Entrevista a Sayed Kashua: “No sé si hay buenas razones para estar orgullosos del pasado nacional” (por Francesc Arroyo)

El periodista palestino Sayed Kashua publica una novela escrita en hebreo en la que describe la difícil convivencia en la región. "Los israelíes son obsesivamente nacionalistas y la educación está impregnada de nacionalismo; y los palestinos pretenden hacer lo mismo. Hay una obsesión por la identidad nacional, que es excluyente”, explica

Sayed Kashua nació en Tira (Israel), en 1975. Es periodista y autor de diversas novelas. Una de ellas, Segona persona del singular (Edicions de 1984) fue  publicada en España traducida al catalán poco antes del último estallido que dio pie a Israel para volver a bombardear Gaza. Él es palestino, aunque escribe normalmente en hebreo, lo que no deja de ser una cierta anomalía. Tras la última agresión, decidió exiliarse en Estados Unidos. 

En su última obra, Kashua describe una doble historia: un abogado palestino compra un libro de segunda mano y en su interior halla una nota manuscrita de su mujer dirigida a un hombre que él no duda en pensar que es su amante. En paralelo, la historia de un joven palestino que cuida a otro joven judío que se halla en estado casi vegetativo, hasta descubrir que, en realidad, podrían ser intercambiables. Una metáfora sobre las relaciones entre las diversas comunidades que, mal que bien, conviven en Israel, donde la historia está al servicio de la ideología nacional. Kashua no deja de reflexionar al respecto desde la convicción de que “no hay una sola nación que pueda enorgullecerse de su pasado”.

“Escribo en hebreo porque es la lengua en la que he estudiado desde que tenía 15 años. En la escuela privada a la que asistía todos los libros estaban en hebreo, de forma que es mi lengua principal”, explica Sayed Kashua.

La obra está narrada desde diversos puntos de vista. “Era la mejor forma de hacerlo. Alterné la primera y la tercera persona porque, en realidad, son dos historias, pero lo que hice, en parte, fue seguir mi instinto literario y sentí que era mejor así. Al principio la historia era sólo la de Amir, el personaje del palestino que cuida a un judío enfermo. Pero vi que no era suficiente, de modo que empecé a escribir la historia de un abogado que encuentra una nota manuscrita en un libro que adquiere en una tienda. En la primera  versión se enamoraba de la autora de la nota, pese a que no la conocía, a que sólo sabía que era una mujer. Y abandonaba a su familia para buscarla. Luego me di cuenta de que no podía ser así. La nota era de su propia mujer y eso aumentaba su amor por ella. Y esa nota permitía cruzar las dos historias, porque había sido enviada a Amir dos años antes”.

En la novela, como es habitual, todos los personajes responden a un nombre, menos uno: el abogado. “Eso es algo que tampoco estaba previsto. Me pareció que la denominación ‘el abogado’ era más adecuada que cualquier nombre, lo identificaba mejor. La mayoría de los personajes tienen nombres que pueden ser tanto árabes como israelíes: Amir, Leila. Para el abogado no tenía un nombre así”. No obstante, Kashua sabe que, aunque no figure en el libro, el personaje tiene nombre: “Sami”.

Tras descubrir la nota e imaginar el engaño de su mujer, el abogado enloquece y empieza a interpretar todos los datos como una verificación de la traición. “Se vuelve paranoico, por su inseguridad. Él sabe que no pertenece a la ciudad. Lo normal entre los palestinos es estudiar en ella y luego volver al pueblo, aunque trabajes en la ciudad. Él no vuelve, de modo que vive como en un perpetuo fingimiento, en un lugar que no le corresponde.  Y tiene asumido lo que siempre se le ha dicho, que si no cumple las normas todo lo que le puede ocurrir será malo. Cuando encuentra la nota cree que su mujer le engaña y que es el castigo por no haber respetados las reglas”. A partir de ese momento, “es presa de los celos. En realidad, se había casado sin amor, porque había que hacerlo. Su mujer fue la primera muchacha a la que conoció. De modo que aquella nota manuscrita colapsa su vida y, por primera vez, se da cuenta también de que siente amor por ella.”

"Ojalá la historia dejara de ser un instrumento para justificar el propio nacionalismo y se enseñara que ambos, judíos y palestinos, pertenecen a esa misma tierra, sin rechazar el sufrimiento que han padecido ambos”, dice el escritor

Uno de los personajes secundarios hace una pregunta que nadie responde: “¿Por qué hay que fortalecer el patriotismo de los palestinos?”. La respuesta, señala el autor, “está esparcida a lo largo del libro, en el que aparece y reaparece el nacionalismo. Tanto el palestino como el israelí, pero sobre todo este último. Los israelíes son obsesivamente nacionalistas y la educación está impregnada de nacionalismo; y los palestinos pretenden hacer lo mismo. Y eso se refleja en todo el texto: la obsesión por la identidad nacional, que es excluyente. No puedes ser judío, formar parte del pueblo judío, si no tienes una madre judía. Sería estupendo que no fuera así, que todos pudiéramos compartir un mismo Estado sin  que hubiera ciudadanos de primera y de segunda”.

“Si miramos el sistema de educación israelí”, comenta Kashua, sobre el uso de la historia con fines nacionalistas, “veremos que no se enseña realmente historia. Sólo se recogen los hechos que justifican que el pueblo judío tiene derecho a estar allí porque ya había estado allí antes. Aunque las personas de hoy no sean las mismas de hace siglos, y aunque haya gente de otras religiones. Se enseña a los niños historia, pero los hechos que se cuentan en clase son diferentes según la comunidad. Ojalá un día se pudiera enseñar una historia que lo englobara todo y les impulsara a aceptarse conjuntamente. Ojalá que la historia dejara de ser un instrumento para justificar el propio nacionalismo y se enseñara que ambos, judíos y palestinos, pertenecen a esa misma tierra, sin rechazar el sufrimiento que han padecido ambos”.

Ese uso del pasado reconstruido es, afirma, un grave inconveniente. “Tengo la impresión de que todas las naciones han realizado actos bárbaros y cosas importantes. Quizás estaría bien que nos enorgulleciéremos de lo que hayamos hecho nosotros, si hemos hecho algo positivo. No sé si hay buenas razones para estar orgullosos de todo el pasado nacional, sea el de los árabes o el de los judíos o el de otras naciones”.

La novela, reconoce, es una metáfora sobre la integración de alguien en un grupo, en una sociedad. Amir dedica mucho tiempo a averiguar cómo pasar por judío: con la ropa, con la música, con las lecturas, la familia. Trata de hallar la clave para ser como el personaje al que cuida”. El narrador llega a sostener que, en realidad y con la excepción de la salud y la nación a la que cada uno pertenece, los dos jóvenes son como “gemelos”. Y es que “sólo por el aspecto no es fácil conocer la identidad de la gente. Incluso el abogado, que cree que puede hacerlo a simple vista, se da cuenta de que no. De hecho, hay muchos judíos que proceden de países árabes aunque sean de familias judías. La única diferencia es que si eres judío tienes más derechos”.

La novela está ambientada en Jerusalén y los lugares de la ciudad son descritos de forma realista, pero Kashua cree que la obra podría haber sido ambientada en cualquier otro sitio: “Es una novela sobre los celos y podría ocurrir en cualquier lugar. Pero eso tomo como punto de partida la Sonata a Kreutzer de Tolstoi. Por supuesto, aparecen caracteres de la comunidad donde ocurre, Israel, pero el asunto central son los celos y esos se dan en cualquier tiempo y lugar”.

La obra obtuvo el premio Bernstein cuando fue publicada en Israel en 2011. Un galardón destinado a autores de menos de 50 años. Hasta ahora sólo se había traducido al castellano Árabes danzantes (Tropismos, 2006), hoy prácticamente inencontrable.

El eterno retorno (por Anna Estany)

La “cuestión del catalán” está siempre latente y de vez en cuando salta la chispa. La solución no pasa por imponer una proporción del 25%, sea en la lengua que sea. La cuestión real y lo que está en juego es el monolingüismo Es necesario fijar un marco y unas líneas generales. Necesitamos un acuerdo general en Catalunya  sobre la política lingüística en la escuela y no dejarla a decisiones individuales o partidistas

El título no es baladí sino que refleja fielmente lo que sucede con la “cuestión del catalán”. Está siempre latente y de vez en cuando salta la chispa. Las razones de dichas reactivaciones pueden ser múltiples pero acostumbran a estar relacionadas con alguna sentencia judicial, normativa del gobierno central o una nueva ley de política lingüística de la Generalitat de Catalunya. Por poner sólo algunos ejemplos, en el 2008 surgió  la polémica a raíz de las tercera hora del castellano y ahora por la ley de educación, llamada ‘ley Wert’ en referencia al ministro del ramo; y en la actualidad, más concretamente, por la sentencia del Tribunal de Justicia de Catalunya que obliga a un 25% de enseñanza en castellano en las aulas en las que haya algún alumno, en realidad algún padre o madre, que lo solicite.

Dicha sentencia es inviable de llevarla a la práctica. Es también insostenible económicamente e irracional pedagógicamente puesto que queda al arbitrio de las peticiones de los padres. Los conflictos que generaría al primer intento de ponerla en la práctica serían múltiples y de difícil, por no decir imposible, solución. El primer problema surgiría en el caso de que algún(os) padre(s) de alumnos de las aulas que hubieran pedido más horas de castellano no estuvieran de acuerdo con la medida. El centro podría argumentar que se trata de una sentencia del TJC y que las leyes están para cumplirlas. Como consecuencia es posible que dichos padres pusieran un recurso a un tribunal de orden superior o ir al “Sindic de Greuges” de Catalunya o al “Defensor del pueblo” de España.  El centro educativo quedaría en la disyuntiva de hacer  caso omiso del TJC o aplicar la sentencia. Cualquiera que fuera la decisión, la situación de desconcierto sería evidente.

En el caso de que se optara por aplicar la sentencia desde el primer momento, el problema redundaría en la organización académica del centro. Supongamos un centro con más de un grupo de un mismo nivel de primaria, podría darse el caso de que en uno de los grupos se diera el 25% de las clases en castellano y en otro todo en catalán. En esta situación, los padres que no estuvieran de acuerdo podrían solicitar a la escuela que cambien sus hijos de grupo y los incluyan en aquellos en que no haya ningún alumno que haya solicitado un 25% de clases en castellano. Llegado a este punto, ¿alguien ha pensado lo que todo este embrollo puede significar para los alumnos, para la organización del centro, ratio de alumnos/profesor, horarios, distribución del profesorado?

De entrada podemos afirmar que la solución no pasa por imponer una proporción del 25%, sea en la lengua que sea. A su vez hay que  dejar claro desde el principio que el problema no es que un 25% de las clases sean en castellano, ya que de ninguna manera cuestiona el modelo de inmersión lingüística. La cuestión real y lo que está en juego es el monolingüismo, como muy bien lo explican Victoria Camps (El País, 11-2-2014) y Mercè Vilarrubias (El País, 1-3-2014). ¿Hay solución? por supuesto que la hay y, además, se está llevando a cabo en muchas escuelas sin ruido, sin grandes declamaciones y adaptándose a la realidad.

La premisa general de una solución no puede quedar al arbitrio de cada escuela ni de los padres para una decisión de este tipo. No cabe duda que escuela y padres tienen que tener un papel en la aplicación de la política lingüística en el ámbito de la escuela pero es necesario fijar un marco y unas líneas generales. Es de necesidad, por tanto, un acuerdo general en Catalunya  sobre la política lingüística en la escuela y no dejarla a decisiones individuales o partidistas.

Se puede objetar que ya hay un pacto en Catalunya sobre tal cuestión ya que todos los partidos excepto PP y C’s están de acuerdo con la política lingüística vigente. Sin embargo, un análisis de la realidad muestra que en la práctica no es el caso si nos atenemos a las opciones personales. En primer lugar, nos podemos preguntar si todos los votantes, o incluso los militantes, de los partidos que forman parte del pacto (PSC, CiU, ERC, ICV) aceptan dicha política a la hora concreta de elegir la escuela de sus hijos. 

En la cuestión del catalán en la escuela posiblemente haya cierta incoherencia e hipocresía, tanto por parte de los que forman parte del pacto como por los que cuestionan la inmersión lingüística

La libertad individual en este tema y en otros muchos es indiscutible, sin embargo, quizás podríamos reflexionar si la política lingüística oficial de monolingüismo en catalán es la que consideran más adecuada para sus hijos. Por ejemplo, hay muchas escuelas en que el castellano tiene más presencia que las dos horas semanales que marca la ley. Además, en Barcelona hay una serie de escuelas extranjeras como el Liceo francés, el Colegio alemán, la Escuela suiza, el Liceo italiano, o algunas de las escuelas en las que el idioma vehicular es el inglés, en las que el catalán queda relegado a no más de dos horas semanales. ¿Podemos concluir que todos los alumnos de estas escuelas acogen sólo hijos de votantes del PP y C’s? Parece improbable, aunque no hay datos al respecto. Por otro lado, es probable que haya votantes y militantes del PP y C’s que elijan para sus hijos escuelas en las que rige el monolingüismo y, por supuesto, la inmersión, sin que pongan ningún problema. 

La conclusión a la que podemos llegar es que en la cuestión del catalán en la escuela posiblemente haya cierta incoherencia e hipocresía, tanto por parte de los que forman parte del pacto como por los que cuestionan la inmersión lingüística. Necesitamos, por tanto, una alternativa coherente y fruto del consenso entre las diversas propuestas surgidas en Catalunya.

El punto de partida sería la inmersión en el catalán con la condición de no separar los alumnos en función de la lengua elegida por los padres (catalán o castellano). Lo cual no es óbice para que puntualmente en una franja horaria se pudiera dividir la clase en función de la lengua que necesita refuerzo a causa de factores diversos, desde la lengua predominante en el ámbito familiar hasta hábitos culturales que hacen que los alumnos puedan ser más competentes en una lengua que en otra.

Todo lo dicho hasta ahora tiene especial relevancia para la enseñanza primaria, por tanto, hasta los 12 años. Cuando se entra en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), una etapa en la que hay más contenidos y asignaturas concretas, podría introducirse cada año alguna materia en castellano (física, matemáticas, biología, etc.). El objetivo es que los alumnos se familiaricen con los términos específicos en las dos lenguas.

En la etapa del bachillerato se seguiría la misma línea que en la ESO. Dado el nivel de las materias, aún es más importante el conocimiento de la terminología en las dos lenguas. Pero el objetivo no es sólo el conocimiento de los términos científicos sino la capacidad de expresarse y comunicar conocimientos adquiridos, tanto en catalán como en castellano.

Respecto al inglés hay que ser realista y, sin olvidar que es una asignatura pendiente de la educación en nuestro país, hay que reconocer que por el momento no hay docentes preparados para impartir las materias de contenido (física, sociales, biología, matemáticas, etc.) en inglés. Otra cuestión es el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, que debería tener un peso y una dedicación mucho mayor de la que tiene en estos momentos.

Una reflexión final, creo que es posible llegar a este pacto, sólo hace falta sentido común y buena voluntad. Todos saldríamos ganando pero sobre todo los alumnos y los docentes que merecen un reconocimiento que a veces la sociedad no les concede suficientemente.

“Ajut permanent a Madrid” (sobre la consulta catalana) (por Carlos Jiménez Villarejo)

El Estatut d’Autonomia vigente planteaba una Catalunya solidaria con el conjunto de España, una sociedad integradora que los partidos soberanistas han hecho saltar por los aires. La convocatoria del 9N parte de un presupuesto falso: el derecho a decidir, que carece de fundamento en el ordenamiento constitucional e internacional. Se trata de una consulta fundada sobre la violación del ordenamiento democrático

El título de este artículo corresponde a un cartel de la Catalunya republicana durante la Guerra Civil en apoyo al pueblo de Madrid asediado por el fascismo. La distancia histórica y política con aquellas fechas no impide rememorarlas para constatar que estamos en las antípodas de aquella generosa posición de Catalunya hacia los pueblos de España.

Pero no hay que remontarse a aquel lejano periodo. Los partidos soberanistas han traicionado los principios que presidían el Estatut d’Autonomia vigente, que planteaban una Catalunya “solidaria con el conjunto de España”, una “sociedad integradora” y el desarrollo de su personalidad política “en el marco del Estado” actual. Principios que dichos partidos, bajo la dirección de CiU, han hecho saltar por los aires.

Desde la Declaración del 23 de Enero de 2013 hasta la convocatoria del 9N, se parte de un presupuesto falso: lo que llaman derecho a decidir, que carece de fundamento en el ordenamiento constitucional e internacional. Porque, es obvio, que Catalunya carece del derecho de autodeterminación reconocido por la ONU en 1960 para los pueblos dominados colonialmente. Es evidente que no estamos en ese supuesto.

Con el proceso, el Govern y  la mayoría soberanista del  Parlament desbordan el marco constitucional, se arrogan atribuciones que no les corresponden e infringen abiertamente el ordenamiento democrático

A partir de ahí, arranca un proceso en el que el Govern y  la mayoría soberanista del  Parlament desbordan el marco constitucional, se arrogan atribuciones que no les corresponden e infringen abiertamente el ordenamiento democrático. Proceso que podría merecer calificativos más graves.

Todo ello lo refleja la Ley 10/2014, de “consultas populares no referendarias” más el Decreto de convocatoria de la consulta del 9N. Razonablemente suspendidas por el Tribunal Constitucional, coincidiendo, con toda seguridad, con el voto discrepante de 4 de los 9 Vocales del Consell de Garantías Estatutarias, que alegaron que la Ley suspendida regulaba irregularmente un referéndum “simulado” o “encubierto”.

Por otra parte, las leyes autonómicas reguladoras de dichas consultas sólo pueden regular materias de la estricta “competencia de la Generalitat”, lo que ya impedía acudir a esa vía para plantear, y sólo por los catalanes, nada más y nada menos que la separación del Estado.

Ciertamente, con independencia del objeto de la pretendida consulta, el Govern ya disponía de una Ley autonómica, la 4/2010, de “consultas populares por vía de referéndum”. Especialmente prevista para “cuestiones políticas de especial trascendencia”, como, sin duda, era y es el objeto del 9N. 

Pero, los soberanistas, conscientes de la manipulación legal que llevaban a cabo, evitaron la Ley de 2010, pese a que era la que debían aplicar, para impedir que dicha consulta estuviese bajo el control de la “Administración electoral” del Estado (presente, por otra parte, en todos los procesos electorales) sustituyéndola por otra a medida de sus espúrios intereses. Y, desde luego, para sortear burdamente el precepto estatutario de 2010 que exigía que la papeleta de voto contuviera solo “el texto de la pregunta”, lo que se oponía a sus pretensiones. 

Se eludió el censo electoral para crear un censo a medida a través de lo que se llama Registro de Población de Catalunya, anomalía electoral gravísima ya que se adapta a intereses particulares un derecho fundamental: el derecho a voto

Pero, aún habían más razones. Una, que ya debieron advertir en julio de este año, cuando un Juzgado de lo Contencioso de Barcelona declaró “nulo de pleno derecho” el siguiente acuerdo municipal: ”L’ajuntament de Cabrils posarà a disposició de la Generalitat de Catalunya les dades del padró i els instruments necessaris, en el cas que se li soliciti, per a la celebració de la consulta sobre el futur polític de Catalunya…”. Es decir, eludió el “censo electoral” para crear un censo a medida de sus intereses a través de lo que se llama Registro de Población de Catalunya, anomalía electoral gravísima ya que está adaptando a sus intereses un derecho fundamental como es el derecho a voto.

Para rematar su atajo de ilegalidades, reconociendo el voto a “las mayores de dieciséis años”. Norma que está en flagrante contradicción con el Art. 12 de la Constitución que declara la mayoría de edad a los 18 años y con la disposición de la Ley Electoral que reconoce el derecho al voto a los “mayores de edad”. ¿Hasta qué punto de ruptura del ordenamiento democrático puede llegarse para que una Comunidad Autónoma pueda derogar un precepto constitucional?

Pero la ruptura llega más lejos. La Ley Orgánica 2/1980, reguladora del referéndum, dispone que “la decisión del votante solo podrá ser “sí” o “no” o “quedar en blanco”. Y añade, que se tendrán por nulas “las que ofrezcan dudas sobre la decisión del votante”. Pensemos en la aplicación de este precepto a la formulación de las preguntas de la consulta: serían directamente nulas. La Ley catalana suspendida dispone que la pregunta o preguntas debe formularse “de manera neutra, clara e inequívoca”. Es decir, que las preguntas del 9N serían, en todo caso, nulas porque no cumplen sus propias exigencias autonómicas.

Hoy por hoy, debemos defender nuestros derechos más básicos para ser personas, para que la mayoría pueda vivir con dignidad

Por último, la pretendida consulta viola el Art. 14 de la Constitución que prohíbe cualquier forma de discriminación entre los españoles, en cuanto una parte minoritaria de ellos pretende imponer a los demás un modelo de convivencia que, sin duda, creará fracturas y divisiones entre los propios catalanes y entre éstos y los ciudadanos de España, tanto en el ejercicio de de derechos fundamentales como en el acceso a los servicios públicos. Además, de romper gravemente el principio de igualdad ante la Ley.

Por todo ello, sabiendo el alcance de cuanto afirmo, considero la solución más democrática que una consulta, fundada sobre la violación del ordenamiento democrático, no debe celebrarse. Y, por favor, que no vengan con el derecho a decidir sobre un futuro ante un pueblo que, en el presente, carece de casi todo, especialmente de los derechos más fundamentales. Hoy por hoy, defendamos nuestros derechos más básicos para ser personas, para que la mayoría pueda vivir con dignidad. 

Carlos Jiménez Villarejo es actualmente miembro de Federalistes d’Esquerres y de PODEMOS