que ser realista y, sin olvidar que es una asignatura pendiente de la educación en nuestro país, hay que reconocer que por el momento no hay docentes preparados para impartir las materias de contenido (física, sociales, biología, matemáticas, etc.) en inglés. Otra cuestión es el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, que debería tener un peso y una dedicación mucho mayor de la que tiene en estos momentos.

Una reflexión final, creo que es posible llegar a este pacto, sólo hace falta sentido común y buena voluntad. Todos saldríamos ganando pero sobre todo los alumnos y los docentes que merecen un reconocimiento que a veces la sociedad no les concede suficientemente.

“Ajut permanent a Madrid” (sobre la consulta catalana) (por Carlos Jiménez Villarejo)

El Estatut d’Autonomia vigente planteaba una Catalunya solidaria con el conjunto de España, una sociedad integradora que los partidos soberanistas han hecho saltar por los aires. La convocatoria del 9N parte de un presupuesto falso: el derecho a decidir, que carece de fundamento en el ordenamiento constitucional e internacional. Se trata de una consulta fundada sobre la violación del ordenamiento democrático

El título de este artículo corresponde a un cartel de la Catalunya republicana durante la Guerra Civil en apoyo al pueblo de Madrid asediado por el fascismo. La distancia histórica y política con aquellas fechas no impide rememorarlas para constatar que estamos en las antípodas de aquella generosa posición de Catalunya hacia los pueblos de España.

Pero no hay que remontarse a aquel lejano periodo. Los partidos soberanistas han traicionado los principios que presidían el Estatut d’Autonomia vigente, que planteaban una Catalunya “solidaria con el conjunto de España”, una “sociedad integradora” y el desarrollo de su personalidad política “en el marco del Estado” actual. Principios que dichos partidos, bajo la dirección de CiU, han hecho saltar por los aires.

Desde la Declaración del 23 de Enero de 2013 hasta la convocatoria del 9N, se parte de un presupuesto falso: lo que llaman derecho a decidir, que carece de fundamento en el ordenamiento constitucional e internacional. Porque, es obvio, que Catalunya carece del derecho de autodeterminación reconocido por la ONU en 1960 para los pueblos dominados colonialmente. Es evidente que no estamos en ese supuesto.

Con el proceso, el Govern y  la mayoría soberanista del  Parlament desbordan el marco constitucional, se arrogan atribuciones que no les corresponden e infringen abiertamente el ordenamiento democrático

A partir de ahí, arranca un proceso en el que el Govern y  la mayoría soberanista del  Parlament desbordan el marco constitucional, se arrogan atribuciones que no les corresponden e infringen abiertamente el ordenamiento democrático. Proceso que podría merecer calificativos más graves.

Todo ello lo refleja la Ley 10/2014, de “consultas populares no referendarias” más el Decreto de convocatoria de la consulta del 9N. Razonablemente suspendidas por el Tribunal Constitucional, coincidiendo, con toda seguridad, con el voto discrepante de 4 de los 9 Vocales del Consell de Garantías Estatutarias, que alegaron que la Ley suspendida regulaba irregularmente un referéndum “simulado” o “encubierto”.

Por otra parte, las leyes autonómicas reguladoras de dichas consultas sólo pueden regular materias de la estricta “competencia de la Generalitat”, lo que ya impedía acudir a esa vía para plantear, y sólo por los catalanes, nada más y nada menos que la separación del Estado.

Ciertamente, con independencia del objeto de la pretendida consulta, el Govern ya disponía de una Ley autonómica, la 4/2010, de “consultas populares por vía de referéndum”. Especialmente prevista para “cuestiones políticas de especial trascendencia”, como, sin duda, era y es el objeto del 9N. 

Pero, los soberanistas, conscientes de la manipulación legal que llevaban a cabo, evitaron la Ley de 2010, pese a que era la que debían aplicar, para impedir que dicha consulta estuviese bajo el control de la “Administración electoral” del Estado (presente, por otra parte, en todos los procesos electorales) sustituyéndola por otra a medida de sus espúrios intereses. Y, desde luego, para sortear burdamente el precepto estatutario de 2010 que exigía que la papeleta de voto contuviera solo “el texto de la pregunta”, lo que se oponía a sus pretensiones. 

Se eludió el censo electoral para crear un censo a medida a través de lo que se llama Registro de Población de Catalunya, anomalía electoral gravísima ya que se adapta a intereses particulares un derecho fundamental: el derecho a voto

Pero, aún habían más razones. Una, que ya debieron advertir en julio de este año, cuando un Juzgado de lo Contencioso de Barcelona declaró “nulo de pleno derecho” el siguiente acuerdo municipal: ”L’ajuntament de Cabrils posarà a disposició de la Generalitat de Catalunya les dades del padró i els instruments necessaris, en el cas que se li soliciti, per a la celebració de la consulta sobre el futur polític de Catalunya…”. Es decir, eludió el “censo electoral” para crear un censo a medida de sus intereses a través de lo que se llama Registro de Población de Catalunya, anomalía electoral gravísima ya que está adaptando a sus intereses un derecho fundamental como es el derecho a voto.

Para rematar su atajo de ilegalidades, reconociendo el voto a “las mayores de dieciséis años”. Norma que está en flagrante contradicción con el Art. 12 de la Constitución que declara la mayoría de edad a los 18 años y con la disposición de la Ley Electoral que reconoce el derecho al voto a los “mayores de edad”. ¿Hasta qué punto de ruptura del ordenamiento democrático puede llegarse para que una Comunidad Autónoma pueda derogar un precepto constitucional?

Pero la ruptura llega más lejos. La Ley Orgánica 2/1980, reguladora del referéndum, dispone que “la decisión del votante solo podrá ser “sí” o “no” o “quedar en blanco”. Y añade, que se tendrán por nulas “las que ofrezcan dudas sobre la decisión del votante”. Pensemos en la aplicación de este precepto a la formulación de las preguntas de la consulta: serían directamente nulas. La Ley catalana suspendida dispone que la pregunta o preguntas debe formularse “de manera neutra, clara e inequívoca”. Es decir, que las preguntas del 9N serían, en todo caso, nulas porque no cumplen sus propias exigencias autonómicas.

Hoy por hoy, debemos defender nuestros derechos más básicos para ser personas, para que la mayoría pueda vivir con dignidad

Por último, la pretendida consulta viola el Art. 14 de la Constitución que prohíbe cualquier forma de discriminación entre los españoles, en cuanto una parte minoritaria de ellos pretende imponer a los demás un modelo de convivencia que, sin duda, creará fracturas y divisiones entre los propios catalanes y entre éstos y los ciudadanos de España, tanto en el ejercicio de de derechos fundamentales como en el acceso a los servicios públicos. Además, de romper gravemente el principio de igualdad ante la Ley.

Por todo ello, sabiendo el alcance de cuanto afirmo, considero la solución más democrática que una consulta, fundada sobre la violación del ordenamiento democrático, no debe celebrarse. Y, por favor, que no vengan con el derecho a decidir sobre un futuro ante un pueblo que, en el presente, carece de casi todo, especialmente de los derechos más fundamentales. Hoy por hoy, defendamos nuestros derechos más básicos para ser personas, para que la mayoría pueda vivir con dignidad. 

Carlos Jiménez Villarejo es actualmente miembro de Federalistes d’Esquerres y de PODEMOS  

Escocia: el gozo en un pozo (por Adrià Casinos)

La llave escocesa para abrir la puerta de la Unión Europea a otros territorios secesionistas, no ha sido más que una entelequia. La versión oficial es que no tiene por qué influir en el ‘procés'. Lo de siempre: si el chico es listo, se parece al padre; si sale tonto, la culpa es del maestro

Pues los escoceses se han rajado. El anunciado duetto de tenora y gaita se va a convertir, en el mejor de los casos, en un solo. La llave escocesa para abrir la puerta de la Unión Europea a otros territorios secesionistas, no ha sido más que una entelequia. Así que si se persiste en el solo, habrá que vérselas a cara de perro con Bruselas y,  por supuesto, con Madrid.

El paralelismo entre Escocia y Cataluña afectaba desde los argumentos historicistas a, casi, el fetichismo de fechas: Escocia habría perdido su “independencia” tan solo siete años antes (1707) que Cataluña (1714). Aciagos años los primeros del siglo XVIII. Aunque es tan falsa una afirmación como la otra, hay una diferencia fundamental: Escocia, con sus más y sus menos, fue un reino separado e independiente hasta 1603 (como veremos enseguida), mientras que Cataluña no reunió nunca esas condiciones. El único período de real independencia se limitó al de la república forzada por Claris, después del “Corpus de sang”. Durante siglos Cataluña no fue más que una serie de condados ligados feudalmente al soberano francés, condición de la que los libera Jaime I al firmar el tratado de Corbeil con Luis IX de Francia (1258). El mismo Jaime I es el que daría entidad de jure a lo que después se llamaría Principado de Cataluña, al convocar las primeras cortes. Pero centrémonos en Escocia: ¿de verdad fue independiente hasta 1707 como sostiene la propaganda del SNP?

Veamos. En 1603 muere sin descendencia directa Isabel I, la última Tudor. Aplicando la ley de sucesión, que estipulaba que debía entronizarse el pariente más próximo de religión reformada, fue proclamado rey de Inglaterra Jacobo VI de Escocia, con el nombre de Jacobo I, quien tan solo un año después adoptaría el título rey de la Gran Bretaña. La corona de Escocia desaparece para siempre. A ese soberano se debe el primer símbolo de la unión, la primera “Union Jack” (Jack del latín Jacobus), como superposición de las cruces de San Andrés y San Jorge (banderas de Escocia e Inglaterra, respectivamente).

Durante las guerras entre Carlos I y el parlamento inglés, los escoceses intervienen en apoyo del rey, que favorece el presbitianismo, predominante en Escocia. Luego, durante su república, Cromwell fuerza la unión parlamentaria de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Con la restauración se volvió a la situación de tres parlamentos separados.

¿Qué implica pues el Act of Union de 1707? Fundamentalmente, la unión parlamentaria. Escocia pierde su parlamento, pero Inglaterra también ve desaparecer el suyo (que todavía no ha recobrado).Por supuesto que por razones demográficas, ambas cámaras (Comunes y Lores) del parlamento de la Gran Bretaña se constituyen con predominio inglés. ¿Se puede entonces decir que Escocia fue independiente hasta 1707? Eso sería equivalente a asumir que lo volvió a ser desde que consiguió un parlamento propio en 1998 , o que Irlanda fue independiente hasta 1802, cuando también pierde su legislatura, aunque sigue existiendo como reino separado. Me gustaría saber qué pensaría un irlandés de esa última afirmación.

Otra prueba palpable de lo dicho es que desde la unión de coronas de 1604, Escocia no tuvo política exterior propia. Dejó de ser la tradicional aliada de Francia (Auld Alliance o Vieille Alliance) contra el poder de Londres. Un ejemplo. María Estuardo estuvo casada con el rey francés Francisco II, que murió adolescente; si la pareja hubiera tenido descendencia, hubiera podido haber un único soberano para Escocia y Francia. A partir de aquel momento Edimburgo fue partícipe de la expansión imperial de Londres. Esa fue precisamente una de las razones de la unión parlamentaria. Eso y la quiebra económica provocada por una aventura colonial autónoma en el istmo de Darién (actual Panamá). Y sin duda la asunción del protestantismo por los escoceses fue también muy determinante para que su país basculara hacia Inglaterra.

Gran parte de la información que se ha divulgado en Cataluña sobre las historia de Escocia, en los últimos meses, es pues pura tergiversación. En la misma línea, si los escoceses hubieran votado por la secesión, el soberanismo catalán  le hubiera dado la máxima importancia al hecho. Como no ha sido así, la versión oficial es que no tiene por qué influir en el “procés” catalán. Tal y así lo dijo Artur Mas no hace muchos días. Lo de siempre: si el chico es listo, se parece al padre; si sale tonto, la culpa es del maestro. 

Las dificultades de la secesión en democracia (por Stéphane Dion)

Tanto en Escocia como en Quebec, los líderes del Sí han definido el asunto del referéndum como una elección entre el orgullo y el miedo. Como entre nosotros, en 1995, los líderes escoceses del No han tardado en responder que un voto por el No es también un voto de orgullo: existen sobradas razones para sentirse orgullosos de la contribución vital de los quebequeses al auge de Canadá, y de los escoceses al del Reino Unido

Casi todas las democracias se declaran indivisibles. Se considera que no se puede privar a los ciudadanos de su pertenencia en contra de su voluntad. En Canadá y el Reino Unido se argumenta de manera diferente: se estima que la unidad del país sólo se puede basar en el deseo de permanecer juntos.

Sin embargo, un referéndum sobre la autodeterminación no es un ejercicio agradable. Se ha alegado que la campaña del referéndum escocés se ha desarrollado mejor que las que experimentamos en 1980 y 1995. De hecho, una encuesta muestra que casi la mitad de los votantes del No se sentía "personalmente amenazado". Políticos del No tuvieron que interrumpir sus discursos al ser abucheados. Las entrevistas dan cuenta de tensiones en las familias, entre amigos, en el trabajo. Ha habido instituciones intimidadas, empresas amenazadas con boicots.

Al igual que en nuestro caso, el debate ha sido difícil debido a la fractura entre identidades: las encuestas muestran que el apoyo al Sí ha sido más fuerte entre los votantes cuyos padre y madre eran escoceses.

Al igual que entre nosotros, los dirigentes del Sí han denunciado como una campaña del miedo los avisos contra las perturbaciones económicas inevitables que acompañarían el proceso de secesión. Pero, de hecho, puede resultar racional para los agentes económicos querer invertir en otro lugar que no en una región secesionista, ya que es razonable que el país original no acepte al nuevo país en el seno de su banco central, o para Europa exigir requisitos de membresía al nuevo país.

El orgullo o el miedo

Tanto en Escocia como en Quebec, los líderes del Sí han definido el asunto del referéndum como una elección entre el orgullo y el miedo. Como entre nosotros, en 1995, los líderes escoceses del No han tardado en responder que un voto por el No es también un voto de orgullo: existen sobradas razones para sentirse orgullosos de la contribución vital de los quebequeses al auge de Canadá, y de los escoceses al del Reino Unido, dos países envidiados en todo el mundo.

La negociación sobre una secesión nunca se ha tanteado en una democracia bien establecida. Escindir un Estado moderno y democrático resultaría una tarea colosal. Se tendría que actuar de acuerdo con los derechos de todos en el marco legal del país, según lo confirmado por nuestro Tribunal Supremo. La negociación en Escocia se habría puesto en marcha sin el riesgo de una secesión unilateral, empresa inviable en una democracia.

La secesión de Escocia habría comportado menos problemas prácticos que la de Quebec, aunque sólo sea por su tamaño relativamente pequeño y por lo desplazado de su posición geográfica. Pero habría tenido que afrontar igualmente una batería de desafíos: renegociación de acuerdos, transferencia de fondos, de leyes, de funcionarios, etc. El gobierno escocés se asignó dieciocho meses para lograrlo, un período considerado demasiado optimista por el gobierno británico. Esta negociación, sin embargo, habría tenido un mal comienzo, con el primer ministro de Escocia amenazando con no pagar su parte de la deuda, un gesto nada realista e irresponsable.

Los negociadores habrían sido conducidos a un callejón sin salida si la mayoría hubiera retirado su apoyo a la secesión en mitad del proceso. Sería mejor que una ruptura tanto existencial como irreversible se negociara sobre la base de una clara mayoría, que se expusiera menos ante las dificultades. Una mayoría clara: la regla que prevalece en Canadá para entablar tales negociaciones. Afortunadamente para todos.

Y más afortunadamente aún, nosotros los quebequeses, hemos dicho y repetido que queríamos seguir siendo canadienses orgullosos.

(Este artículo ha sido publicado también por Le Devoir)

Los panes y los peces (por Francisco Morente Valero)

Hace tiempo que en este país, el recuento de manifestantes de las grandes citas adopta la forma moderna de la parábola bíblica de los panes y los peces: nunca, en ningún caso, se acepta menos de un millón de participantes

Hace tiempo que en este país (España, Cataluña: elija el lector) el recuento de manifestantes en las grandes citas es la forma moderna que adopta la parábola bíblica de los panes y los peces. Desde el glorioso Caudillo que reunía un millón de personas en sus performances de la Plaza de Oriente hasta la espectacular V de este 11-S, los ejemplos son incontables y de todos los colores. Con una característica común: nunca, en ningún caso, se acepta menos de un millón de participantes. Así podemos ir desde el mítico 11 de septiembre de 1977 hasta las colosales manifestaciones del PP y la Conferencia Episcopal  contra Zapatero en la plaza de Colón de Madrid (aquí la cifra mágica eran dos millones), pasando por la gran demostración de Barcelona contra la guerra de Irak (otro millón) y acabando con las manifestaciones y vías patrióticas de 2010, 2012, 2013 y 2014 que ha organizado la Assemblea Nacional Catalana (sin apoyo institucional, mediático ni partidista alguno, como todo el mundo sabe), cada una de ellas mayor que la anterior, según se han encargado de señalar los organizadores, las neutrales policías encargadas del orden y esos expertos en contar con detalle lo que hacen los otros y en hinchar lo que organizan los propios.

Que hay una gran cantidad de independentistas movilizados es algo que ya sabíamos. Que a Mariano Rajoy eso parece traerle sin cuidado, también. Que Artur Mas no pondrá las urnas en condiciones de poder hacer una consulta mínimanente útil para saber dónde estamos (no digamos ya, para zanjar la cuestión) es evidente. Que tenemos un problema descomunal lo ve hasta el más tonto

Todas esas manifestaciones y concentraciones (incluyendo las del NO-DO) fueron de grandes dimensiones. Algunas, estratosféricas. Pero todas, sin excepción, con una participación muy por debajo de lo que la propaganda correspondiente quiso hacernos creer. Por la sencilla razón de que ni en la Plaza de Oriente ni en la de Colón (y zonas adyacentes) ni en el Passeig de Gràcia cabe (ni de lejos) un millón de personas; en realidad, sus capacidades respectivas quedan muy lejos de esa cifra. Es lo que tienen las matemáticas: calculas el largo y el ancho, los multiplicas; (en según que casos) al resultado le quitas un 10% de zonas no ocupables (mobiliario urbano, árboles y similares), y lo que queda lo multiplicas por un factor que en caso de altísima densidad podría ser 4 (personas por metro cuadrado), y en caso de gran participación, pero no de masa compactada, podría ser 3, y se obtiene un resultado bastante aproximado de la gente que ha podido asistir.

Solo los dispuestos a tragarse lo que sea pueden creerse que en una superficie que la propia organización había fijado en 200.000 metros cuadrados puedan haberse juntado un millón ochocientas mil personas (9 manifestantes por metro cuadrado). Las imágenes de TV de la concentración del pasado jueves permitían hacerse una idea del tamaño de la misma: los once kilómetros previstos estaban cubiertos, pero lo estaban con una anchura que oscilaba bastante de unas zonas a otras y que podría situarse, siendo generosos, en unos 25 metros de media, y con una densidad alta pero que no era la de una masa  compacta, como lo mostraba el que en gran parte de las tomas televisivas pudiese verse a la gente desplazarse sin mayores problemas entre las personas que formaban la V.

Con esa información en la mano [unos 275.000 metros cuadrados ocupados y unas 3 personas por metro cuadrado], podía hacerse un cálculo, aproximado pero con fundamento, que situaba la participación en la V entre tres cuartos y (como mucho, muchísimo) un millón de personas. Al día siguiente del acontecimiento, un grupo de investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona, que había preparado un mecanismo de cómputo sobre el terreno, dio la cifra de 900.000participantes.

Una  muchedumbre de impresión, claro, pero la mitad de lo que (¿alguien lo duda?) la propaganda nacionalista fijará como cifra para la historia. Se podrá aducir que el número es lo de menos, que lo que cuenta es el carácter masivo de la V. Y en parte, es verdad. Sin embargo, que el número más o menos exacto es relevante lo prueba el que los organizadores se hayan apresurado a doblarlo (impensable quedar tan lejos de la marca oficialmente registrada en 2013). Pero más importante aún es que quienes analizan a fondo las tendencias de la sociedad catalana sepan de qué y de cuánta gente exactamente estamos hablando. Las estrategias políticas acertarán o se equivocarán en función de que tengan en cuenta, o no, la realidad “real” (permítanme la redundancia) en vez de la virtual.

Quien corresponda debería tomar buena nota de lo que ha pasado y empezar a pensar en alternativas políticas viables que permitan encauzar el problema que el Estado tiene planteado y que hasta ahora algunos pensaban que se solucionaría simplemente esperando a que el soufflé bajase

Lejos de mi intención minusvalorar la participación ciudadana en la V. Todo lo contrario. Creo que a quien corresponda debería tomar buena nota de lo que ha pasado y empezar a pensar en alternativas políticas viables que permitan encauzar el problema que el Estado tiene planteado y que hasta ahora algunos pensaban que se solucionaría simplemente esperando a que el soufflé bajase. Bien, pues no ha bajado, ni nada hace pensar que vaya a bajar en un futuro próximo. Ahora bien, se equivocará igualmente quien piense que la V es el punto de inflexión en la situación política que vivimos, y que hará el camino a la consulta (y con ella, a la independencia) imparable.

Que hay una gran cantidad de independentistas movilizados es algo que ya sabíamos y que este 11-S solo ha vuelto a confirmar. Que a Mariano Rajoy eso parece traerle sin cuidado, también lo sabíamos. Que Artur Mas no pondrá las urnas en condiciones de poder hacer una consulta mínimanente útil para saber dónde estamos (no digamos ya, para zanjar la cuestión) es evidente. Que tenemos un problema descomunal lo ve hasta el más tonto. Que esto es una cosa que de revolución tiene poco, también. Que cierta izquierda viva todo esto, como dice el Mas de Polònia, amb il·lusió y con la sensación de que pasado mañana asaltará el Palacio de Invierno al frente de las masas roji-amarillas es algo que escapa a mi comprensión (pero eso no es grave porque, indudablemente, mi comprensión debe de ser muy limitada).
En cualquier caso, la V no ha sido el inicio de nada sino el final de la fase de movilización festiva y familiar que ha caracterizado al movimiento independentista durante estos dos últimos años. Ahora empieza el conflicto de verdad, con cada vez menos espacio para las ambigüedades, los juegos florales y los errores tácticos. El frente “consultista” se autoimpuso una fecha límite. Estamos a menos de dos meses de que se cumpla. Más de uno de los que están al mando siente ya el vértigo de las alturas a las que se ha subido sin que esté clara la forma en que se puede bajar de ellas. Ojalá que no sea con un gran batacazo colectivo, pase lo que pase el 9N.

Por un federalismo plurinacional del siglo XXI (por Francesc Trillas*)

Muchos de quienes defendemos el concepto de federalismo plurinacional no exigimos el reconocimiento de la soberanía nacional para Cataluña o Euskadi. Entre otras razones porque en el mundo del siglo XXI sólo puede haber soberanías compartidas y solapadas. Lo que necesitamos es avanzar hacia un federalismo europeo en el que los estados-nación vayan cediendo su poder

Daniel Guerra Sesma en un interesante pero pesimista artículo publicado en este blog asocia el término de federalismo plurinacional con el del reconocimiento de la soberanía nacional de los territorios constituyentes, por ejemplo de Cataluña y Euskadi en España. Sin embargo, muchos de quienes defendemos el concepto de federalismo plurinacional no exigimos el reconocimiento de tal soberanía, entre otras razones porque partimos de la base que en el mundo del siglo XXI sólo puede haber soberanías compartidas y solapadas.

Cataluña ya es plurinacional, en el sentido de que dentro de ella conviven varias “culturas nacionales”: la que ve TV3, la que ve Tele Cinco, y la que ve en vídeo programas chinos

Esta es una de las muchas razones por las que la constitución española de 1978 está un poco añeja, porque en una Europa con 28 estados, 18 de ellos con una moneda única, donde las políticas nacionales están totalmente restringidas por lo que se decide fuera de cada estado-nación, hablar de “soberanía nacional” como algo realmente existente es una entelequia.

Ni España es soberana ni Cataluña o Euskadi lo serán, si es que quieren seguir en el proyecto europeo y conectadas al mundo. Lo que tenemos que conseguir es que los ciudadanos europeos recuperemos algo de la soberanía que hoy tienen los mercados, y eso se hace en el contexto de un federalismo democrático europeo, al que se avance con realismo desde una estructura basada hoy en unos estados-nación que van perdiendo poder.

Creemos que sí que es posible una arquitectura institucional, como dijo Ramón Jáuregui “de muñecas rusas”, donde se relativice y se desmitifique el concepto de soberanía, y el mismo concepto de nación. Donde aceptemos con naturalidad que cada territorio es gobernado por varios niveles administrativos en el que cada nivel rinda cuentas directamente ante la ciudadanía, sin intermediarios como ocurre en un sistema confederal. Creemos que el concepto de federalismo plurinacional puede ser satisfactorio para entidades donde conviven distintas culturas “nacionales” (aún aceptando el carácter vago de este término) como Canadá o la India, que son federaciones plurinacionales donde no se reconoce la soberanía nacional de las unidades (en el sentido de que puedan libremente entrar y salir de la federación). Lo que sí que se hace es reconocer las singularidades culturales como una riqueza común, y se acepta un uso más laico, común y descargado de carga simbólica y legal del concepto nación, como cuando se habla de las naciones originales (los pueblos indígenas en Canadá).
En España ya se reconoce la existencia de nacionalidades, y en el Reino Unido se habla de Gales y Escocia como naciones, aunque tengan menos competencias que Cataluña. España es plurinacional y algunos creemos que sería positivo reconocerlo como se hace en Canadá. Pero es plurinacional no en el sentido que querrían darle muchos nacionalistas, sino en el sentido de que cualquier territorio de la Europa de hoy, quizás del mundo, es plurinacional. También Cataluña es plurinacional, en el sentido de que dentro de ella conviven varias “culturas nacionales”: la que ve TV3, la que ve Tele Cinco, y la que ve en vídeo programas chinos (como el señor de la tienda de debajo de mi casa). Incluso la mayoría de hogares en Cataluña, por no decir la mayoría de nosotros seres individuales, somos plurinacionales, pero queremos una arquitectura institucional que reconozca este hecho. La Cataluña y la España de hoy son la Europa de Claudio Magris, es el mundo de Amartya Sen, es la realidad de la mezcla. Desmitifiquemos conceptos e intentemos adaptar la ley a la realidad.

*Francesc Trillas es profesor de Economía de la UAB y coordinador del libro “Economia d’una Espanya plurinacional”.