¿Dónde está la mayoría excepcional del señor Artur Mas? (Por Adrià Casinos)

La llamada al voto soberanista, a fin de que el mundo se asombrara ante su contundencia, ha conseguido un ascenso porcentual con respecto a las anteriores elecciones al parlamento europeo pero tampoco como para echar cohetes. El 55% del 48% del censo electoral que ha votado se traduce en que aproximadamente el 26% por ciento de los potenciales electores catalanes apoyan al soberanismo. ¿Es esto excepcional?

Uno de los argumentos más esgrimidos por Artur Mas en defensa del “proceso”, ha sido poner énfasis en que, teniendo en cuenta la forma en que se han producido las votaciones sobre el derecho a decidir en el parlamento catalán, el 80% del electorado estaba a favor de aquel. Después de las elecciones europeas del 25 de mayo, y teniendo en cuenta los resultados en Cataluña, la afirmación de Mas es, por razones cuantitativas, más que dudosa. Si sumamos los porcentajes de ERC, CiU e IC, nos dan un total del 55% del voto emitido. A su vez, este ha sido ligeramente inferior al 50%. 

Se dice que el 80% del electorado catalán está a favor del derecho a decidir pero en las recientes elecciones europeas, las cuentas no salen

La llamada al voto soberanista, a fin de que el mundo se asombrara ante su contundencia, ha conseguido un relativamente importante ascenso porcentual con respecto a las anteriores elecciones al parlamento europeo, pero tampoco como para echar cohetes. En definitiva, el 55% del 48% del censo electoral que ha votado, nos dice que aproximadamente el 26% por ciento de los potenciales electores catalanes apoyan al soberanismo. Sí, por supuesto, se nos dirá que el que no vota, no sale en la foto. Basta entonces volver al 55%, que nos dice lo que ya sabíamos: el país está fracturado (o, mejor, lo han fracturado) pero no 80 a 20, sino aproximadamente a partes iguales. Y que conste que le doy la ventaja al bloque soberanista de asumir que un 10%  ha votado realmente por IC y está masivamente por el derecho a decidir, descartando que una parte de ese voto sea en verdad de IU y se mire incluso con una cierta circunspección el proceso. Y no se me diga que la diferencia no es importante. ¿Qué tendrá que ver Willy Meyer con Ernest Urtasun, a quién se ve más cerca de los verdes que de la izquierda europea?

Ahora bien, aquí hay una cierta distorsión de cifras. Por un lado es cierto que cuando se votan cuestiones soberanistas, alrededor del 80% de los diputados del parlamento catalán se manifiestan a favor. Por el otro, también lo es que la mayoría de los representantes de los ciudadanos catalanes en el Congreso de Diputados no son soberanistas (como se demostró recientemente). Y en unas elecciones que se querían plebiscitarias por parte de algunos, tan solo el 55% han  respaldado el derecho a decidir. ¿Qué pasa aquí? Pues a mi parecer es que, y dejando de lado el factor localista, que juega, y mucho, en las elecciones, la manera cómo se vota en Cataluña en las elecciones autonómicas no refleja en absoluto la realidad sociológica del país. Se prima las zonas que son el granero nacionalista, en detrimento de las urbanas, en especial del área metropolitana de Barcelona. La situación clama al cielo. En las actuales circunstancias no se puede ir a unas futuras elecciones catalanas, que se querrán una vez más plebiscitarias, sin una ley electoral democrática. En un país normal, todos los votos valen lo mismo.

¿Cuál es la realidad sociológica del país? Miremos quienes son los eurodiputados electos catalanes: dos de ERC, uno de ellos Ernest Maragall, que durante 65 años fue federalista, un año fue confederalista, y desde hace dos meses es independentista; dos de CiU, uno de ellos de UDC; Carlos Jiménez Villarejo de PODEMOS; Ernest Urtasun de ICV; Javi López del PSC; Javier Nart y Juan Carlos Girauta de Ciudadanos; y Santiago Fisas del PP.

Esta es Cataluña.
En porcentaje sobre el total de posibles votantes, los independentistas en las europeas son el 11,3% si sólo contamos ERC, o 21,7% si añadimos CiU. O sea, los independentistas  fueron entre el 11,2% y el 21,7% del total del electorado potencial. ¿Dónde está la mayoría excepcional?

¡Qué suerte! ¡Soy europea! (Por Carme Valls-Llobet)

La UE es gobernanza compartida a todos los niveles lo que quiere decir federar y compartir las decisiones. Los euroescépticos no saben que comen, respiran y beben mejor gracias a la Unión Europea pero utilizan su salud y energías para ir en contra de quien les ha beneficiado

El debate de los candidatos a las elecciones europeas, interesante entre los candidatos a la presidencia, no ha podido superar los límites de una mirada provinciana en muchos de los candidatos de España. Pero especialmente en Cataluña el no-debate de ideas se ha hecho manifiesto porque en lugar de ideas nuevas o de razones para votar el día 25, para algunos Europa sólo es una gran institución que nos ha de querer o negar, pero que no significa ni un modelo de gobierno con políticas públicas bien definidas ni un modelo de convivencia.

Más del 75 % de las leyes que rigen nuestras vidas cotidianas se han decidido en el Parlamento Europeo y para bien

Parece que hayamos olvidado que más del 75 % de las leyes que rigen nuestras vidas cotidianas se han decidido ya en el Parlamento Europeo, y menos mal, porque si hubiésemos esperado tenerlas de gobiernos más próximos, quizás nuestras vidas y nuestra salud hubieran empeorado hasta límites insostenibles. Algunos euroescépticos creen que sólo los impuestos o la presión fiscal pueden provocar cambios y que como no los decide Europa, no la necesitamos para nada.

Hanna Arendt  reflexionando sobre si la política tenía algún sentido decía “el criterio de la acción en el interior de la esfera política misma no es ya la libertad sino la competencia y la capacidad de asegurar la vida”. En Europa tenemos ya directivas que afectan profundamente la calidad de vida de todos sus habitantes. Hemos regulado sobre los niveles de contaminación atmosférica que eran inaguantables y se han puesto multas a las ciudades que todavía no han cumplido (por ejemplo, en Madrid y Barcelona). Se ha limitado el uso de pesticidas y prohibido los más contaminantes, aunque algunos agricultores franceses aún crucen la frontera para comprarlos en España. La agencia Europea del Medicamento es estricta en la autorización y uso de medicamentos y los alimentos transgénicos no han sido autorizados ampliamente. La exigencia de la depuración del agua potable y la ayuda para las depuradoras ha llegado del presupuesto europeo, aliviando así la mala praxis de poner cloro en el agua de los pequeños pueblos cuando al día siguiente había una inspección de Sanidad.

Para algunos Europa sólo es una gran institución que nos ha de querer o negar pero que no significa ni un modelo de gobierno con políticas públicas bien definidas ni un modelo de convivencia

El Plan sobre Salud y medio Ambiente de la UE es uno de los mejores del mundo y aunque sus directivas para que se vigile especialmente la contaminación de embarazadas, niños y niñas y personas mayores no se han cumplido en todos los países, los objetivos están fijados y podemos aspirar a un medio ambiente que no contamine la salud.  Sin el Parlamento Europeo estas directivas no existirían, y aunque los euroescépticos, no saben que comen, respiran y beben mejor gracias a la Unión Europea, utilizan su salud y energías para ir en contra de quien les ha beneficiado. 

Es la competencia y la capacidad de asegurar la vida lo que da valor a la política, en mayúsculas, y este ha sido uno de los valores de la unión de Europa en la diversidad. Continuar decidiendo las políticas públicas que nos van a regir en el futuro entra en el espacio de la libertad personal y decidir en clave vital, con mente abierta y pensando que el futuro de nuestra salud en relación al medio ambiente no tiene fronteras y sólo se puede resolver en espacios de gobierno amplios, regionales y en algunos casos como en las emisiones de CO2 mundiales.  Gobernanza compartida a todos los niveles, lo que quiere decir a la larga, federar y compartir las decisiones. Menos mal que soy europea. Y que tengo la suerte de poder votar libremente. 

Un pais normal (Per Adrià Casinos)

Ni França ni Itàlia ni Alemanya. Cap país democràtic contempla la possibilitat de la secessió d'una part del seu territori en la seva Constitució. Ni tan sols Suïssa, tan donada als referèndums. Hauríem doncs de concloure que cap d’aquests països és normal?

Des de fa uns dies corren per Barcelona uns cartells que diuen: ”En un pais normal votar és normal”. Personalment no deixo d’estar d’acord amb l’afirmació. Ara bé, jo afegiria: “En un país normal no es vota sobre qualsevol cosa en qualsevol moment”. Per exemple, si el consell regional de Còrsega demanés a la cambra de diputats francesa que se’ls hi transferís la potestat d’organitzar una consulta d’autodeterminació, no crec que s’arribés a discutir la qüestió al Palais Bourbon, entre d’altres coses perquè hi ha un article de la constitució gal-la qu diu que la república és una i indivisible. Igualment ho tindria pelut la regió vèneta, car la constitució italiana incorpora un article que sembla calcat del francès adés esmentat. Sembla que hi ha un fort corrent a Flandes que vol reduir Bèlgica a una estructura confederal. No tindran més remei que basquejar-se per canviar la constitució. L’article primer deixa ben clar que la sobirania rau en el conjunt de la nació (en singular). D’igual manera  a les constitucions alemanya o suïssa no hi ha ni de lluny una escletxa que permeti la secessió d’un land o un cantó. I això malgrat el fet que en el pais alpí els referèndums a voltes semblen ser l’esport nacional. Hauríem doncs de concloure que cap d’aquests països és normal? Al meu entendre, sí que ho són, ja que es vota quan cal sobre qüestions que cauen dins la legalitat.

Assumeixo que el cartell esmentat considera que Espanya no és un país normal per la negativa del Congrés de Diputats a transferir a la Generalitat de Catalunya la potestat de convocar una consulta que, al meu entendre, és d’autodeterminació. Ara bé, com he intentat mostrar, la situació espanyola no és diferent a la del nostre entorn. 

Un altre argument que s’utilitza per tal de defensar el caràcter democràtic i “normal” del procés sobiranista català, és la referència  als 3 milions i escaig obtinguts per les tres formacions diguem-ne sobiranistes (CiU, ERC, IC-EUiA) i la majoria d’escons al Parlament de Catalunya en mans d’aquelles. Dels vots no cal dir res més; les xifres canten. En el límit, si es volgués filar prim, es podria calcular el percentatge que representen aquells vots en el conjunt del cos electoral català. Però no hi entraré en aquestes misèries. Ara bé, els escons ja són figues d’un altre paner. En les últimes eleccions, en les passades i en les futures, si no canvia res, jo, com a barceloní, m’hi he considerat i em consideraré estafat: el meu vot no val ni de lluny el mateix que un de la Catalunya profunda, on casualment els partits nacionalistes tenen l’aviram. Sí, és cert que els habitants de la regió metropolitana de Barcelona hauríem d’estar acostumats. La ideología pairalista sempre ha considerat sospitosa això que quan convé afalaguen dient-ne “cap i casal”. Som massa cosmopolites, “terra baixa”. Però el problema és que ara ja no es tracta de confirmar el nacionalisme com a masover (a això ja estem fets) sinó d’elevar-lo a la categoria de propietari, amb una més que probable eliminació de la llei de contractes de conreu. I ja que parlem d’escons, tampoc entraré en altres misèries, com fins a quin punt una part de l’electorat de IC-EUiA (una de les tres potes del tamboret sobiranista; de falca, en fa la CUP) se sent o no a desgrat amb l’actuació neonacionalista dels seus dirigents. Solució: que a les pròximes eleccions cada partit vagi amb una opció molt clara d’independència si o no, i amb una llei electoral que faci seva aquella consigna del segle XIX en contra del vot censatari: un home (o dona), un vot. 

Ara ja no es tracta de confirmar el nacionalisme com a masover (a això ja estem fets) sinó d’elevar-lo a la categoria de propietari, amb una més que probable eliminació de la llei de contractes de conreu

I ja que es parla d’escons i de la poca sensibilitat del Parlament espanyol cap a les reinvindicacions, suposadament, de tots els catalans, em referiré a un “oblit”. Caldria recordar que la iniciativa demanant la consulta va ser rebutjada  per la majoria dels diputats elegits directament pels ciutadans catalans. I són aquests, en la seva condició de diputats nacionals, els que, segons la constitució, encarnen la sobirania. El 23 d’abril, a propòsit de la intervenció de Mariano Rajoy al Senat el dia abans, Joan Herrera identificava congrés dels diputats amb president del govern espanyol. A veure, els diputats no els ha anomenat a dit Rajoy. Són el resultat d’unes eleccions les quals que jo sàpiga ningú no ha qüestionat. Una altra cosa és que ens agradi la majoria actual. 

Seguim amb comparacions de normalitat. “Madrid no és Londres” se’ns diu. Jo afegiria “Barcelona tampoc no és Edinburg”. El sectarisme amb què actuen els mitjans de comunicació, escrits o audiovisuals, repetidament denunciat, clama al cel. Els mitjans escrits es permeten aquest sectarisme perquè no han de bellugar-se per l’audiència: qualsevol català en “compra” diàriament exemplars a través dels seus impostos. Quant als mitjans de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió la cosa és al llindar del totalitarisme: quan alguna veu discrepant apareix, ho fa a títol d’sparring: hi será sempre en minoria a fi i efecte que els gaudidors de la canongia de ser tertulians habituals, puguin lluir-se. I si no n’hi ha prou, sempre queda la solució de recórrer a la burla, com és el cas recent de Manuel Cruz. És això “normal”? En aquest cas concret a la BBC, que acaba de reafirmar ben clarament la seva neutralitat en la qüestió escocesa,  s’hauria engegat ja una investigació i la suposada “humorista” es podria posar en remull.

“Madrid no és Londres” se’ns diu. Jo afegiria “Barcelona tampoc és Edinburg”. El sectarisme amb què actuen els mitjans de comunicació, clama al cel. Què hauria fet la BBC si un dels seus col·laboradors s’hagués burlat d’un entrevistat com va succeir a TV3 amb Manuel Cruz? És això normal?

Un altre exemple que Barcelona no és Edinburg? A les zones bilingües d’Escòcia, on el gaèlic és co-oficial amb l’anglès,  no se li obliga ningú  a retolar en una determinada llengua, sota l’amenaça de multa.

Que en aquesta situació la Generalitat de Catalunya es permeti d’obrir una pàgina web dirigida a l’exterior, on s’intenta vendre la idea de les arrels democràtiques del procés, faria riure, si la situació del país no fos ja de tragèdia. La veritat és que tot plegat els que surten millor lliurats en tot aquest escàndol són els sectors que sempre han estat clarament nacionalistes, àdhuc independentistas. Al  meu entendre, la coherència sempre és d’agrair en circumstàncies semblants.  Ara bé, l’oportunisme dels altres, dels parvenus, no té excusa, incloent-hi les dues grans centrals sindicals suposadament de classe. Tant es cotitza una creu de Sant Jordi?

No fa gaire dies els secretaris generals d’ambdues organitzacions es fotografiaven amb Muriel Casals a les Tres Xemeneies. Era la seva contribució  a “l’esforç patriòtic” que volia reflectir l’esmentada página web. Davant d’això haig d’admetre que no sóc objectiu. El meu avi matern, electricista, va fer en aquell lloc la vaga de l’any 19. A diferència del de la senyora Casals, m’ensumo. Així que suggereixo als “companys” Alvarez i Gallego que quan vulguin tornar a passar a la història de manera tan gràfica i tan poc heroica, ho facin a la confluència de Via Laietana amb Jonqueres, davant del monument a Cambó. És on s’escau.

Pi i Margall, ¿unionista? (Por Daniel Guerra Sesma*)

Los federalistas que contemplan el derecho de separación defienden algo políticamente legítimo pero constitucionalmente nuevo e históricamente ajeno al federalismo conocido hasta ahora. Pi i Margall y Carretero no defendían una confederación ni creían en el derecho a la autodeterminación sino una única soberanía en un Estado federal de tipo orgánico

El debate catalán es tan amplio que ofrece la posibilidad de analizarlo desde diversas perspectivas. A la cuestión económica y cultural se suma, con fuerza, la legitimidad histórica de las propuestas que se plantean. Sin embargo, algunas personas se adentran en la historia para justificar determinadas posiciones políticas y se alejan del mínimo objetivo requerido. Así, en Cataluña se suele citar la fórmula de “Nación de naciones” de Anselmo Carretero para defender el Estado plurinacional, cuando Carretero lo rechazó explícitamente tanto en Las Nacionalidades españolas (1952, 1977) como en Los pueblos de España (1980). Para Carretero, España era una nación política de nacionalidades culturales que podían desarrollar el autogobierno en su seno. Sin embargo, siempre defendió el mantenimiento de una única soberanía nacional y el derecho de todas las regiones a la autonomía; de todas, no sólo de las que plebiscitaron estatuto durante la II República. El modelo de Carretero, pues, no era el Estado plurinacional, sino un Estado federal de tipo orgánico basado en una única soberanía y, por supuesto, sin derecho de autodeterminación.

Algunos federalistas plurinacionales identifican la capacidad de los territorios que pactan para formar un Estado, con el derecho posterior a la separación. Tanto Pi como el federalismo contemporáneo rechazan esa posibilidad

Con el federalismo pactista de Pi i Margall sucede algo parecido. Algunos federalistas plurinacionales identifican la capacidad de los territorios que pactan para formar un Estado, con el derecho posterior a la separación. Es decir, entienden que la soberanía previa para pactar la mantienen después del pacto. Tanto Pi como el federalismo contemporáneo rechazan esa posibilidad: el libre consentimiento es para unirse, no para separarse.

Al final del Libro II de Las Nacionalidades (1877), en el capítulo 12, Pi afirma sobre la unidad de las federaciones o confederaciones (usa ambos términos indistintamente) que “en la voluntad descansan los contratos y no se anulan o rescinden por la de uno de los contratantes. Por el mutuo consentimiento se formaron, y sólo por el mutuo disentimiento se disuelven cuando no se ha cumplido el fin para que se hicieron ni los afecta ninguno de los vicios que los invalidan” (principio de pacta sunt servanda). Asimismo, las confederaciones “podrían disolverse por el mutuo disentimiento de los que las establecieron, no por el de uno o más pueblos”. Pi contempla, pues, la disolución o disgregación de una federación, pero no la secesión de una parte del territorio, proponiendo incluso medidas de fuerza para garantizar la unidad del conjunto: “Están así en su derecho cuando caen espada en mano contra los Estados que por su sola voluntad intentan separarse. Como que el primero y más importante de sus deberes es sostenerse a sí mismas, esto es, mantener unidos los grupos confederados”.

Para los casos de disolución, disgregación (no secesión) o incorporación de un territorio a la federación, Pi contemplaba la reforma constitucional y un acuerdo de la Asamblea Federal. Asimismo, el derecho de un territorio a no integrarse en el nuevo Estado federal, pero no la separación posterior. En una escena del Diálogo Tercero de Las luchas de nuestros días (1890), Don Rodrigo le pregunta a Don Leoncio: “¿Qué hará V. cuando una región desobedezca las leyes del Estado?”, a lo que éste responde: “Obligarla por la fuerza a que las cumpla. ¿Es acaso la federación un nombre vano?”. El art. 155 de la Constitución, considerado como un exceso unitarista, ya tenía un precursor en Pi. 

La doctrina de la Corte Suprema canadiense con respecto al Quebec es algo más flexible que la teoría pimargalliana: no hay derecho a la separación ni de autodeterminación en un Estado federal, pero puede haber un pacto con éste en caso de manifestación clara y mayoritaria de una voluntad secesionista, que puede expresarse a través de un referéndum. Tanto Canadá como el Reino Unido, a diferencia de España, sostienen que el referéndum de por sí no es el reconocimiento previo de ninguna soberanía, sino un medio para saber si habrá que reconocerla posteriormente. El Gobierno español, en cambio, mantiene otra postura al respecto, negándose tanto a la cesión competencial del 150.2 de la Constitución como al referéndum consultivo del 92.1 aplicado sólo a Cataluña, lo que en todo caso exigiría una lectura flexible del texto ya que habla de referéndum “de todos los ciudadanos”, se entiende españoles.

El federalismo existente en América, Europa y Oceanía no admite la separación ni la autodeterminación. Ninguna constitución federal reconoce tal posibilidad. Ya en su momento Pi lo justificó diciendo que el fin de la federación es la unión, no la separación, por lo que sería contradictorio su reconocimiento constitucional

En todo caso, el federalismo existente en América, Europa y Oceanía no admite la separación ni la autodeterminación. Ninguna constitución federal reconoce tal posibilidad. Ya en su momento Pi lo justificó diciendo que el fin de la federación es la unión, no la separación, por lo que sería contradictorio su reconocimiento constitucional. Así, en el citado Diálogo de Las Luchas de nuestros días (1890): “¿Quiénes han de querer la separación? Los federales no, puesto que federar es unir, y pidiendo o favoreciendo la separación, contradirían su nombre y su principio”. En la conferencia internacional sobre federalismo organizada en 1999 por Stephan Dion en Mont Tremblant, Bill Clinton recordó que el intento de separación unilateral de los Estados del sur costó una guerra civil en los EE.UU., y que el federalismo defendió la unión.

Así pues, no es cierto que la soberanía previa de los territorios que se federan se mantenga después del pacto constituyente. Esa soberanía, como fuente originaria de poder, se pierde en beneficio de una soberanía popular única en la que se basa el nuevo Estado federal. Los territorios, particularmente y a través de una Cámara federal, pueden mantener el ejercicio de una soberanía funcional para su autogobierno, como es lógico en todo Estado compuesto. Pero la soberanía que tenían antes del pacto para unirse la pierden cuando constituyen el nuevo Estado federal y ya no pueden separarse de él. Como dice Pi: “Todos los pueblos, al confederarse, hacen un verdadero sacrificio de sus poderes”.
Otra cosa es, desde una interpretación más flexible del concepto de federalismo,  proponer que la soberanía territorial anterior se mantenga posteriormente y se contemple los derechos de autodeterminación y de separación. Habría que dilucidar entonces qué tipo de Estado o forma política podría asumir eso, y cuál sería el alcance del pacto. Esta posibilidad parecería más razonable en un esquema confederal o de simple alianza, pero no en la constitución de un Estado federal. A falta de datos empíricos más precisos, sólo podemos decir que los federalistas que contemplan el derecho de separación defienden algo políticamente legítimo, pero constitucionalmente nuevo e históricamente ajeno al federalismo conocido hasta ahora.  

*Daniel Guerra Sesma es politólogo, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Sevilla y autor de Socialismo español y federalismo, 1873-1976 (KRK Ediciones-FJB, Oviedo, 2013)

Este artículo fue publicado con posterioridad por el diario El País: Pi y Margall, ‘unionista’

Tirar de la cadena (Por Ferran Gallego)

La política es estética, y lo que primó es ese gran teatro de las Cortes españolas fue la pretensión de los dirigentes de tres grupos parlamentarios del Parlament de representar a Catalunya entera, a la verdadera Catalunya consciente y honesta como si quienes votaron a otros partidos fueran sólo el público obligado a tragarse la representación nacionalista

En la que, según creo, ha sido su mejor intervención en esta atormentada legislatura, Pérez Rubalcaba no olvidó hacerle un reproche elemental a Joan Herrera, integrante del servicio de mensajería parlamentaria que el 8 de abril trató de dar escenificación institucional a un presunto conflicto ontológico entre catalanes y españoles.  Insistiré en esa referencia a la política una vez más convertida en estética. Pero empezaré por resaltar ahora la importancia de algo que podría pasar desapercibido en el conjunto de un discurso soberbio, en la forma y en el fondo, que dejó en evidencia  –por si aún hacía falta- la escasa lucidez argumentativa, la jibarizada capacidad de expresión, y los trucos de primer curso de logomaquia con que los comisionados hicieron tan flaco favor a sus propias propuestas.

Quien no está dispuesto a poner en quiebra la hegemonía del nacionalismo conservador en Catalunya, quien no se moviliza contra ello, podría no salir en la foto

Rubalcaba reprochó a Joan Herrera que, siendo de izquierdas, hubiera olvidado –en caso de que lo hubiera sabido alguna vez- que las leyes y el derecho no son formalismos alternativos a la voluntad política del pueblo, sino las únicas garantías de las que disponemos aquellos que no tenemos ninguna otra cosa para defendernos de los abusos de la autoridad y para asegurar nuestra integridad ante los más ricos y los más fuertes, siempre poco sensibles a lo que pueda ofrecer un Estado de derecho. Lo hizo a su manera, como de pasada, como a bote pronto, como si se le acabara de ocurrir en el fragor del debate. Y convendría que su alusión no quedara suspendida en un estado de ingravidez, de apostilla insustancial, de anotación secundaria, porque precisamente en lo que se le dijo y en lo que quedó por decirle en la misma línea al dirigente ecosocialista, se encuentra un factor central de nuestro debate político.

Y es que Rubalcaba podía haberle soltado al  “compañero” Herrera   algunas otras cosas, como la que le hizo saber a Coscubiela al hablar de la identidad nacional, confundida con un recurso exclusivo y con una lastimosa peculiaridad que quiere atribuirse a quienes vivimos, trabajamos o sufrimos el paro en Catalunya –“vayan ustedes a hablar de identidad a los trabajadores de Mieres o de Puente Genil”-. También le podía haber dicho Rubalcaba al máximo dirigente de ICV, quizás elevando el tono como hizo en momentos en que la gravedad del tema obligaba a una tranquila solemnidad, que le resultaba amargo ver a una formación de izquierdas deambulando con esas compañías. Podía haberle dicho que le sorprendía, en especial, porque Iniciativa per Catalunya se empeña en presentarse como continuidad política del PSUC, sin que se plantee ya siquiera aquellas ocurrencias de su fundador,  que no dudó en hablar de “tall conceptual” para abandonar el comunismo, sin pagar derechos de autor a Althusser y su teoría de la “ruptura epistemológica” entre el joven y el viejo Marx. Podía habérselo dicho porque, siendo capaz de conciliar a Heráclito y Parménides, la formación ecosocialista insiste en creer que el Ser de la “esquerra de debò”, es inmutable, mientras afirma que no piensa bañarse dos veces, ni siquiera dos, en el río donde fluyen sin cesar la moda tacticista y las efímeras vigencias de la imagen.  Podría habérselo propinado porque ICV no deja pasar ocasión alguna para marcar paquete histórico, recordando las siglas y el emblema del PSUC de la Transición en ocasiones que parecen hechas a la medida de sus actuales relaciones con la tradición comunista catalana: los homenajes póstumos, las presentaciones de libros de memorias, los obituarios que dan cuenta del fallecimiento de los viejos luchadores.

Por esa relación que ICV desea mantener con la izquierda socialista y obrera catalana,  tan lejos de la política y de la ideología, pero tan cerca de la apropiación simbólica y del saqueo de la memoria, Rubalcaba podría haberle soltado a Joan Herrera las cosas con mayor claridad, aprovechando incluso ese garbo con el que el dirigente ecologista trató de colar el gato del tuteo – “¡Alfredo, hombre!”- por la liebre de la complicidad ideológica.  Habríamos agradecido que le dijera que, gracias a ICV, había podido constituirse una apariencia de frente nacional, cubriendo el flanco “socialista” y “obrerista” del proyecto liderado por Mas y por Junqueras. Que, sin la participación de su formación política –a la que se sumó Esquerra Unida i Alternativa, incapaz de superar su vocación apendicular-, el frente nacional no se concretaba en nada que fuera políticamente viable. Que, sin esa innecesaria y gratuita colaboración, CiU y ERC se habrían limitado a llegar a un acuerdo como el que ya tienen desde hace tiempo en esa bochornosa mezcla de gobierno y oposición que se permiten fingir todos los días. Que, de no haber firmado,  se habría mantenido abierto un debate que no habría permitido tomar impulso al nacionalismo catalán a costa del bloqueo, desconcierto y problemas graves introducidos en el campo de la izquierda. De momento, en el PSC, pero en un futuro muy cercano en la coalición ICV-EUiA, y en cada uno de sus componentes a no tardar.

Quizás cuando el “proceso” haya desgastado aún más la calidad democrática de Catalunya y haya desperdiciado la posibilidad de construir una propuesta federal identificada exclusivamente con la izquierda, ICV podrá respondernos que sabía perfectamente a dónde iba. A cumplir con su sueño antisistema, a tratar de convertir la movilización nacionalista en una triste dúplica de la lucha contra la crisis, en un espejo deforme de la agitación social contra la casta  que ha generado y está gestionando un sufrimiento social inaudito

Quizás la exhortación no habría tenido efecto en la persona a la que iba dirigida, siempre tan segura de sí misma, y siempre con el aspecto de estar al frente de una gran organización de masas, que presenta como virtud, y no como defecto, que en su interior se manifiesten todas las actitudes que en estos momentos enfrentan a los catalanes en torno a la propuesta de independencia. Porque, para ICV, es ejemplar, y no vergonzoso, que su absoluta carencia de definición también en este campo permita que en ella convivan federalistas de variada calidad, nacionalistas de diverso tono, independentistas de distintas opciones tácticas, e incluso autonomistas que quizás no se han atrevido a proclamar que la autonomía fue, precisamente, la solución que el PSUC dio en otro tiempo a su análisis de España como Estado multinacional. Porque tiene guasa que quienes ahora critican a Pere Navarro por reunirse con los dirigentes del PP para celebrar el día de la Constitución, olviden lo disciplinados que fueron los militantes del PSUC, que en 1978 votaron un texto en el que quizás no se sentían muy cómodos, pero que había sido presentado como conquista de los trabajadores, como objetivo cubierto de la lucha por el Estatuto, y no como resignada aceptación de la derrota frente a un continuismo conservador y españolista más potente.

En realidad, de lo que se trataba era de decirle a Joan Herrera que la inversión de la frase de Alfonso Guerra es de tan mal gusto como su formulación original. “Quien no se mueve, sale en la foto”. En efecto, quien no está dispuesto a poner en quiebra la hegemonía del nacionalismo conservador en Catalunya, quien no se moviliza contra ello, podría no salir en la foto. Y quizás nos equivocamos cuando afirmamos que Iniciativa estuvo ahí a cambio de nada. Porque salir en esa imagen era una finalidad en sí misma. Estar en el escenario y protagonizar la magnitud de la comedia bien valió saber que se aprobarían nuevos presupuestos socialmente radioactivos, dañinos para esa cohesión social que, evidentemente, no se genera ni se encuentra solamente en la inmersión lingüística, cuyo éxito en términos puramente escolares pudimos ver en la fluidez verbal de Marta Rovira. La política es estética, y lo que prima es ese gran teatro de las Cortes españolas,  en el que dirigentes de tres grupos parlamentarios del Parlament pretenden representar a Catalunya entera, a la verdadera Catalunya consciente y honesta, como si quienes votaron al PSC y al PP, quienes pusieron más escaños socialistas y populares en las Cortes que los obtenidos por los grupos de los tres comisionados,  dejaran de ser actores de reparto para convertirse en público, obligado a tragarse la representación nacionalista. Lo que importaba era el efecto visual, acompañado de palabras livianas, propias de esa cancioncilla irritante de verano que vamos a escuchar durante unos meses, y en el que la letra importa menos que el pegadizo aire musical a cuyo ritmo vamos a bailar hasta el mes de noviembre.
Habríamos agradecido que Rubalcaba le preguntara a ICV si sabía con quién iba, para entender en dónde íbamos a acabar quienes llevamos más de treinta años definiendo nuestra posición política en el lugar más alejado posible de lo que se le ocurra al pujolismo, en cualquiera de sus trances. Quizás, dentro de muy pocas semanas, cuando el “proceso” haya desgastado aún más la calidad democrática de Catalunya y haya desperdiciado la posibilidad de construir una propuesta federal identificada exclusivamente con la izquierda, ICV podrá respondernos que sabía perfectamente a dónde iba. A cumplir con su sueño antisistema, a tratar de convertir la movilización nacionalista en una triste dúplica de la lucha contra la crisis, en un espejo deforme de la agitación social contra la casta  que ha generado y está gestionando un sufrimiento social inaudito. A enlazar las manos en otra cartografía sentimental el próximo 11 de septiembre, abrazándose a quienes en todo se diferencian de las culturas de izquierda desde 1980, cuando los socialistas del PSC-PSOE y los comunistas del PSUC fuimos vencidos por el gran acuerdo de la derecha española y catalana, ejercido por CiU y apoyado por ERC y UCD. A  crear un escenario de conflicto con la izquierda española y de reconciliación con la derecha catalana en un nuevo día festivo. A salir a la calle. A participar en la marcha. A tirar de la cadena.

Diálogo y «derecho a decidir» (por Jean Leclair*)

Con su sentencia reciente sobre la Declaración de soberanía del pueblo catalán, el Tribunal Constitucional español ha coincidido con el Tribunal Supremo de Canadá en la importancia de dejar abierta la puerta a la negociación y al diálogo. El Tribunal ha recordado también que autonomía no es sinónimo de soberanía y que una región no puede convocar un referéndum que verse sobre el acceso a la independencia

El Tribunal Constitucional español ha resuelto recientemente sobre la inconstitucionalidad de la declaración de soberanía del pueblo catalán, así como de la posible secesión unilateral que podría derivarse de ésta. Para sorpresa de todos, el Tribunal ha reconocido sin embargo la constitucionalidad del “derecho a decidir”, enunciado en la Declaración de soberanía del pueblo catalán, siempre que este derecho se ajuste al marco delimitado por este Tribunal.

El denominado « derecho a decidir» no se identifica con el derecho de autodeterminación sino que se asemeja más bien a una “aspiración política”

Según el Tribunal, dicho « derecho a decidir » no se identifica con el derecho de autodeterminación. Sin embargo, este principio no vulnera la Constitución española, ya que, según este Tribunal, se asemeja más bien a una “aspiración política”, pudiendo ésta realizarse desde el respeto a los principios de legitimidad democrática, pluralismo y primacía del derecho. El Tribunal añade también que, no pronunciándose la Constitución sobre un cierto número de cuestiones y, en concreto, sobre el estatus constitucional de una Comunidad Autónoma, corresponde a los agentes políticos implicados el “dialogar y cooperar”, a fin de hallar una solución compatible con el marco constitucional español.

Sin llegar a reconocer la legalidad de llevar a cabo un referéndum sobre la soberanía, como así lo ha hecho el Tribunal Supremo de Canadá, el Tribunal Constitucional español ha coincidido sin embargo con su homólogo canadiense en dejar abierta la puerta a la negociación y al diálogo.

Cabe destacar que el Tribunal Supremo de Canadá no ha reconocido nunca a Quebec el derecho de secesión. Ha reconocido más bien el hecho de que una respuesta afirmativa clara, pronunciada por una mayoría clara de quebequeses sobre una cuestión relativa a la soberanía, conllevaría la obligación de negociar a las autoridades centrales. Nada más. Como así lo manifiesta el Tribunal Supremo, “nadie está en condiciones de predecir el curso que podrían tomar dichas negociaciones. Debemos admitir la posibilidad de que no se llegara a ningún acuerdo entre las partes”. Y añade: “no pueden darse verdaderas negociaciones cuando el resultado buscado, la secesión, se concibe como un derecho absoluto derivado de una obligación constitucional de hacerlo efectivo. Una presuposición de estas características dejaría sin efecto la obligación de negociar y la desproveería de sentido”.

En definitiva, incluso en Canadá, un proyecto de independencia no consiste simplemente en algo que se « decide » a través de un voto, sino más bien en algo que se “lleva a cabo” a través de la negociación y del diálogo.

El Tribunal Supremo de Canadá no ha reconocido nunca a Quebec el derecho de secesión. Ha reconocido más bien el hecho de que una respuesta afirmativa clara, pronunciada por una mayoría clara de quebequeses sobre una cuestión relativa a la soberanía, conllevaría la obligación de negociar a las autoridades centrales

Contrariamente al Tribunal Supremo de Canadá, el Tribunal español ha dificultado el diálogo haciendo de la soberanía un atributo exclusivo del pueblo español. Así, los jueces han recordado que, según la Constitución española, la soberanía nacional la detenta el pueblo español en su conjunto, no pudiendo ésta resultar de un pacto entre las colectividades territoriales históricas. El Tribunal ha recordado también que autonomía no es sinónimo de soberanía y que, por consiguiente, una región no puede convocar un referéndum que verse sobre el acceso a la independencia. Despojando a la comunidad política catalana de los atributos de soberanía, el más alto Tribunal ha deslegitimado simbólicamente, de alguna manera, las reivindicaciones catalanas.  No cabe duda que de esta manera ha constreñido el ámbito del diálogo.

Los jueces canadienses han evitado caer en la trampa de la soberanía “una e indivisible”. Han rechazado conscientemente amordazar a una u otra comunidad política (nacional o quebequesa) negándole a una de ellas el atributo de la soberanía.  Evitando recurrir a este término, han insistido en el hecho de que, en un Estado multinacional, “pueden coexistir mayorías diferentes e igualmente legítimas en diferentes provincias y territorios, así como a nivel federal. Ninguna mayoría es más o menos “legítima” que otra, en la medida en que representa la expresión de la opinión democrática, aunque, por supuesto, sus consecuencias pueden variar según lo que esté en juego”.

De esta manera, los jueces canadienses han concluido que el intento de acceder a la soberanía “exigiría la conciliación de diferentes derechos y obligaciones por parte de los representantes de dos mayorías legítimas, véase, una clara mayoría de la población de Quebec y una clara mayoría del conjunto de Canadá, sea la que sea.  No se puede admitir que una de estas mayorías tenga preeminencia sobre la otra.” En definitiva, al reconocer a las dos comunidades políticas (nacional y quebequesa) una misma legitimidad, el Tribunal Supremo de Canadá ha dejado abonado el terreno para el diálogo y la negociación. Es quizá lo que trataba de hacer el más alto Tribunal español, dentro del ajustado marco que le imponía el artículo 1.2 de la Constitución española.

*Traducción de Eva López Espín

La violencia policial en Cataluña (Por Carlos Jiménez Villarejo)

En los últimos años hemos asistido a un importante crecimiento del volumen de procedimientos penales incoados contra Mossos d’Esquadra y a un agravamiento de los delitos que se les imputan, entre ellos el de tortura. Esto ocurre mientras ciertos poderes públicos, entre ellos la alianza CiU-PP, contemporizan con prácticas policiales de malos tratos policiales y favorecen la impunidad

Recientemente, un alto cargo convergente llamado Rull llamaba, con notable ligereza, falta de rigor y ausencia de criterios democráticos, a ir construyendo el  futuro Estado independiente de Cataluña. Todo ello,  antes que se hayan solventado los graves problemas legales que plantean la reciente sentencia del Tribunal Constitucional y el rechazo ampliamente mayoritariamente en el Congreso de los Diputados a la delegación a la Generalitat para la celebración de la prevista consulta. Somos muchos los ciudadanos catalanes, estoy seguro que la mayoría, que exigimos respeto a nuestra voluntad de no admitir ninguna forma de secesión de Cataluña respecto de España, lo que exige la necesidad de una expresión libre y democrática dentro de un marco constitucional perfectamente definido. Tarea pendiente de extraordinaria complejidad.

Pero, hoy queremos expresar nuestra preocupación por la extrema debilidad de las actuales bases del régimen autonómico que, cómo no, deberían preocupar más a los ciudadanos que los señuelos planteados por los partidos soberanistas.

Un grupo de Mossos d’Esquadra retienen a un hombre en el barrio del Raval en 2013 y le propinan puñetazos, patadas y rodillazos

Por ejemplo, la violencia de la policía autonómica catalana que adquiere su máxima expresión en el delito de tortura. La tortura, en cuanto suele producirse en centros de detención policial, con un control judicial insuficiente y por un indeterminado número de funcionarios, cuya identificación resulta problemática, son circunstancias que favorecen la impunidad como lo ha expresado claramente la penalista María Luisa Maqueda con las siguiente palabras: “La tortura no puede, en efecto identificarse con cualquier lesión de un particular por cruel y alevosa que ésta sea, porque exige ser valorada en el contexto que le es propio que no es otro que el de las relaciones de poder –poder “pactado”– que ostenta el Estado respecto de los particulares y fruto característico de su abuso” (“La tortura y otros tratos inhumanos y degradantes”, Anuario de derecho penal y ciencias penales, tomo XXXIX, mayo-agosto 1986, pp. 422-485, nota 27 de la p. 430).

Todo ello consecuencia de que los sujetos activos de la tortura son autoridades o funcionarios  pertenecientes a cuerpos de policía por lo que el delito de tortura, en cuanto se produce en el marco de las instituciones estatales, es lo que puede denominarse un “crimen de Estado”.

La última Memoria del Fiscal General del Estado dedica un amplio capítulo al estudio de esta forma de delincuencia. El Fiscal General estima que dicha información es “un instrumento útil para valorar el grado de cumplimiento de los derechos de las personas detenidas y privadas de libertad, así como los mecanismos de investigación judicial ante las denuncias” por dichos delitos.

El delito de tortura se convierte en un “crimen de Estado” al ser los sujetos activos de la tortura autoridades o funcionarios pertenecientes a cuerpos de policía y al producirse en el marco de las instituciones estatales

El total de procedimientos contemplados, solo por la presunta comisión de los delitos de tortura y contra la integridad moral, es de setenta y nueve (79).

Los identificados corresponden a los siguientes años:

2008: 3;  2009: 8;  2010: 16;  2011: 21;  2012: 7

Están distribuidos por las diversas Comunidades Autónomas, si bien la mayoría de ellos corresponden a Madrid, Barcelona y especialmente Euskadi, que instruye el 29,6 % de todas las causas examinadas.

En todo caso, aquí nos interesa destacar, al menos durante un periodo determinado, la gravedad del volumen de los procedimientos penales incoados contra Mossos d’Esquadra por denuncias de los ciudadanos, en cuanto signo de la reacción popular ante los presuntos abusos policiales y del grado de sometimiento, a nuestro juicio muy elevado, de los Mossos a los Juzgados y Tribunales por actuaciones presuntamente delictivas. Corresponde a los años 2008-2010.

Año 2008

Resumen de archivos, absoluciones y condenas: 266

Archivos (previos a la celebración de juicio): 90

Juicios: 176

Absoluciones: 163

Condenas: 13

Año 2009

Resumen de archivos, absoluciones y condenas: 220

Archivos: 83

Juicios: 137

Absoluciones: 126

Condenas: 11

Año 2010

Suma de archivos, absoluciones y condenas: 119

Archivos: 49

Juicios: 70

Absoluciones: 66

Condenas: 4

Total Archivos: 222

Total Absoluciones: 355

Total Condenas: 28

Total procedimientos penales incoados por denuncias ciudadanas (archivos, absoluciones y condenas): 605

Porcentaje de condenas sobre procedimientos incoados: 4,62%

En cuanto al alcance efectivo de la respuesta judicial, valgan tres ejemplos muy significativos. La Audiencia Provincial de Barcelona, por sentencia de 20 de Noviembre de 2008, impuso severas penas a cinco Mossos d’Esquadra por delitos de tortura, contra la integridad moral, de lesiones, contra la inviolabilidad del domicilio y diversas faltas. Pero, a partir de aquí, comenzó un proceso de reducción de las penas impuestas que inició el Tribunal Supremo. Hasta llegar, por la vía del indulto, al Gobierno del Estado que, sustituyó las penas impuestas, especialmente respecto a tres de ellos, por dos años de prisión. Posteriormente, estas penas, por esta misma vía,  fueron rebajadas aún más hasta convertirse en una sanción simbólica. Finalmente, la pena la impuso el Poder Ejecutivo y la tortura quedó prácticamente impune. Aquí, la alianza CiU- PP funcionó a la perfección. En todo caso, es un dato que confirma que ciertos poderes públicos, en este caso de CiU, continúan contemporizando con prácticas policiales de malos tratos policiales o de tortura.  

Penas severas impuestas por delitos muy graves han terminado convertidas en meras sanciones simbólicas tras un proceso de reducción en el que ha participado el Tribunal Supremo y los gobiernos de España y Cataluña

Por otra parte, el Auto de 21 de mayo de 2012, de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el que se deniega a un Mosso d’Esquadra, tras haber sido también indultado, la suspensión de la ejecución de la pena impuesta por un delito de tortura: “Por otro lado, debemos tener en cuenta la condición del penado, sujeto activo, como agente de la policía, que estando llamado, por mandato constitucional y legal, a proteger a los ciudadanos, ha maltrecho de forma literal, directa y sin paliativos, los principios inspiradores y de actuación del cuerpo policial, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalitat - Mossos d’Esquadra”.

Y, asimismo, el Auto de 31 de octubre de 2013 del Juzgado de Instrucción nº 20 de Barcelona, en el que se acuerda la imputación de 8 Mossos por la violenta muerte causada en el Raval en el pasado mes de octubre de 2013. Les atribuye “un delito contra la vida y/o contra la integridad física, un delito contra la integridad moral, así como por los ilícitos de obstrucción a la justicia y de coacciones”. Luego, la Audiencia de Barcelona ha confirmado que la muerte se  produjo “por el uso excesivo de la fuerza por los agentes”. Datos seriamente preocupantes. Y, SOS Racisme, en su Informe anual, señala que en 2013 siete Mossos han sido imputados y/o acusados por actos punibles de signo racista.

Todo ello, más el uso abusivo y desproporcionado de las balas de goma que tantos daños irreversibles e impunes ha causado.

Sobre todo, porque las noticias sobre la violencia policial de este Cuerpo policial no cesan. Según diversos diarios, las informaciones eran estas: ”Condenado un Mosso por torturar a un detenido en Les Corts”. “Juzgado un Mosso que apuñaló 13 veces a un taxista”, “Imputados nueve Mossos por lesiones a tres jóvenes en Barcelona”, ”Imputados seis Mossos de El Vendrell por lesiones a un detenido”. Asimismo, en  otra noticia se daba cuenta de la imputación de otros ocho Mossos por la muerte de un inmigrante marroquí en la Comisaría de El Vendrell.

Sería muy importante que los que se denominan “Mossos por la Independencia” se proclamaran “Mossos por los Derechos Humanos”.

Carlos Jiménez Villarejo es candidato de PODEMOS a las próximas elecciones europeas