Els federalistes no en tenim prou amb la independència (per Siscu Baiges)

El futur de la Humanitat passa per eliminar fronteres entre les persones i compartir drets i deures. Passa per una societat fraternal i solidària que és l’argument de base del federalisme

Sóc dels que creu que l’independentisme no és altra cosa que l’etapa final del nacionalisme. El propi president desaparegut de Catalunya durant 23 anys Jordi Pujol i líder del nacionalisme català uns quants més ho ha reconegut. “No defensava la independència perquè no hi havia les condicions per aconseguir-la”. Ergo, els nacionalistes no són independentistes fins el dia que poden aconseguir la independència.

Per això coincideixo amb els que, com el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, –i ja és trist haver de coincidir amb segon qui-, consideren que la reforma de la Constitució no aturarà l’ànsia secessionista.

Passi el que passi el proper 27 de setembre i els dies posteriors, la reivindicació independendista –majoritària o minoritària electoralment- continuarà viva.

Però cal no oblidar que aquest camí no és irreversible. Senegal i Gàmbia van intentar unir-se una temporada. Van formar Senegàmbia, però l’aposta no va reeixir i es van tornar a separar. Rússia es va desmembrar i ara algunes de les noves repúbliques o part d’elles estan sent captades per la vella metròpoli, amb millors o pitjors intencions. Quebec i Escòcia han perdut referèndums de secessió però probablement en faran de nous. Alemanya va estar dividida en dos països a partir del 1949 i es va reunificar en un de sol el 1990.

El camí cap a la independència dels països sembla més irreversible que el contrari. En canvi, el futur de la Humanitat passa per eliminar fronteres entre les persones i compartir drets i deures. Passa per una societat fraternal i solidària que és l’argument de base del federalisme.
Per això, si la Constitució es reforma en sentit federal, els independentistes catalans sincers seguiran defensant la secessió. Però, alhora, si Catalunya algun dia es proclama un país independent els federalistes continuaran defensant i lluitant perquè recuperi una relació fraternal i federal amb Espanya, Europa i la resta del món.

Nación de naciones (por Pedro J. Sánchez Gómez*)

Podemos defender que en un estado compuesto la soberanía originaria, la capacidad de constituirse en sujeto político, reside tanto en los ciudadanos como en las regiones que componen el estado. Esto se traduce en que los ciudadanos de cada territorio toman la decisión de unirse en lo que los politólogos llaman momento federalizante. Una nación política de naciones políticas, así entendida, es una de las formas que puede tomar un estado federal en España

España es una nación de naciones, era una frase que repetía mucho el ex presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La frase no era suya y tampoco tengo claro que el ex presidente supiese bien lo que quería decir con ella. Porque el término ‘nación’ se puede emplear para aludir a cosas distintas, aunque mucha gente no parece ser consciente de este hecho. Por ejemplo, la frase de la que hablamos se puede leer como que España es una nación política, esto es, un sujeto de soberanía, compuesta de unas naciones jurídicas, esto es, territorios con un autogobierno. Así interpretada, la frase lo que hace es describir muy sintéticamente un hecho, el de la actual arquitectura constitucional de España. La España de las autonomías es una nación de naciones.

Podría ser que este fuese el sentido que el presidente Zapatero quería dar a la frase, pero me queda la impresión de que de hecho quería profundizar más. No sé si merece mucho la pena hacer exégesis del discurso de nuestros políticos, pero sí es interesante ver las distintas acepciones que se pueden dar al término ‘nación’ en un contexto político. Aparte de las que veíamos más arriba, la nación política y la nación jurídica, cabe por lo menos mencionar una tercera, la nación cultural. Una nación cultural, como su nombre indica, es un grupo de personas, que por lo general comparten un territorio y una historia, que tienen rasgos culturales comunes. No hará falta decir que decidir qué rasgos en concreto son relevantes a la hora de definir una nación cultural, y cuáles no, no es una tarea trivial. Sea como sea, con estas tres acepciones, y haciendo un ejercicio simple de combinatoria, podemos obtener nueve versiones de la frase que comentamos. Curiosamente, ninguna de ellas resulta absurda. Por ejemplo, muchos considerarían que “España es una nación (jurídica) de naciones (jurídicas)" es una buena descripción de nuestro país actualmente, al menos desde que nuestra soberanía se evaporó y nos despertamos convertidos en un protectorado económico del BCE, del FMI y de otras siglas, como, por ejemplo, la RFA. Otra posibilidad empleada comúnmente es “España es una nación (jurídica) de naciones (políticas)”. Si se tiene en cuenta que esa España jurídica es a lo que se refieren (aunque no sean conscientes de ello) los que por no decir ‘España’ hablan del Estado Español, es fácil reconocer quiénes suscribirían esta opción. Pero hay otras combinaciones que son también interesantes.

Veamos primero las que parten de asumir que España es una nación cultural. Pues bien, para empezar, ¿cabe hablar de España en este sentido? Si la respuesta es que no nos habremos quitado de golpe tres opciones, ¿pero no es esto un poco apresurado? De hecho, la respuesta afirmativa es muy común, aunque con matices radicalmente opuestos según quien la sostenga. Tanto la derecha españolista más rancia como los nacionalistas periféricos reconocen sin ningún problema la existencia de una identidad cultural española, aunque los últimos solo sea para dejar muy claro que no es la suya. Pero la cultura española de los primeros tiene un fondo totalitario, y la de los segundos atufa a racismo; ¿no es posible una definición de la cultura española que no caiga en estas simplezas? ¿Cabe definir una cultura común en un conjunto tan diverso como el español? Es una cuestión crucial, también, por cierto, para los independentistas. Por ejemplo, ¿si esa cultura española existe, y está presente en sus territorios, qué hacer con ella tras una hipotética independencia? ¿Es el futuro de España ser una nación (cultural) de naciones (políticas), algo así como se veían a sí mismos los italianos o los alemanes antes de la unificación, por paradójico que resulte? Pero los independentistas, en especial los catalanes, insisten en que su objetivo es la disolución de su tan reclamada soberanía en una Europa unida; ¿acabará siendo España una nación (cultural) de naciones (jurídicas), como por ejemplo, y salvando las distancias, lo es ahora Castilla, dividida dentro de España en cinco comunidades autónomas?

Hay una última opción en esta línea, hipotética pero sugestiva: España como nación (cultural) de naciones (culturales). Por rara que pueda parecer, esta combinación era la más común antes de que se empezase a hablar de soberanía y de ciudadanos. Pensemos de nuevo en Alemania, aunque remontándonos a antes del s. XVIII. ¿Es un horizonte como éste, en el que la soberanía nacional española haya desparecido, y en el que las todas las instituciones sean supranacionales, el que nos espera como país? ¿Y si es así, llegaremos a él como final de un feliz proceso de integración voluntaria y pactada de países soberanos, o será el resultado de la pérdida de poder de los estados en un mundo globalizado gobernado por empresas transnacionales que solo responden ante sus accionistas?

Veamos ahora las dos combinaciones que nos quedan con España como nación política. Una primera opción, fácil de identificar, es la de una nación política de naciones culturales. Se admiten las peculiaridades culturales de cada parte del país, pero esto no se vincula a ningún tipo de reconocimiento político, ni siquiera institucional, de las mismas. Esta España de soberanía centralizada y casas regionales ya no es posible, mal que les pese a algunos. Por otro lado, ¿qué sentido tiene decir que España es una nación política de naciones políticas? ¿No es esta una opción contradictoria? ¿Si la nación política se asocia a la idea de soberanía, cómo puede coexistir una soberanía común de todos los españoles con una soberanía en cada una de las regiones? La contradicción se resuelve, según lo veo yo, echando mano de la idea de soberanía originaria. Se puede defender que en un estado compuesto la soberanía originaria, la capacidad de constituirse en sujeto político, reside tanto en los ciudadanos como en las regiones que componen el estado. Esto se traduce en que los ciudadanos de cada territorio toman la decisión de unirse en lo que los politólogos llaman momento federalizante. Esta soberanía partida deja de ser efectiva tras la constitución del estado, pero sigue estando allí, si se quiere como concepto límite, como garantía de la existencia de cada una de las partes federadas, o incluso como situación a la que retornar si la unión se disuelve. Una nación política de naciones políticas, así entendida, no es ni más ni menos que una de las formas que puede tomar un estado federal.
¿Por qué nación de naciones debemos optar? ¿Está en nuestras manos, me refiero a las de todos los españoles, elegir, o nos vendrá impuesta, ya sea por una de las partes del país unilateralmente, ya desde fuera? Sea como sea, es necesario que seamos conscientes de las posibilidades que se nos presentan, de las implicaciones de cada una, y del margen de elección real del que disponemos. Porque el riesgo de dejar estos asuntos en manos de unos pocos es que acabemos siendo la única combinación que no he evaluado antes: una nación jurídica de naciones culturales. Un mero gestor de diversidades regionales, sin verdadera soberanía, ni en el conjunto ni en cada una de las partes del país. Una especie de UNESCO ibérica, un administrador de instancias sin poder. Un enorme museo histórico y etnográfico a escala real.   

*Pedro J. Sánchez Gómez es profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad Complutense de Madrid

Federalismo e igualdad (por Alain Cuenca*)

La reforma de la Constitución en un sentido federal debería clarificar el grado de equidad interterritorial que deseamos alcanzar -o sea cuán iguales y diferentes queremos ser- y ajustar a partir de ahí el grado de autonomía que habrá de atribuirse a cada territorio

En la “España de las Autonomías” que tenemos y en la “España Federal” a la que muchos aspiramos, se debe resolver entre otros muchos asuntos, la cuestión de la igualdad territorial. Si nos dotamos de un Estado autonómico a partir de 1978 fue para dar respuesta a hechos diferenciales que en cada territorio requerían respuestas institucionales diferentes. Pero más allá de la lengua, la cultura, el derecho civil u otros, me parece que en más de treinta y cinco años no hemos resuelto plenamente la cuestión de hasta qué punto queremos ser iguales y en qué grado queremos ser diferentes. Lo digo desde la perspectiva de aquellos que queremos seguir viviendo juntos. En cuanto a quienes pretenden separarnos, es obvia su posición sobre la igualdad territorial en España.

El grado de aceptación de las diferencias territoriales es todavía difuso y por tanto las reformas que requiere nuestro modelo territorial no bastarán si no mejora en ese sentido nuestra cultura federal

Existen multitud de disparidades territoriales en los servicios públicos que se vienen aceptando con total naturalidad. Permítanme un ejemplo muy simple: los ciudadanos que residen en Zaragoza pagan un 13% más por el impuesto sobre bienes inmuebles que los de Madrid, por lo que recibirán más y mejores servicios de su ayuntamiento. Esto se permite y fomenta desde la Ley de haciendas locales de 1988 y es el fruto de elecciones democráticas cada cuatro años para renovar o sustituir a los responsables políticos que reflejan en sus decisiones las preferencias locales. Por fortuna, en la prensa que leo habitualmente nadie se opone a esta situación.

Sin embargo, es frecuente que se cuestionen algunas diferencias territoriales en los servicios públicos, por más que sean características de nuestro sistema descentralizado. Por citar solo un ejemplo, los derechos de matrícula universitaria han sido distintos desde que se traspasó la competencia a todas las CCAA en los años noventa, pero a partir de 2012, cuando el gobierno central elevó el techo máximo para estos precios públicos, las críticas al hecho de que en Cataluña o Madrid se pague mucho más que en Andalucía o Aragón se han acrecentado. Se cuestiona la diferencia de precios como si la calidad del servicio fuese idéntica y, como es obvio, no es lo mismo estudiar economía en la universidad Pompeu Fabra que en la universidad de Zaragoza, seguramente porque las prioridades de sus gobiernos no son iguales. Con estos ejemplos solo quiero ilustrar que el grado de aceptación de las diferencias territoriales es todavía difuso y por tanto las reformas que requiere nuestro modelo territorial no bastarán si no mejora en ese sentido nuestra cultura federal.

Como ha señalado Eliseo Aja, entre otros autores que han escrito sobre la reforma de la Constitución, debe clarificarse la atribución de competencias entre niveles de gobierno. Asimismo, se requiere la instauración de mecanimos de decisión mediante los que el Estado (o federación) y las CCAA (o Estados federados) adopten decisiones conjuntas sobre asuntos en los que haya una responsabilidad compartida (entre otros, un Senado con sentido federal). Pero el debate competencial no es mi especialidad. En cambio, si puedo decir decir algo sobre el modo de financiar los servicios que prestan los gobiernos autonómicos (o Estados federados si se adoptara esa nomenclatura).

Si se desea que el gasto en las universidades o en sanidad sea el mismo en toda España por habitante, se restaría autonomía de decisión a las comunidades autónomas: si queremos más equidad en los servicios públicos, debemos renunciar a parte de la autonomía que ahora se tiene

Con carácter general, la financiación de los gobiernos subcentrales debe cumplir tres principios: suficiencia, autonomía y equidad; y el modo de satisfacerlos debería inscribirse, en sus aspectos esenciales, en la Constitución reformada. En nuestro actual ordenamiento tenemos dos sistemas de financiación bien diferenciados: el foral y el común. El primero otorga suficiencia y autonomía plenas, pero no contribuye para nada a la solidaridad entre territorios, y por tanto no es equitativo. Es un defecto que no es achacable al concierto vasco o convenio navarro en sí mismos, sino que sería sencillo incluir en el Cupo una contribución a la equidad interterritorial justificada por el hecho de que vivimos juntos, o sea, desde un punto de vista económico, intercambiamos libremente bienes, servicios y recursos humanos, lo que conduce a que la renta per cápita se concentre en determinados lugares.

Por lo que se refiere al régimen de financiación común, los principios de suficiencia, autonomía y equidad se satisfacen en lo esencial, sin perjuicio de que en los tres casos -que no son independientes entre sí- hay margen de mejora. Sólo me referiré ahora a la igualdad en la financiación de los servicios. El principio de equidad se atiende proporcionando a todas las CCAA de régimen común recursos tributarios y capacidad para modificarlos, complementados con fondos de nivelación entre ellas. Sin entrar en los numerosos matices que estos mecanismos sugieren, importa aquí subrayar el hecho de que cada Comunidad Autónoma puede elegir emplear sus recursos como mejor le convenga, dado que no existe ninguna clase de condicionalidad. Y esto se refleja en diferencias entre los territorios en cuanto a los gastos sanitarios, educativos, de políticas sociales u otros. Tales diferencias no son siempre bien comprendidas y se reclama con frecuencia que se eliminen. Pues bien, si queremos ser iguales en mayor medida, será necesario condicionar los recursos a determinadas finalidades. Por ejemplo, si se desea que el gasto en las universidades o en sanidad sea el mismo en toda España por habitante (ajustado a las necesidades), debería ser un gasto condicionado desde el gobierno central, obligatorio para las comunidades. Si así se hiciera, se estaría restando, autonomía de decisión a los gobiernos de las CCAA. Dicho de otro modo, si queremos más equidad en los servicios públicos, debemos renunciar a parte de la autonomía que ahora se tiene.
En definitiva, la reforma de la Constitución en un sentido federal debería clarificar el grado de equidad interterritorial que deseamos alcanzar -o sea cuán iguales y diferentes queremos ser- y ajustar a partir de ahí el grado de autonomía que habrá de atribuirse a cada territorio. En mi opinión no deberíamos alterar lo sustancial en este punto del sistema de régimen común. Actualmente, permite que si así lo desea cada territorio, se garanticen prestaciones sociales estándar, pero tambien que se destinen más recursos a algunas prestaciones, financiándolos con incrementos de presión fiscal o en detrimento de otros servicios. No obstante, el régimen foral debería corregirse y contribuir a la equidad interterritorial porque otorga capacidades de gasto que generan diferencias que resultan insalvables para las restantes comunidades autónomas, salvo que se acepte una asimetría tan profunda como la vigente.

*Alain Cuenca es profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza

Un nuevo consenso socialdemócrata (por Raúl Millán)

¿Cómo romper el statu quo actual? Defendiendo firmemente la federalización definitiva de la Unión Europea. Reclamar sin ninguna tibieza la hacienda única, mutualizar la deuda, la redistribución de regiones ricas a pobres, una toma de decisiones democrática a través de mecanismos federales como un sistema bicameral y un gobierno europeo democráticamente electo

La Unión Europea nace sobre un pilar fundamental en la Europa de la posguerra: el consenso socialdemócrata. La socialdemocracia logró, por numerosos motivos que tampoco vamos a resolver en un pequeño artículo, mover la sociedad europea y los partidos de la derecha, hacia la democracia social.

Los 70 años desde el fin de la última guerra mundial representan el período de mayor prosperidad y equidad jamás conocido en la historia de la humanidad. Para los hijos de la Comunidad Europea, y luego Unión Europea, Europa es un símbolo de lo mejor de nosotros.

Sin embargo, la Gran Recesión, con el substrato dejado por la Revolución Conservadora, ha conseguido romper definitivamente este consenso socialdemócrata por la redistribución de la riqueza, la igualdad y la misma democracia. La UE está dividida en países acreedores y deudores. Y solamente una de las dos partes es capaz de hacer efectivos sus intereses, puesto que es una relación que carece de equilibrio. De ahí que, recientemente, el gobierno griego haya sido el último ejemplo de una serie de gobiernos de izquierdas que no tiene otro remedio que aceptar las condiciones de austeridad que impone el stablishment europeo. Porque no hay otra alternativa en la unión monetaria sin el apoyo de los demás socios.

El papel de la socialdemocracia se ha dividido entre ser vencidos o, si son los socialdemócratas del norte, aliados de la austeridad suicida porque, de forma poco sorprendente en el contexto de repliegue nacional europeo, sus votantes también prefieren no pagar al sur los platos rotos. Contra esta nueva desidia nacionalista que pone en peligro el proyecto europeo, la socialdemocracia tiene que recuperar su rol tradicional tendiendo puentes entre las posiciones maximalistas para lograr victorias efectivas frente al impasse del ellos contra nosotros, tanto de los moralistas de la ética protestante como los que solamente ven nazis en Alemania. Recuperar la lucha por la equidad, la justicia social y la democracia.

¿Cómo reconstruir el consenso socialdemócrata? Rompiendo el statu quo. ¿Cómo romper el statu quo actual? Defendiendo firmemente la federalización definitiva de la Unión Europea. Reclamar sin ninguna tibieza la hacienda única, mutualizar la deuda, la redistribución de regiones ricas a pobres, una toma de decisiones democrática a través de mecanismos federales como un sistema bicameral, un gobierno europeo democráticamente electo. También los deudores tienen que entender sus responsabilidades, mecanismos de control de gasto en época de bonanza, reformas fiscales profundas que hagan de sus finanzas algo funcional, economías competitivas y no los tinglados y pelotazos del empresariado rentista sureño.

La socialdemocracia europea está atrapada en el falso consenso europeo que solamente está destruyendo la unión. Cuando algunos gobiernos nacionales no tienen salida para hacer efectivas las preferencias de su ciudadanía, ¿qué democracia queda? ¿Qué sentido tiene votar en España o Grecia si la votación importante es la del Bundestag?

Las generaciones jóvenes han sido tradicionalmente más europeístas que sus antecesores. ¿Pero quién nos representa en el Parlamento Europeo? Lleno de eurófobos, de neonacionalistas, de derecha conservadora, socialdemócratas sin proyecto y nuevas izquierdas que se mueven entre el repliegue nacional y euroscepticismo ambiguo, nadie tiene la fuerza para romper la baraja y establecer un nuevo juego democrático.

La socialdemocracia fue en décadas pasadas hegemónica porque era la voz de trabajadores, jóvenes, humildes, desamparados y progresistas. Daba salida a nuestros sueños de libertad, prosperidad e igualdad. Ahora, sin embargo, solamente es la muleta en la que el PPE se apoya para debilitar la democracia social, deshacer los logros de décadas de la lucha obrera y progresista.

La única forma posible de mantener viva nuestra vocación por la igualdad y la justicia social es reconstruyendo el consenso europeo. Mover los tóxicos debates moralistas sobre el sur derrochador y el norte trabajador hacia cómo resolver los desajustes de mejor forma, donde la pobreza pueda combatirse, donde juntos tengamos todos un lugar donde nuestras decisiones en las urnas tengan salida y no estén sujetas a la aceptación de otros gobiernos que no podemos votar.

En conclusión, el futuro de la socialdemocracia debería pasar por ejercer de una vez su poder para romper con un statu quo nocivo, que amenaza las bases ideológicas de su misma existencia, para reconstruir una Europa federal y mucho más justa que lo que muchos jóvenes hemos conocido en nuestra vida adulta.

La lista unitaria (por Adrià Casinos)

Quizá la diferencia entre referéndum y plebiscito no esté jurídicamente clara, pero sí que lo está en el ámbito político. Los plebiscitos se convocan para sancionar una situación de facto. El secesionismo se cree precisamente en esa situación de irreversibilidad, producto de largos años de engrasar cuidadosamente el mecanismo

En práctica médica es cosa ampliamente aceptada que la peor situación para un posible enfermo, es la incertidumbre. El diagnóstico, aunque sea malo, es la única y mejor solución. Pues bien, los ciudadanos catalanes ya tienen su diagnóstico en el pacto firmado por Convergència y ERC. Pero diagnóstico no implica necesariamente terapia. Sobre todo en el presente caso, cuando los galenos se empeñan en afirmar que el enfermo está sanísimo, mientras que para cualquier observador objetivo los síntomas de metástasis comienzan a ser evidentes.

Y sin embargo creo sinceramente que la mayor parte de comentaristas que no comulgan con el secesionismo, aunque son conscientes de la enfermedad, no van más allá de recetar aspirina. En una palabra, creen que el pacto y su articulado no son más que gesticulaciones y bravuconerías. Que la supuesta declaración de independencia en 6 meses (antes era en 18) es imposible. Y en eso reside el error. Creer lo que quieren hacerles creer. Lo que las fuerzas secesionistas están fijando no es la fecha de la separación, sino la del conflicto. El objetivo es crear un conflicto lo suficiente grave y desestabilizador como para que, en el contexto europeo de soberanía limitada, los que cortan el bacalao decidan que los costos de mantener la unidad son demasiado elevados, y fuercen al gobierno español a aceptar la secesión. Ni más ni menos. Por supuesto que la jugada puede fallar. Esa misma oligarquía puede llegar a la conclusión que una balcanización del flanco sudoeste europeo es suicida, y no solo se pida a Madrid mano dura, sino que se le exija. El tiempo lo dirá.

Y digo eso porque me parece que el panorama que tendremos el 28 de setiembre está bastante claro. La lista unitaria, más los diputados de la CUP, que aplazarán por supuesto la revolución pendiente, más quizá algún tránsfuga de eso que se ha dado en llamar “izquierda transformadora”, y una ley electoral a medida, no van a dar una mayoría apabullante, pero sí suficiente, en escaños. Y resulta absurdo intentar que los secesionistas se definan sobre qué mayoría consideran suficiente para proclamar la independencia, o si esta ha de ser de votos o escaños. Utilizarán la que tengan, sin sonrojo ni escrúpulos, basándose en el carácter plebiscitario que quieran dar a las elecciones, y que es imposible neutralizar. Este país lleva tres años en el total desgobierno, girando alrededor de un tema monocorde, y el bloque soberanista va a poner toda la carne en el asador para que cualquier otra propuesta política quede difuminada, y tenga un peso irrelevante en la opción de voto. No creo que sea casualidad que haya elegido el adjetivo “plebiscitarias” en lugar de “referendarias”. Quizás la diferencia entre referéndum y plebiscito no esté jurídicamente clara, pero sí que lo está en el ámbito político. Los plebiscitos se convocan para sancionar una situación de facto. Así el que siguió al “Anschluss” o los diversos que llevaron a la unidad de Italia, a remolque de la solución militar (magistralmente inmortalizados por Visconti en “El gatopardo”). El secesionismo se cree precisamente en esa situación de irreversibilidad, producto de largos años de engrasar cuidadosamente el mecanismo. Y probablemente tenga razón, desde el punto de vista de la generación del conflicto, que está servido.

Srebrenica, l’horror ètnic vint anys després (per Siscu Baiges)

A la guerra de Bòsnia, entre els anys 1992 i 1995, van morir unes cent mil persones. Iugoslàvia va esclatar i el paroxisme ètnic es va apoderar dels més fanàtics. Europa va fracassar en preveure i aturar aquelles horribles guerres al seu sí. Ha après dels seus errors? El comportament insolidari que ha mostrat en la crisi grega no invita a l’optimisme

“La matinada de l’11 de juliol de 1995, una columna de milicians de l’autoproclamada República Srpska comandats per el General Ratko Mladic, va ocupar Srebrenica, declarada enclavament segur per les Nacions Unides. Va demanar als cascos blaus holandesos que abandonessin el lloc i quarter general de Potocari on s’havien establert. Les dones i nens van ser obligats a agafar a peu la ruta de Tuzla, mentre que els homes, grans i joves, van romandre a la població. Posteriorment un llistat de 8.373 homes es varen donar per desapareguts”.

Són paraules de la sentència del Tribunal Penal Internacional pels crims de l’ex-Iugoslàvia. Una sentència que parla de ‘genocidi’. Rússia acaba d’oposar-se al Consell de Seguretat de Nacions Unides a utilitzar aquest terme per qualificar aquella massacre de ciutadans bosnians. El seu ambaixador a les Nacions Unides, Vitaly Churkin, considera que parlar de ‘genocidi’ és “políticament esbiaixat i augmentaria les tensions ètniques a Bòsnia”.

No vaig tenir ocasió de preguntar-li què en pensava de l’ús d’aquesta paraula a la noia nascuda a Srebrenica que va prendre la paraula, dissabte, al costat del Born barcelonès, en l’acte que en va fer memòria. Tenia un any quan es va produir la tragèdia. Després de passar molts anys en un camp de refugiats ha anat a petar a Barcelona i, entre sanglots, va dir que no odiava els assassins però es preguntava què explicaria als seus fills l’home que va matar el seu pare.

Pasqual Maragall, l’alcalde que va mobilitzar la Barcelona de la qual n’era alcalde per solidaritzar-se amb Sarajevo i els Balcans ferits per la guerra, també hi va assistir. Va ser una de les persones que va llegir noms dels nois i homes morts aquell dia. Se’n van llegir 961. En van quedar molts per llegir. Com la feina que queda pendent per restaurar la confiança i la convivència a Srebrenica i el conjunt dels Balcans.

Eliminats els bosnians, Srebrenica ha quedat dins la república sèrbia de Srpska. Té un alcalde serbi oficial i un alcalde bosnià elegit a l’exili. Un cop l’any es viu la ficció de la reconciliació i enterren al cementiri de Srebrenica els cossos de les víctimes que s’han pogut recuperar. Aquest any han estat 136.

Fa vint anys aquest esclat de violència es vivia a Europa, la nostra Europa. A la guerra de Bòsnia, entre els anys 1992 i 1995, van morir unes cent mil persones. Iugoslàvia va esclatar i el paroxisme ètnic es va apoderar dels més fanàtics. Molts catalans en van ser testimonis. Alguns d’ells es van retrobar al Born, dissabte. Periodistes com Carles Bosch, Eric Hauck o Xavier Rius Sant. Polítics com l’esmentat Pasqual Maragall, Raül Romeva o Carles Campuzano. Treballadors de l’Ajuntament, com Manel Vila, ànima de la trobada, amb el seu Districte 11 City to City. D’altres que no van tenir una presència o actuació directa ara fa vint anys van solidaritzar-se amb les víctimes: l’alcaldesa Ada Colau i diputats i regidors de diferents partits polítics.

Tots ells es van emocionar amb la breu intervenció de la jova bosniana. També els membres de les associacions que van organitzar l’acte i d’altres iniciatives que, aquests dies, intenten que el nom de Srebrenica no s’associï només al genocidi de l’11 de juliol sinó a la mobilització per la reparació de les víctimes i l’esperit de reconstrucció. S’hi ha avocat l’European Observatory on Memories, la Fundació Solidaritat UB, Igman, Pau i Solidaritat i l’Institut Català Internacional per la Pau, a més de Districte 11 City to City.

Europa va fracassar en preveure i aturar aquelles horribles guerres al seu sí. Ha après dels seus errors? El comportament insolidari que ha mostrat en la crisi grega no invita a l’optimisme.

Grècia: els costos socials del dèficit federal (per Francesc Trillas)

El contracte social confederal a Europa basat en els estats-nació fa aigües per tot arreu. Cal una Europa solidària, democràtica, federal: la nostra autèntica tercera república. No hi ha dos eixos, ni podem posar parèntesis a l’avenç social. Europa ha de triar: o misèria o federalisme. 

Una Europa renovada, solidària, democràtica i sense fronteres: la nostra autèntica tercera república

La situació a Atenes provocada per la ruptura de les negociacions entre els representants europeus i el govern grec i la convocatòria apressada del referèndum del diumenge 5 de juliol ha posat de manifest els enormes costos socials del dèficit federal que viu la Unió Europea (i el món en general): pensions impossibles de cobrar en la seva totalitat, caixers que no donen diners, control de capitals, incertesa sobre el valor dels propis estalvis o salaris o valor dels béns de capital, etc. És a dir, els costos socials i humans dramàtics d’una economia que ha deixat de funcionar.

No es tracta aquí d’assignar culpables. Però ni les polítiques d’austeritat imposades pels creditors unilateralment, ni les polítiques de sobirania nacional ignorant que existeixen els creditors (que estan en altres països, amb els seus electorats), no han servit ni estan servint per evitar els problemes que com sempre recauen en els sectors més vulnerables de la societat grega.

La situació a Grècia il·lustra clarament la fal·làcia de la “teoria dels eixos”, la teoria segons la qual la política es pot dividir en un “eix social” i un “eix nacional”, que són independents: un pot adoptar una posició en un eix, i independentment una altra en l’altre eix. Un pot ser sobiranista de dretes, o sobiranista d’esquerres, perquè els plans social i “nacional” no tenen res a veure. A Grècia avui es pot veure que el debat sobre la sobirania nacional i el federalisme afecta directament la qualitat de vida, de fet les possibilitats de vida, de les persones reals.

La teoria dels eixos porta fàcilment a la “tesi del parèntesi”: “abandonem temporalment les nostres diferències en l’eix “social”, per lluitar per l’estat-nació preferit, ja sigui Catalunya, Grècia, Alemanya, Israel o Espanya”. Aquests parèntesis de vegades acaben durant dècades o segles. Però el fet és que en el món global d’avui, sense un projecte sobre l’arquitectura institucional del poder (sense un projecte federal) no pot haver-hi projecte social. Com ja es va veure en el debat sobre la independència d’Escòcia, una unió monetària, per exemple, és incompatible amb la sobirania nacional. Però no només la unió monetària, sinó també altres qüestions que superen clarament l’estat-nació: les desigualtats, la immigració, el frau fiscal, el canvi climàtic…

Dani Rodrik, l’autor que diu que l’estat-nació és incompatible amb la globalització i la democràcia, té un article recent on es lamenta de l’existència del “dèficit federal” a Europa. Diu que l’error del projecte europeu tal com existeix avui en dia és que pretén que hi hagi un mercat, però diverses arenes polítiques. És hora de posar en marxa autèntics mecanismes de política europea, no només el Parlament Europeu, sinó també un tresor europeu amb un pressupost i uns impostos de la zona euro. Mentre els responsables polítics alemanys només hagin de retre comptes bàsicament als ciutadans alemanys, i el mateix els grecs, ningú tindrà en compte els interessos compartits. Si hi hagués institucions federals democràtiques que obliguessin a això, avui Grècia seria com un dels petits estats dels Estats Units: una mica més pobre, però no molt, i estable. Sense una transferència de sobirania dels estats-membre a la Unió Europea, aquest espai de cooperació i solidaritat seguirà sent una fal·làcia.

I els líders estatals de les esquerres, es diguin Sánchez o Iglesias, llencen pedres contra els seus propis objectius socials si el que fan és només mostrar grans banderes “nacionals” o fer crides a la “sobirania nacional”, quan el que calen són nous líders federalistes que apuntin a l’única solució a llarg termini dels problemes socials de la ciutadania europea: una Europa federal. A mi m’hagués agradat més un Sánchez amb una bandera normal espanyola al costat d’una europea (les dues amb el seu pal, d’una grandària humana, institucionals), i que en el seu discurs en comptes de dir “Espanya” trenta vegades i Europa dues (d’acord, una per parlar de l’Europa federal, però no és suficient), hagués parlat més de la necessitat d’unir tots els espanyols a favor d’una Europa renovada, solidària, democràtica i sense fronteres: la nostra autèntica tercera república. I m’agradaria que Pablo Iglesias fés el mateix i deixés d’embarbussar-se parlant uns dies de la “sobirania” i altres de la “sobirania nacional” sense que se sàpiga si parla de Catalunya, de Grècia o d’Espanya (quan en realitat hauria de parlar d’Europa, que per cert és d’on és diputat).

El contracte social confederal a Europa basat en els estats-nació fa aigües per tot arreu, està obsolet, és un anacronisme. El mite de la sobirania nacional avui produeix fam, almenys a Grècia (i qui sap on demà) i a més impedeix construir democràcies de qualitat. La millor democràcia és aquella on els responsables polítics gestionen els problemes en la dimensió adequada i rendeixen comptes directament a la ciutadania. Avançar en un horitzó federal (diferents nivells de govern democràtics adaptats a l’abast geogràfic dels problemes) evita la fam i millora la qualitat democràtica impedint l’acumulació d’àrees de poder on no es rendeix comptes a ningú.

Europa ha de triar: o misèria o federalisme.