Votos, escaños y soberanía popular (por Ferran Galllego)

La formación de mayorías de gobierno nacionalistas e incluso la posibilidad de que ERC haya escogido pareja de baile se ha basado en la sobrerrepresentación de territorios en los que –vaya casualidad- la izquierda no independentista es minoritaria. Mejor dicho: en los que la izquierda es minoritaria ¿Habría de extrañarnos que se hable ahora de mayoría parlamentaria, incluso cuando eso implique que se quiere tomar decisiones en minoría ciudadana?

“Era inevitable: el olor a almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados.”  El inicio de una de las novelas de García Márquez parece servir de entrada propicia para toda historia de emociones largamente insatisfechas, de conflicto dilatado entre la realidad y el deseo, de pasiones humanas revolcándose , como lo hizo aquel amor en los tiempos del cólera, en la larga espera de una consumación que tardó dos vidas enteras en producirse.

Es inevitable. Las referencias a una mayoría parlamentaria, en lugar de a una mayoría de votos para legitimar cualquier opción de poder, siempre recuerda el destino del populismo contrariado. Nuestro buen amigo Francisco Morente se atrevió a poner en duda el sistema electoral de Cataluña para demostrar, números en mano, que las mayorías absolutas nacionalistas siempre se habían constituido vulnerando la representación de una mayoría de votantes –no digamos ya de una mayoría de electores, que eso sería darse un garbeo por el país de las maravillas de Alicia-. No olvidó el profesor Morente referirse a la idéntica circunstancia que se produce para la elección del Congreso de los Diputados, donde impera un sistema siniestro que utiliza la excusa de la estabilidad para proteger, fuera ya del marco inicial de la transición democrática, los intereses de los dos partidos mayoritarios…y los  de los partidos nacionalistas. Cuando esos intereses chocan contra la igualdad del voto de los ciudadanos, es evidente que se está eligiendo un determinado bien –la formación de mayorías estables- frente a otro bien –los derechos idénticos de los individuos-.  Personalmente, y considerando lo que ha llovido desde aquellos años en que era preciso reforzar una democracia parlamentaria de partidos, no me cabe duda de cuál es el bien que debe elegirse. Pero el profesor Francisco Morente recibió una injusta, desproporcionada e insultante respuesta en la que se le puso al nivel de un sargento chusquero defendiendo los intereses de la madre España. Con las cosas de comer no se juega, y con los instrumentos para formar mayorías parlamentarias, menos aún.

El debate sobre cuál debe ser el sistema electoral idóneo en una democracia parlamentaria es tan viejo como la democracia parlamentaria misma, aunque haya tenido mucha menos fuerza en aquellos sistemas en los que lo principal no era el parlamento, sino la presidencia de la República -como sucede en Estados Unidos- o donde, de un modo más definido y más reciente, era resultado de una derrota del parlamentarismo en una crisis nacional, como sucede en la Francia de la V República. Recordemos que el actual sistema electoral francés fue fabricado precisamente en la lógica de un proyecto que venía definiendo Charles de Gaulle desde su salida del gobierno en 1946 y la formación, al año siguiente,  del Rassemblement du Peuple Français. De lo que se trataba era de volver a definir la soberanía del pueblo arrebatándosela a los partidos que,  según la perspectiva del gaullismo,  la habían usurpado. La primera vez que se aplicó el régimen electoral mayoritario en nuestro país vecino, el Partido Comunista redujo su representación a diez escaños –de los más de cien con los que contaba hasta entonces-, mientras el partido del gobierno pasaba a disponer mayorías abrumadoras salidas de la voluntad de poco más de un tercio de los votantes. Solo en 1986, cumpliendo una promesa del programa de la Izquierda de 1981, Mitterrand impuso de nuevo el sistema proporcional, que permitió a los seguidores de Le Pen irrumpir con 35 escaños en la Asamblea Nacional. Fue bastante esa llegada de los bárbaros para que Chirac renovara el viejo sistema mayoritario, de circunscripción uninominal a dos vueltas, que la izquierda socialdemócrata ha considerado inviolable desde entonces. A algunos les consolará que este sistema impida la llegada del Frente Nacional a las instituciones más altas de la República . Desde su salida del parlamento en 1988, el lepenismo  ha mantenido a sus 4-6 millones de votantes en la marginación representativa. A mí no me hace ninguna gracia ese efecto secundario que, en principio, no se buscó para la extrema derecha, sino para evitar que una izquierda dividida ferozmente entre comunistas y socialistas llegara a entenderse en el ballotage. Algunos deberían saber que las explicaciones del crecimiento del nazismo en los años treinta basadas en el sistema proporcional de la República de Weimar no se las toma ya nadie en serio, y que a todos los historiadores les parece más importante averiguar la conquista sistemática de la sociedad por diversos sectores antidemocráticos que confluyeron en el movimiento hitleriano, siendo su fuerza electoral la expresión última, y no la causa inicial, de la corrosión de la primera democracia alemana del siglo XX.

Es curioso que una tradición política como la catalana, en la que fueron hegemónicas las culturas libertaria y federal  -que son opciones de las clases trabajadoras que recelaban del poder del Estado y deseaban construir la política en la constante revitalización de la vida social-  haya acabado por tener como destino manifiesto del pueblo catalán  la construcción de lo que ellos llaman “un Estado propio”

He deseado extenderme en ese ejemplo tan cercano, que sigue mostrando bochornosas incoherencias entre lo que las personas votan y lo que los parlamentos representan, porque ese desastre se hizo, precisamente, en nombre de un pueblo francés al que los partidos oligárquicos habían hurtado sus derechos de intervención política. En el nombre del pueblo, otra vez. Y en contra de los ciudadanos, de nuevo.  Como hemos vivido una afanosa convocatoria permanente del pueblo catalán, algunas de las cosas que están ocurriendo deben incluirse en esa lógica. Deberá hacerse, por ejemplo, cuando aquí se ha llegado a un extremo que el gaullismo nunca quiso alcanzar. Porque el gaullismo tenía eso que se llama sentido de Estado, y aquí lo que se busca es precisamente jugar con el máximo de confusión posible con todo aquello que se llame representación, pueblo, ciudadanía parlamentarismo, democracia, soberanía y, desde luego, Estado.

Es curioso que una tradición política como la catalana, en la que fueron hegemónicas las culturas libertaria y federal  -que son opciones de las clases trabajadoras que recelaban del poder del Estado y deseaban construir la política en la constante revitalización de la vida social-  haya acabado por tener como destino manifiesto del pueblo catalán  la construcción de lo que ellos llaman “un Estado propio”. No creo el actual independentismo pueda llamarse heredero de las trayectorias que mejor constituyeron una percepción nacional y singular de las relaciones entre lo institucional y lo social. Por lo menos, mientras acepta ahora el liderazgo de fuerzas que, con toda claridad y diciéndolo sin tapujos, se han legitimado como continuidad de una práctica política basada en los acuerdos de la elite catalana con la que gobernaba el resto de España. Me reservo la opinión de algunos sectores de la izquierda más radical, cuya denuncia sistemática del Estado como “producto y manifestación de las contradicciones de clase”, como lo caracterizaba Lenin en 1917, parece haberse quedado para los seminarios de formación ideológica de los nuevos militantes, si es que todavía se hacen cosas de este tipo. En todo caso, que la izquierda pierda la perspectiva de clase en esta y otras muchas cuestiones no deja de ser un rasgo de nuestra época, que tan bien les funciona a quienes se suben al prestigio de lo “nuevo”, lo “valiente” y lo que “planta cara”, como se ha podido oír en la reciente campaña andaluza, para definir de esta forma curiosa dónde hasta donde ha llegado el desguace de la orientación política en este país.

Pero, como no se trata solo de pegar con la evocación de los clásicos o con la alusión a elementos centrales de una ideología a una izquierda que no tardará en encontrar los resultados de esa limadura del lenguaje -que es el primer síntoma de la pérdida de la hegemonía cultural-, vayamos a otros temas que interesan a todos. Porque lo que ha venido preocupándonos desde la convocatoria electoral del 27 de septiembre, y que con tanta exactitudresaltaba el amigo Xavier Arbós en su artículo del 18 de marzo es, verdaderamente, un espanto: prescindir de una mayoría de votantes para fijar la atención en la mayoría de parlamentarios. Plantear unas elecciones plebiscitarias y cargarse jocosamente el sentido último de la prueba: cuántas personas están a favor o en contra de opciones políticas independentistas o no independentistas. Una ocasión que permite, además, fuera del tramposo ejercicio de la famosa pregunta, averiguar la calidad real del voto ciudadano. Es decir, si se vota independista o no, pero también por qué proyecto social se opta; por qué manera de afrontar los desafíos de la crisis; por qué caminos para resolver problemas nacionales que expresan la soberanía popular en formas que no se limitan a afirmar la constitución de un Estado independiente, sino que desean expresar también cuál es el modelo de organización económica que se elige, el proyecto de sistema educativo que se prefiere, la trama de protección social que se considera imprescindible, y el esquema de relaciones entre los ciudadanos y las autoridades económicas europeas que se defiende. No he sido yo, no hemos sido nosotros, los que nos hemos empeñado en poner a estas elecciones la etiqueta solemne y peligrosa de una jornada plebiscitaria. Pero no es admisible que quienes así lo han decidido y divulgado se empeñen luego en deformar las elementales normas de conducta en una situación de este tipo. La mayoría parlamentaria, como ha venido sucediendo en Cataluña y en España desde el inicio de la transición, establece una desviación indeseable entre el voto popular y la representación institucional. Y no en poca medida, porque la formación de mayorías de gobierno nacionalistas e incluso la posibilidad de que ERC haya escogido pareja de baile –la llave, la maldita llave que Carod Rovira exhibió con jactancia y desprecio a la suma de los votos de los ciudadanos reales- se ha basado en la sobrerrepresentación de territorios en los que –vaya casualidad- la izquierda no independentista es minoritaria. Mejor dicho: en los que la izquierda es minoritaria.

En cuanto las encuestas –o la simple atención a las variaciones de la presión atmosférica- han señalado que el independentismo está en minoría, los asistentes a las infatigables reuniones en el Palau de la Generalitat han empezado a hablar de “mayoría parlamentaria”.  Ahora es cuando se puede oponer a su sentido de la democracia la calidad de la democracia misma. Ahora es cuando debemos objetar a su estrategia institucional la voluntad de los ciudadanos. Una voluntad que no es la de un sector del pueblo llenando las calles con sus legítimas reivindicaciones, sino esa decisión que sale del ejercicio del derecho al voto: individual, secreto, igual y libre.

¿De verdad hemos tenido un debate sobre la soberanía en la Cataluña movilizada por la crisis? Ni hemos hablado de lo que es el margen de gobierno real sobre las cuestiones que más nos afectan, ni hemos puesto en duda la organización de un sistema que entrega nuestras herramientas de política monetaria a la Unión Europea, ni hemos considerado en qué consiste la independencia de una nación en una organización internacional que el independentismo mayoritario ni siquiera comenta

Pero ¿de verdad nos extraña tanto que el “derecho a decidir” sea despedido por quienes se atestaron la boca con la reprimendas a quienes ponían en duda el derecho a votar, a quienes, de forma inexplicable, estaban en contra de que los ciudadanos se expresaran? ¿De verdad nos sorprende esa elección del resultado parlamentario, en detrimento del número de votos, por quienes urdieron una pregunta tan escandalosa como la que pretendían averiguar la voluntad de los ciudadanos de Cataluña el pasado 9 de noviembre? Esto es, simplemente, el resultado de la desquiciada manera de organizar un debate que el nacionalismo ha ido tejiendo desde la desatinada intervención del PP, por tierra, mar y aire, contra la reforma del Estatuto, hasta llegar a la sentencia del 2010. Y, en especial, lo que se ha ido produciendo desde el 2012: porque en las primeras elecciones tras la sentencia, el resultado del independentismo fue más que discreto, como parece haberse olvidado a la hora de fijar la cronología de los hechos.

Tiene que ver todo esto con lo que antes señalaba. La forma en que se ha ido utilizando un repertorio de palabras a las que, como dicen los lingüistas, les ha estallado el núcleo semántico: es decir, que han sufrido la pérdida de significado por ser sometidas a pruebas de stress en las que se les exigía que significaran demasiadas cosas, dependiendo de las necesidades de quien manda. ¿Estado propio? Debería haberse empezado por señalar que la Generalitat y el partido que la ha gobernado durante casi todos los años del régimen autonómico es Estado. No Estado de los demás, no Estado ajeno ni, mucho menos, delegación de un Estado en Cataluña. Es la estructura de Estado de la que se han dotado los ciudadanos de este país, y que aceptaron con embeleso, entusiasmo y ganancia representativa quienes la han ocupado casi siempre desde 1980.  ¿Soberanía? ¿De verdad hemos tenido un debate sobre la soberanía en la Cataluña movilizada por la crisis? Ni hemos hablado de lo que es el margen de gobierno real sobre las cuestiones que más nos afectan, ni hemos puesto en duda la organización de un sistema que entrega nuestras herramientas de política monetaria a la Unión Europea, ni hemos considerado en qué consiste la independencia de una nación en una organización internacional que el independentismo mayoritario ni siquiera comenta. ¿Democracia? Nada que tenga que ver con el incremento de su calidad nos ha sido dado en este conflicto, que empezó presentándose como negociación áspera entre dos espacios institucionales, dos ámbitos de poder, en la tradición camboniana y pujolista más acendrada. El debate sobre la democracia debería haber planteado cómo se organiza una sociedad plural, con antagonismos sociales, con modelos económico distintos y legítimos en la arena del enfrenamiento intelectual. El debate sobre la democracia habría debido referirse a esos temas sin los que la democracia es simple mecanismo de representación, y no garantía y ejercicio permanente de derechos políticos y sociales. ¿Hemos hablado de esa pluralidad, de ese conflicto indispensable para calificar la democracia, o se ha preferido unir a las masas, movilizarlas en torno a consignas simplificadas y convertir la independencia en un mito que expulsa cualquier factor que pueda reducir su potencia de convocatoria?  Porque aquí ha llegado a decirse que “no hay que hablar de recortes sociales, porque eso nos divide”, mostrando la cara más atroz de la función social del nacionalismo populista. Es decir, aquel rostro del que emana la sentencia de las peores pesadillas políticas del siglo XX: “la realidad nos separa, los espacios simbólicos nos unen.” Crear la cohesión sobre algo distinto a la realidad, preferir el ámbito de la deformación simbólica al espacio de la complejidad real, es algo propio de una cultura que nada tiene que ver con la democracia, sino precisamente con ponerle obstáculos a lo que podía haber sido su verdadero proceso constituyente. Para eso debía haber servido la crisis, por lo menor: para despertar a un país dormido en la pasada y farsante opulencia y ponerlo ante una realidad hostil, que precisa de toda la inteligencia, de toda la honestidad de análisis y de toda la conciencia de los intereses en conflicto que se mueven en nuestra sociedad, para escoger el camino de salida de la crisis que mejor atienda a las necesidades de la mayoría.

Sí, de eso se trataba, en estos años de pavoroso sufrimiento social en el que algunos, muchos, orientados por un liderazgo estatal que pretende no serlo, acompañados de liderazgos que no han pasado por prueba electoral alguna, fortificados por una información convertida en dolosa y sectaria propaganda, han preferido hablar del “pueblo” para esconder a los ciudadanos. Y para esconder, que les quede bien claro a esa izquierda que ha jugado incomprensiblemente en el bando de sus adversarios de siempre, a la clase trabajadora.  Los que han preferido la fuerza de una falsa reconciliación estética al rigor de un ágora política en la que la cohesión se adquiere recordando discrepancias y antagonismos fundamentales.  ¿Habría de extrañarnos que se hable de mayoría parlamentaria, incluso cuando eso implique que se quiere tomar decisiones en minoría ciudadana?

Federal o confederal, lo importante es que cace ratones (por Juan Campos Ara)

Una solución federal para el Estado español permitiría avanzar en mecanismos de participación de los distintos entes federados en la toma de decisiones de cara a la negociación europea. Pero también habría que avanzar en la necesaria federalización de las instituciones Europeas ya que el actual peso de los Estados Nación es un aliciente en los procesos de disgregación    

Con ocasión de la presentación en Zaragoza de la asociación “Federalistes d’Esquerres” fui invitado a participar en un coloquio para explicar el modelo territorial del Estado que defendemos en Chunta Aragonesista (CHA) y a resumir en un artículo lo allí expuesto. Agradeciendo a los amigos de “Federalistes d’ Esquerres” la oportunidad, trataré de ser breve y conciso.

Como es lógico en un partido político de corte netamente territorial, la cuestión del modelo territorial del Estado ha sido una de nuestras preocupaciones principales desde nuestro nacimiento en el año 1986. Así, nuestros estatutos fundacionales recogen como objetivo “la reforma, mediante el procedimiento legal previsto, de la Constitución Española de 1978, para la instauración de un Estado Federal” y posteriormente, en el año 1996 – con ocasión del proceso de reforma estatutaria abierto - celebramos una Conferencia Nacional bajo el título de “Aragón y el Estado” en la que elaboramos un documento que marcaba las reformas de carácter federal que veíamos necesarias en el modelo establecido por la Constitución.

Mucho ha llovido desde entonces y otros son los equilibrios que están en el punto de partida, por lo que recientemente culminamos un proceso de debate abierto –dentro y fuera de nuestra organización - que sintetizamos en el documento +ARA en el que se ofrece un nuevo acuerdo político a la ciudadanía aragonesa y en el que, entre otras cosas, hablamos de un modelo de Estado basado en premisas federales y, por qué no decirlo, confederales.

Hablamos, por tanto, de la sustitución del actual Estado autonómico español, por un Estado plurinacional, compuesto, laico y republicano, en el que cada territorio asuma el nivel de competencias que libremente determine y entre cuyas nacionalidades diferenciadas se encuentre plenamente reconocida la aragonesa, siendo necesario, para ello, un nuevo texto constitucional sobre la base de la federalidad o confederalidad, que reconozca el derecho de autodeterminación, entendiendo  como señala Michael Keating que “Hemos pasado de un mundo de soberanía absoluta a una era de post-soberanía, donde el poder se comparte en muchos niveles diferentes, por ello, la autodeterminación no implica necesariamente la creación de un Estado propio”

Consideramos irrenunciable el reconocimiento de la plena capacidad de decisión política de Aragón, estableciendo el principio de competencia exclusiva de Aragón salvo en las transferidas al Estado o asumidas por la UE (lo que la doctrina reconoce como el “principio de atribución” y con la recuperación y actualización de nuestros derechos históricos (ya reconocidos en la DA 5 del Estatuto del 82) y el establecimiento, como principio regulador de la relación con el Estado el de bilateralidad y, como expresión formal de éste, el refuerzo de la Comisión Bilateral cuyos acuerdos deberían ser vinculantes y tener fuerza jurídica.

Pero esto debe ser compatible con el desarrollo de los instrumentos federales de cooperación horizontal entre comunidades autónomas que resulten necesarios así como con la indispensable federalización de los órganos supremos de decisión judicial y constitucional, así como de todos los órganos de la Administración de Justicia que, en nuestro caso, debería culminar con la creación del Consejo Superior de Justicia de Aragón.

Tras reivindicar durante años su reforma y ante el descrédito que acumula, somos partidarios de la supresión del Senado; aunque será necesario establecer un sistema para que los diversos territorios participen en la elaboración de normas estatales que afecten a sus intereses  e incluso facilite la intervención de las naciones en las decisiones comunitarias

Se hace necesaria también la eliminación de órganos estatales vacíos de competencia y de las diputaciones provinciales cuyas competencias pueden ser asumidas por la DGA, las comarcas o los municipios directamente. Asimismo, reclamamos la eliminación de la administración periférica del estado en virtud del principio de administración única, función que deberá ejercer el gobierno de Aragón en su territorio.

Y por último, convencidos de que no hay soberanía política sin soberanía económica que nos permita gestionar nuestros recursos,  abogamos por establecer con el estado un acuerdo fiscal que determine la aportación de Aragón a los gastos comunes y a la necesaria solidaridad interterritorial; y la creación de una  hacienda pública aragonesa que nos permita recaudar, gestionar e inspeccionar en los asuntos tributarios de nuestra competencia; acordando una redistribución de la cesta de impuestos sin perjuicio de la regulación y coordinación europea y estatal en materia fiscal.

Todas estas medidas de corte federal o confederal pretenden dar solución a los problemas que el estado autonómico arrastra, clarificando el entramado competencial, facilitando la participación de los entes federados en la legislación de la federación lo que, sin duda hará que los conflictos de competencias se vean reducidos y la seguridad jurídica se fortalezca con un Tribunal Constitucional (cuya composición y forma de elección de magistrados deberá cambiar para posibilitar la intervención de los entes federados) mucho más útil. Pero sobre todo la federalización del Estado español deberá contribuir a integrar la diversidad política estableciendo un concepto de nación más complejo y plural que el que se limita a equiparar nación con Estado independiente, -quitando argumentos a quienes meramente estiran la cuerda desde los extremos- sin olvidar que todo debe encuadrase en el marco de la pertenencia a la UE y en la cesión de soberanía que esto supone. Una solución federal del estado español permitiría avanzar en mecanismos de participación de los distintos entes federados en los mecanismos de toma de decisiones de la federación de cara a la negociación europea. Pero también habría que insistir en la necesaria federalización de las instituciones Europeas ya que el actual peso de los estados-nación es un aliciente para los procesos de disgregación.

Somos plenamente conscientes, como señala Keating, que “los estados plurinacionales están condenados a una cierta incertidumbre existencial sobre las cuestiones de la soberanía y la ausencia de consensos estables, pero la práctica constitucional puede superar estos obstáculos y evitar el bloqueo permanente” , lo cual no nos garantiza un futuro halagüeño para las reformas necesarias ya que, lamentablemente, los principales partidos de corte estatal que se han venido definiendo como federales, poco o nada han empujado en esta dirección y muchos de  los federalistas “periféricos” han avanzado en otras direcciones dado el desencanto sufrido, alimentando a las fuerzas que abogan por la creación de estados independientes, lo que a su vez ha alimentado el resurgimiento de posiciones recentralizadoras.

Sin embargo, actualmente, estamos inmersos en un cambio de paradigma, en una suerte de período constituyente, en un momento crucial, en un verdadero momento de oportunidad que nos debe permitir avanzar venciendo resistencias; y la primera resistencia a vencer es la de todos aquellos que no consideran importante este tema “con la que está cayendo”. Hay que superar esta primera miopía. La cuestión de la forma de Estado es prioritaria en este momento de crisis económica, institucional, social y política en la que vivimos.

Una segunda resistencia a superar es la de los nostálgicos del estado unitario que no entienden que, como sostiene Ignatieff, los países son algo “político” no natural, es decir, que los países deben ser vistos como un ejemplo de voluntad cotidiana y sostenida en el tiempo, no como algo inmutable que hunde sus raíces en el tiempo.
Y por último señalar que los posibles acuerdos, a día de hoy, sólo pueden partir de arbitrar los mecanismos democráticos que permitan conocer la voluntad de reconstruir el Estado Español en clave federal –o confederal - de aquellas naciones en las que hay una voluntad de secesión más acentuada, en primer lugar, y en función del resultado de éstas consultas, también del resto de naciones y entes a federar. No digo que la consulta deba ser previa a la construcción teórica del modelo, pero aquella debe estar incluida en éste.  Es indispensable ahondar en la calidad de nuestra democracia reivindicando la primacía de la voluntad social y en este camino, la Ley de Claridad canadiense podría ser un ejemplo a seguir, aunque no el único.

“Tras mucho esfuerzo hemos llegado a la conclusión de que los países deben construirse sobre la libertad de pertenencia. De ahí nuestro sistema federal: no podíamos centralizar el poder en este país, porque no podemos centralizar la identidad” Michael Ignatieff, antiguo candidato a la Presidencia de Canadá por el Partido Liberal, en su obra “Fuego y Cenizas”

Un proceso constituyente para un nuevo país: hacia un estado federal, plurinacional y solidario (Por Patricia Luquin)

Ha llegado el momento de abordar sin tabúes la necesidad de abrir un proceso constituyente que nos permita construir un nuevo país. Debemos avanzar hacia una unidad federal desde el reconocimiento de la realidad plurinacional, defendiendo la igualdad de derechos y servicios básicos para toda la ciudadanía. El federalismo hace posible la cooperación y la solidaridad interterritorial con la pertenencia a una organización política común

(Este texto es un resumen de la intervención de Patricia Luquin, diputada y portavoz de Izquierda Unida (IU) en las cortes de Aragón, en la presentación de Federalistes d’Esquerres en Zaragoza el 25 de febrero de 2015) 

Las ideas federalistas deben actualizarse para responder a las necesidades de un mundo globalizado, donde siguen teniendo vigencia como alternativa a los Estados nacionales centralizados. En sociedades complejas y cada vez más plurales, donde los ciudadanos exigen más cercanía del poder, pero que al mismo tiempo se tienen que insertar en organizaciones políticas supranacionales en las cuales crece la interdependencia económica, política y social, el federalismo ofrece herramientas suficientes para manejar las muchas dificultades y contradicciones con que se enfrentan.

El federalismo hace posible la cooperación y la solidaridad interterritorial, el respeto y la integración de diferentes identidades

El federalismo hace posible una profundización de la democracia y de la participación ciudadana, el autogobierno local y regional, la cooperación y la solidaridad interterritorial, el respeto y la integración de diferentes identidades, la compatibilidad entre autodeterminación y pertenencia a una organización política común. Nuestra propuesta federalista edifica la organización política sobre la idea de pacto y negociación multilateral.

Frente al Estado nacional entendemos que debemos avanzar hacia la aceptación del Estado postnacional que ya no puede fundamentarse en los principios de soberanía, independencia, integridad territorial y unidad nacional o cultural, sino en los de interdependencia, libre determinación y pluralismo. Unidad federal desde el reconocimiento a la realidad plurinacional, que defiende la igualdad de derechos y servicios básicos para toda la ciudadanía vivan donde vivan, con plena igualdad de prestaciones y derechos en todas las unidades federadas.

La base del Estado federal es una unidad territorial que cuenta con potestad constitucional y legislativa propia. El Estado federal permite que cada unidad preserve su identidad y comparta y se enriquezca con otros aspectos en el seno de la nueva comunidad. La Constitución federal debe recoger la participación de las unidades federadas en la conformación de la voluntad federal. Ésta participación, así como su autonomía legislativa, constituyen elementos esenciales del tipo de autonomía política presente en este tipo de organización territorial.

El Estado postnacional ya no puede fundamentarse en los principios de soberanía, independencia, integridad territorial y unidad nacional o cultural, sino en los de interdependencia, libre determinación y pluralismo

Defendemos un modelo de Estado que permita acomodar el pluralismo de identidades, capaz de tener un discurso común donde se reconozca la diversidad; un Estado plurinacional no únicamente en el sentido de que suponga unir varias naciones sino también porque permite la convivencia en el mismo territorio y en la misma comunidad de personas que tienen concepciones distintas sobre la nación a la que pertenecen y que mantienen distintos sentimientos de identidad.

Sólo un Estado pluralista, que admita que en su seno pueden convivir varios sentimientos de identidad nacional, puede dar satisfacción a ciudadanos que imaginan de diversa forma la nación. Sólo un estado que profundice en la democracia a través de la descentralización y el autogobierno territorial en todos los niveles es capaz de manejar con soltura los inevitables conflictos de identidad y convivencia y de resolverlos a través del diálogo y el consenso. 

Para que la ciudadanía pueda ejercer el derecho a decidir en defensa de la democracia y el Estado es necesario ganar la hegemonía para desarrollar un proceso constituyente republicano que propugnamos en el conjunto del Estado, es aquí donde la propuesta de modelo de estado Federal Solidario encuentra su plena legitimación democrática; en articular una propuesta para todos los territorios de la España plurinacional, de carácter avanzado con el fin de construir el nuevo país que encaja en el nuevo Estado, descentralizado en lo político y unitario en término de derechos sociales para la mayoría trabajadora.

Hay que articular una propuesta para todos los territorios de la España plurinacional, de carácter avanzado con el fin de construir el nuevo país que encaje en el nuevo Estado, descentralizado en lo político y unitario en término de derechos sociales para la mayoría trabajadora

Un proceso constituyente concebido como herramienta democrática para ejercer el derecho a decidir desde una perspectiva social y de clase. Un proceso constituyente para construir un Estado que represente y defienda a la mayoría social trabajadora. Un proceso constituyente para que, en legítima defensa de sus derechos políticos y sociales, la mayoría social trabajadora ejerza el derecho a decidir, a partir de una arquitectura de Estado que le permita reclamar los derechos de ciudadanía que le son propios. En definitiva un proceso constituyente para un nuevo país.
Creemos y así defendemos que el proceso debe partir del reconocimiento de la superación de la Constitución de 1978, que se ha quedado obsoleta.  Debe ser un proceso abierto a la participación de muchos actores, a nivel colectivo e individual, y horizontal. Uno de los objetivos del proceso debe ser crear herramientas permanentes de participación y de revocación de los gobernantes y representantes por parte de la ciudadanía. El propio proceso tiene que tener como objetivo utilizar un lenguaje entendible y cercano, para que todos y todas puedan hacer política. Pensamos que ha llegado el momento de abordar sin tabúes, desde la serenidad, el rigor, pero también desde la audacia política, la necesidad de abrir un proceso constituyente que nos permita construir un nuevo país. Un nuevo país que en definitiva esté al servicio del interés general y que devuelve a la soberanía a los verdaderos protagonistas de nuestra democracia.

Federalistes contra creacionistes en el nou cicle electoral (per Francesc Trillas)

Les actituds d’alguns sectors de l’esquerra catalana i espanyola em recorda la d’aquests personatges neutrals entre evolucionisme i creacionisme: deixem que la gent decideixi, no ens mullem. En aquest cas no és per pressió del Tea Party, sino de la Tieta Party. Però la realitat és federalista

Alguns opten per ser neutrals entre les tesis evolucionistes, basades en l’evidència científica, i les tesis creacionistes, pròpies de determinades religions. Alguns dirigents educatius als Estats Units donen igualtat d’espais i recursos als qui proposen les dues teories, sense mullar-se (i a la vegada creient que la seva actitud és èticament superior). Cal respectar les persones que tenen creences religioses, i buscar el diàleg amb elles, però quan es tracta de dir com és la realitat d’aquest món, les persones sensates expliquen la veritat.

L’evolucionisme no és una veritat tancada, es pot formular de moltes maneres, i no permet fer prediccions exactes sobre com serà el futur. Però ens acosta molt més a com s’ha fet la realitat que ens envolta que no pas la interpretació literal del creacionisme, que com a molt alguns cientifics el poden defensar com a metàfora de l’existència de forces que no coniexem.

Les actituds d’alguns sectors de l’esquerra catalana i espanyola em recorda la d’aquests personatges neutrals entre evolucionisme i creacionisme: deixem que la gent decideixi, no ens mullem... O idealment intentem trobar una opció intermitja, com si entre el creacionisme i l’evolucionisme existís algun ens identificable en el món del segle XXI. Els entenc perquè des del nostre particular creacionisme les coses són tot el contrari que neutrals. En aquest cas no és per pressió del Tea Party, sino de la Tieta Party. Però la realitat és federalista, i no s’hauria de perdre cap oportunitat per posar-ho de manifest, certament de la forma més intel·ligent i eficaç que sigui possible en cada moment. No es tracta d’atacar els creacionistes amb un ateïsme militant i agressiu, sinó de convèncer el màxim número de persones que postular un creador literalment amb barba blanca no pot substituir les teories de Darwin i els qui l’han seguit que són molts i diversos, com els federalistes.

El proper mes de maig tenen lloc eleccions municipals a tota Catalunya i Espanya. I després tindran lloc eleccions al Parlament de Catalunya i eleccions generals. En el cas concret de Catalunya, tot i que potser amb menys intensitat del que es preveia fa uns mesos, les candidates i candidats estaran sota molta pressió per expressar la seva lleialtat al procés independentista o, en la seva absència, al "dret a decidir". Les persones que siguin candidates i que simpatitzin en línies generals amb les idees del federalisme, no s'han de deixar arraconar, i haurien de proclamar amb el màxim orgull el següent:

-Que estem a favor d'una Espanya federal en una Europa federal.

-Que certament hi ha diferents federalismes possibles, però que aquest és el debat que hem de tenir: quin federalisme? Fora del federalisme i dels seus valors i solucions, no hi ha cap futur.

-Que l'estat-nació està obsolet al segle XXI, especialment a la Unió Europea, i que per tant té poc sentit centrar gran part del debat polític en crear un nou estat-nació (igual que no té sentit intentar conservar els antics sense reformar-los per adaptar-los a una realitat nova), o els eufemismes i subterfugis que els amaguen, com estat propi, estat nou, o estructures d'estat.

-Que en el món d'avui, la majoria de grans problemes de la humanitat tenen poc a veure amb la capacitat de resposta dels estats-nació, antics i potencialment nous.

-Que la majoria de ciutadans que viuen en democràcia al món ho fan en organitzacions federals o que caminen cap al federalisme, en grans agregats democràtics que inclouen la Unió Europea (a mig camí, però en la bona direcció si no fem passos enrera), els Estats Units, Canadà, Austràlia, l'Índia, Sudàfrica, o Brasil.

-Que és veritat que avui hi ha més estats que fa 100 anys, però ha estat per la descolonització i per la disgregació del bloc soviètic, i que molt probablement els territoris afectats avui estarien molt millor si tinguessin estructures federals democràtiques (i s'haguessin estalviat alguns milions de morts).
-Que és impossible i molt poc desitjable intentar retallar el món fent un estat per cada nació, perquè produiria una gran inestabilitat en un món ja prou convuls, i perquè de nacions n'hi pot haver més de 5000 i estan barrejades cada cop més en els territoris, i d'estats n'hi ha només uns doscents.

L'estat-nació està obsolet al segle XXI, especialment a la Unió Europea, i per tant té poc sentit centrar gran part del debat polític en crear un nou estat-nació, o els eufemismes i subterfugis que els amaguen, com estat propi, estat nou, o estructures d'estat

-Que l'organització més racional de govern és una arquitectura institucional multi-nivell federal clara i simplificada, on els ciutadans puguin influir al màxim de directament a cada nivell a través del seu vot i de l'elecció dels seus representants, des del barri fins al món global, passant pel districte, el municipi, les regions metropolitanes, els òrgans supra-municipals, els governs d'àmbit superior i el govern europeu. 

-Que el federalisme no és només el projecte més racional, sinó que també és el que facilita més la concòrdia, la solidaritat i tots aquells valors posititus i emotius que treuen el millor, i no el pitjor (com fa el nacionalisme sovint) del que els humans portem a dintre.

-Que els conceptes monistes de sobirania i de subjecte polític estan avui obsolets. 

-Que el gran traspàs de sobirania que està pendent avui i és perfectament viable és el de reforçar la sobirania del nivell europeu, creant un autèntic tresor europeu amb un pressupost rellevant i capacitat redistributiva i inversora. 

-Que encara que avui soni utòpic, s'ha d'avançar en el debat per crear instàncies de govern democràtic mundial, perquè alguns dels nostres grans problemes tenen escala global, i no s'estan resolent bé per la via d'institucions merament inter-"nacionals". 

-Que la humanitat té plantejats grans problemes (les desigualtats, la creixent concentració de riquesa, l'atur, el frau fiscal, les migracions, la inestabilitat financera) que depassen totalment l'estat-nació però que acaben afectant a la qualitat de vida dels nostres pobles i ciutats: només amb una arquitectura institucional federal, amb competències clares i alhora cooperació i govern compartit, es poden resoldre aquests problemes. 

-Que els nostres pobles i ciutats reflecteixen una gran i creixent diversitat, que aquesta és positiva, i que no es pot estar permanentment obligant a la gent a triar entre les seves identitats compartides. 
-Que els nostres pobles i ciutats tenen dret a desenvolupar-se amb la màxima llibertat i flexibilitat en un món sense fronteres, on no només no ens desconnectem de ningú (i molt menys d’aquells amb qui compartim parentiu, idiomes, negocis i problemes), sinó que treballem solidàriament amb els qui ens envolten.

La humanitat té plantejats grans problemes (les desigualtats, la creixent concentració de riquesa, l'atur, el frau fiscal, les migracions, la inestabilitat financera) que depassen totalment l'estat-nació: només amb una arquitectura institucional federal, amb competències clares i alhora cooperació i govern compartit, es poden resoldre

-Que els federalistes volem resoldre les coses democràticament, i per això proposem per tots els mecanismes legals que existeixin (eleccions, referèndums i consultes), que els ciutadans expressin el seu suport per aquest tipus d'arquitectura institucional aquí defensat, igual que defensem el dret d'altres ciutadans a canviar els mecanismes legals per vies legals i democràtiques quan no trobin els camins per fer avançar les seves propostes. 

-Que en el cas concret de Catalunya, defensem una reforma federal de la Constitució espanyola i un ferm compromís de tots els responsables polítics en la construcció d'una Europa cada cop més federal i democràtica, i no tant confederal i inter-governamental, i on les fronteres perdin cada cop més el sentit legislatiu i regulatori que tenen, i no tornin a tenir mai més el sentit policial i repressiu que havien tingut en el passat. 

-Que els que no defensin amb claredat aquestes idees estan rebutjant el marc institucional idoni per resoldre els grans problemes de la humanitat, incloent la injustícia social i la corrupció, i per tant mostren en realitat un compromís pràctic molt feble amb la solució d'aquests problemes. 

Els Jocs Olímpic de Barcelona, el millor que ha sortir del municipalisme progressista, per exemple, no hagués estat mai possible sense una òptica federal: una iniciativa local que arrossega a tots els nivells de l’administració en un mateix objectiu, i projecta una Catalunya moderna i plurilingüe, que té els braços oberts a la resta d’Espanya i del món (per exemple, amb alguns icons posteriors de l’independentisme recollint la medalla d’or per Espanya al Camp Nou). Un alcalde de Barcelona independentista no hagués aconseguit mai que es fessin les Olimpíades de 1992.
No podem donar la mateixa credibilitat al creacionisme que a l’evolucionisme, ni a la quimera independentista (es vesteixi com es vesteixi) que al federalisme. No debades Joan Rigol, Doctor en Teologia segons Viquipèdia, és el cap visible de la Plataforma pel Dret a decidir i va ser president del Patronat del temple expiatori de la Sagrada Família. Un senyor molt educat i agradable. Però en algunes coses equivocat.

“Federalismo plural como la izquierda“ (Por José Luis Atienza)

Nosotros nos sentimos catalanes, españoles y europeos, pero ciudadanos de una patria principal que nació en la periferia y que alguien quería condenar para siempre en ella: el Baix Llobregat. Es el alma obrera, el alma mestiza de quienes nos sentimos catalanes llevemos la camiseta del color que llevemos y enarbolemos la bandera que enarbolemos, pero también hermanos de las gentes y los pueblos de España. Nuestra alma no empieza en los Pirineos y acaba en el Ebro

(Este texto es una transcripción de la intervención de José Luis Atienza en la presentación de Federalistes d'Esquerres en Cornellà el 5 de noviembre de 2014)

Estoy encantado de estar aquí, en un acto celebrado en un lugar muy querido de nuestra geografía política y sentimental, Cornellá. En un centro que lleva el nombre de nuestro García Nieto, un hombre que hizo fácil lo complicado: unir la vida, la religión, el sindicalismo y la política y que finalmente murió a pie de obra. Las personas mejores no son las planas, son como los países. Las mejores no son las que tienen un sólo color, un sólo tono, sino aquellas que tienen muchas dimensiones y son capaces de crecer viviendo sus contradicciones.

Me emociona estar en Cornellá cerca de la plaza Cataluña y permitidme que en vez de reivindicar la memoria lejana de 1714 como hacen algunos, reivindique una memoria cercana, la de la dignidad. La memoria del 14 de diciembre de 1988, fecha  en la que hicimos una manifestación de la huelga general con la misma gente que doce años antes había hecho una manifestación en Sant Boi para reivindicar el primer 11 de septiembre en 1976. 

Porque en Cornellá nuestra memoria histórica es la lucha contra el franquismo en el Baix Llobregat. Es el alma obrera, el alma mestiza de quienes nos sentimos catalanes: catalanes, llevemos la camiseta del color que llevemos y enarbolemos la bandera que enarbolemos, pero también hermanos de las gentes y los pueblos de España. No nos sentimos de un sólo sitio. Nuestra alma no empieza en los Pirineos y acaba en el Ebro. Como dijo Sergi Pamies, nos sentimos como las aceitunas a la española, rellenas de rica anchoa.

Probablemente es cierto que damos a España más de lo que recibimos pero lo que seguro que es cierto es que el Baix Llobregat da a Cataluña más de lo que recibe en una proporción superior a la que da Cataluña a España y por eso no reivindicamos la secesión. El federalismo es plural como la izquierda, como España, como Cataluña, pero hemos de ser capaces de dar un NO sereno y razonado a la independencia. El federalismo es sentimiento, pero también es razón y pone la razón por delante del sentimiento. El federalismo es corazón y cerebro pero pone el corazón a latir y el cerebro a pensar en cómo arreglar las cosas. Creo que es emocionante estar en una reunión organizada por quienes tienen tan hermoso nombre y aun mejor apellido, federalistas de izquierdas. Y entre todos tenemos que hacer que empiece a funcionar para razonar y acordar una reforma de la constitución que mejore Cataluña y mejore España,  que mejore la vida de los catalanes y españoles. Nosotros nos sentimos catalanes, españoles y europeos, pero ciudadanos de una patria principal que nació en la periferia y que alguien quería condenar para siempre en ella: el Baix Llobregat.