Una Constitución a medias (por Pedro J. Sánchez Gómez*)

La Constitución de 1978 ha devenido disfuncional porque en su desarrollo se optó por no reconocer la verdadera constitución territorial del país. Con el paso del tiempo se ha convertido en un extraño agregado con elementos confederales (el encaje del País Vasco y Navarra), federales (con distintos matices en cada caso, Cataluña, Andalucía, Galicia, la Comunidad Valenciana y los archipiélagos), autonómicos (Asturias y Extremadura) y autonómicos por obligación (las cinco comunidades castellanas)

¿Es posible solucionar el problema catalán, y otros desafíos territoriales, dentro del marco de constitución de 1978? Muchos pensamos que sí, bien que por medio de una reforma de la misma. Otros, como el catedrático de derecho constitucional Javier Pérez-Royo, no lo ven tan claro. Pérez-Royo expuso bien su postura en un artículo breve de hace un par de años (Conflicto sin solución. El Periódico, 13/IX/2014). Puesto que la cuestión no es menos acuciante hoy que hace dos años, creo que es necesario mostrar la fragilidad de la forma de razonar del constitucionalista sevillano.

En su artículo, Pérez Royo sostenía que la constitución de 1978, el tejado bajo el que podría encontrarse una solución negociada al conflicto catalán, está tan deteriorada que ha dejado de cumplir su función. Con lo cual, concluía, nos dirigimos a un “escenario de enfrentamiento sin reglas, incomparablemente más peligroso que el que se está viviendo entre Escocia e Inglaterra”. Para sostener su tesis, Pérez Royo empleaba una idea interesante, la de la constitución territorial. Resumiendo, venía a decir que al texto constitucional se le han ido sumando con los años una serie de pactos (tomo el término de su artículo) entre el Estado y las distintas comunidades autónomas, refrendados tanto por el Parlamento como por los votantes de cada comunidad en referéndum. Estos pactos, plasmados en los estatutos de autonomía de cada comunidad, tienen para Pérez Royo un valor constituyente, y conforman lo que él llama la constitución territorial.

Para Pérez Royo la sentencia del año 2010 del Tribunal Constitucional sobre el estatuto de autonomía catalán supuso la ruptura del pacto entre Cataluña y el Estado. Como consecuencia, la constitución territorial quedó impugnada, y con ella toda la constitución española. En definitiva, la Constitución está derogada de facto por la falta de lealtad de una de las partes que la suscribió.

La postura de Pérez Royo, tal y como la expresa en su breve artículo, me parece muy débil. En concreto, pasa por alto el hecho de que los pactos territoriales a los que alude se han celebrado dentro del marco de la Constitución. Sin el texto constitucional ni siquiera se hubieran elaborado los distintos estatutos de autonomía. Pretender que la sentencia del TC impugna la Constitución en su conjunto es como decir que la anulación de un contrato por un juez invalida el Código Civil. Pero hay más. Para Pérez Royo el carácter constituyente de los estatutos de autonomía deriva, al menos en parte, de su ratificación en referéndum por los ciudadanos. Pues bien, se le escapa que muchos estatutos jamás fueron aprobados en referéndum. ¿Son menos constituyentes estos estatutos que los que sí fueron refrendados en las urnas?

Pero centrémonos en las consecuencias de la postura de Pérez Royo. Si le siguiésemos, habría que admitir que la distribución territorial es revisable, incluso reversible, porque los pactos, por definición, lo son. ¿Qué pasa si mañana una provincia decide en referéndum separarse de su comunidad autónoma para unirse a otra? ¿Y por qué detener este proceso en la provincia; no puede tener esta capacidad de decisión una comarca, o incluso un municipio? ¿Y así las cosas, cómo puede ser que una sola sentencia enmendando un estatuto invalide por completo, y para siempre, una constitución inestable por definición?

Como digo, las ideas de Pérez Royo me parecen muy flojas, y creo que responden, más que a un análisis serio, a las contorsiones intelectuales a las que se ven forzados muchos españoles cuando intentan mantener abiertos los canales de comunicación con el independentismo. Además, rezuman el complejo de culpa hacia las nacionalidades históricas que padecen muchos progresistas españoles que vivieron la dictadura de Franco. Por mi parte, tal vez porque pertenezco a una generación posterior, no me siento responsable de ningún agravio histórico hacia catalanes y vascos. Todo lo contrario. Lo que he vivido ha sido un intento muy serio de incorporar a estas naciones (no me importa emplear el término) al proyecto de España. Con esta perspectiva, mi visión de las cosas es muy diferente a la de Pérez Royo.

De entrada, estoy de acuerdo con que España tiene una constitución territorial, aunque en un sentido completamente distinto al que le da Pérez Royo. Yo me refiero a que nuestro país está recorrido por unas fronteras internas que separan territorios en base a su historia, su cultura y su geografía. Estas separaciones son independientes de la trascendencia política que se les quiera dar. Aragón y Castilla seguirían siendo regiones diferentes aun cuando ni castellanos ni aragoneses mostrasen el menor interés en hacer valer políticamente esta diferencia. Pues bien, obviamente, esta constitución territorial sí que es previa a cualquier ley: sería absurdo decidir por decreto que, por ejemplo, Madrid sea una provincia gallega. El texto constitucional ha de recoger la constitución territorial si no quiere convertirse en una ley disfuncional, o directamente injusta. Creo que Pérez Royo estaría de acuerdo conmigo hasta aquí. Es más, sospecho que su extraña historia de pactos constituyentes no es sino un intento poco afortunado de dar una forma legal al hecho de que España no es territorialmente homogénea. Para mí la cosa es mucho más fácil. Si el texto constitucional se adapta a las particularidades históricas y culturales del país, la constitución territorial queda automáticamente incluida en la carta magna. De este modo no tiene sentido establecer una dicotomía entre constitución política y constitución territorial. La cuestión, entonces, es si la constitución de 1978 cumple con el requisito de captar adecuadamente la estructura territorial del país.

Mi respuesta es que pudiera haberlo hecho, pero que de hecho no lo hace. Me explico. Los únicos territorios históricos que están recogidos explícitamente en la Constitución son el País Vasco y Navarra. Todos los demás han obtenido su reconocimiento del título VIII de la Constitución. Pero este es tan abierto que su desarrollo ha tenido mucho de esos pactos a los que tanto valor da Pérez Royo. Pues bien, de este proceso, y por razones que sería interesante estudiar, ha resultado un mapa autonómico que reproduce la constitución territorial con una sola, y muy grave, excepción. Me refiero a Castilla.

Castilla ha quedado troceada en cinco comunidades autónomas con poca, o ninguna, personalidad histórica y cultural. En definitiva, en su desarrollo la constitución de 1978 ha dejado de reflejar la constitución territorial de España.

Me parece increíble que las consecuencias de este hecho, siendo tan evidentes, hayan recibido tan poca atención. Por un lado, el sistema autonómico en su conjunto queda deslegitimado por la presencia de comunidades como la de Madrid. No les falta razón a muchos catalanes o vascos cuando rechazan ser puestos en posición de igualdad con cada una de las comunidades castellanas. Por otro lado, y quizás como consecuencia de lo anterior, las comunidades históricas siempre han buscado, y muy a menudo han logrado, una bilateralidad en su trato con el Estado. En el caso vasco esto está recogido explícitamente, pero Cataluña siempre ha intentado forzar la Constitución en este sentido. El Estatut de 2006 no es sino el ejemplo más claro de esto.

En definitiva, sostengo la Constitución de 1978 ha devenido disfuncional porque en su desarrollo se optó por no reconocer la verdadera constitución territorial del país. Con el paso del tiempo se ha convertido en un extraño agregado con elementos confederales (el encaje del País Vasco y Navarra), federales (con distintos matices en cada caso, Cataluña, Andalucía, Galicia, la Comunidad Valenciana y los archipiélagos), autonómicos (Asturias y Extremadura, bastante menos Murcia y las ciudades autónomas) y autonómicos por obligación (las cinco comunidades castellanas). Interpretar este galimatías como el feliz resultado del pactismo entre territorios es una concesión a la mística nacionalista más rancia, pero ya he hablado más arriba de sentimientos de culpa y de papanatismo de izquierdas.

Francamente, da la impresión de que lo único que le interesa a Pérez Royo es dar una cobertura teórica al desafío de los independentistas catalanes. En mi opinión, esta postura es tan desafortunada como su opuesta, la de emplear el texto constitucional para taparse los ojos, taponarse los oídos y cubrirse la boca. De hecho, creo que ambas posiciones derivan de un mismo problema de perspectiva: la obsesión por Cataluña y el olvido del resto del país.

Es perentorio hacer que la constitución política refleje adecuadamente la constitución territorial. Creo además que el proceso de aprobación de un texto constitucional reformado sería el momento óptimo para plantear un referéndum de secesión de Cataluña y el País Vasco. Con todo, no se trata de hacer una constitución para aplacar a los independentistas catalanes y vascos. Creo que esa actitud, de hecho, no solo no solucionaría el problema, sino que lo alimentaría. Repetiríamos lo que ocurrió con el estatuto de 2006, pero a una escala mucho mayor.

Centrémonos en nosotros. Hagamos una constitución para que los que sí queremos estar en España estemos cómodos. Y desde esa comodidad enfrentemos los problemas que vayan surgiendo.

*PEDRO J. SÁNCHEZ GÓMEZ ES PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICAS DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Altiero Spinelli i el federalisme europeista italià (per Francesc Trillas)

L’europeisme federalista plasmat al Manifiest de Ventotene concep el federalisme com una manera d’evitar de forma estructural les rivalitats entre estats i entre nacionalismes que havien portat a les dues guerres mundials. La Unió Europea és fruit en bona part d’aquesta tradició de pacifisme federalista, i encara avui el centre esquerra i l’esquerra italiana es mostren explícitament partidaris d’un estat federal europeu

(Text extret del llibre “Economia d’una Espanya Plurinacional”, d’Edicions Els Llums)

Històricament, el concepte de federalisme comença a sorgir al segle XVIII tan aviat com es creen els primers estats-nació. El federalisme jugarà un paper important en la revolució americana, per oposició al confederalisme que propugnava una dèbil unió de les colònies, i estarà en la base de la divisió de poders de la constitució dels Estats Units. El federalisme també va estar present en alguns moviments emancipadors de la classe obrera, en especial l’anarquisme, on Proudhon (que va tenir una gran influència sobre l’anarquisme i el federalisme català i espanyol) advocava per l’organizació col·lectiva de baix a dalt, combinant unió, fraternitat i libertad. 

Després de la primera guerra mundial, un grup important de federalistes britànics de forta vocació pacifista, amb personalitats com l’economista Lionel Robbins, era partidari d’avançar més fortament cap a un federalisme mundial que no és quedés en la Societat de Nacions, i que permetés evitar un altre gran conflicte bèl·lic. Encara que el federalisme de forma explícita no ha influït directament en el sistema polític britànic, originàriament molt centralitzat, hi ha avançat en les darreres dècades a través del procés de devolució a Gal·les i Escòcia, i el procés de pau a Irlanda del Nord (refrendat en referèndums simultanis a Irlanda del Nord i a la república d’Irlanda).

El federalisme britànic va influir fortament els federalistes italians després de la segona guerra mundial, sobretot Altiero Spinelli. Aquest federalisme es va orientar ja en una direcció clarament europeista, que va quedar palesada en el Manifest de Ventotene, promogut pels federalistes italians quan el feixisme encara no havia estat del tot derrotat. L’europeisme federalista es veia com una manera d’evitar de forma estructural les rivalitats entre estats i entre nacionalismes que havien portat a les dues guerres mundials. La Unió Europea és fruit en bona part d’aquesta tradició de pacifisme federalista, i encara avui el centre esquerra i l’esquerra italiana es mostren explícitament partidaris d’un estat federal europeu.

Però paral·lelament va existir una línia de pensament contrària, que destacava les virtuts de les petites nacions-estat, que competirien per atraure factors en una globalització desregulada. Aquestes idees van ser represes dècades després per dos professors italians que treballen en universitats nordamericanes, Alberto Alesina i Enrico Spolaore, els treballs dels quals han tingut força ressò a Catalunya. Per exemple, Enrico Spolaore va aparèixer en un dels documentals de TV3 sobre la possible independència de Catalunya, i el llibre que resumeix els seus treballs va ser traduït al català i publicat pel Departament d’Indústria de la Generalitat quan el conseller era el dirigent d’Esquerra Republicana de Catalunya Josep Huguet. És doncs important per al debat sobre Catalunya entendre què diuen i què no diuen Alesina i Spolaore, i quins són els orígens intel·lectuals de les seves posiciona.

Alesina és un dels autors més destacats de la segona generació del grup d’economistes italians formats a la Universitat Bocconi de Milan, la influència dels quals és descrita amb gran detall per Mark Blyth[1]. Aquests economistes són partidaris d’una intervenció limitada de l’estat en la vida econòmica, i es caracteritzen per un grau elevat de desconfiança en l’acció pública democràtica i un grau elevat de confiança en solucions tecnocràtiques, manllevant idees de l’escola de l’elecció pública de Buchanan. No debades Mario Monti, el que va ser president tecnòcrata del consell de ministres italià en els mesos àlgids de la crisi de l’euro a l’any 2012, va ser president de la Universitat Bocconi. L’escola d’economia de la Universitat Bocconi va ser fundada però pel dirigent i intel·lectual liberal italià Luigi Einaudi, segon president de la República Italiana entre 1948 i 1955 (després d’haver estat governador del Banc d’Itàlia els anys anteriors[2]), que també es va relacionar després de la segona guerra mundial amb el grup de federalistes d’Altiero Spinelli, al qual s’ha fet referència anteriorment. Això no obstant, el liberalisme internacional  d’Alesina i els seus coautors es desvia molt de la línia federalista liberal d’Einaudi, descrita així pels qui han estudiant més en profunditat el seu pensament econòmic[3]:

El nucli d’aquestes idees es troba en dos articles, “Per una Federazione economica europea” (1943), i “I problemi economici della Federazione europea” (1944), escrits durant el seu període d’exili a Suïssa. És en aquests articles que Einaudi construeix el que s’ha anomenat la seva teoria del mercat global (...), fonamentada en la discussió del teorema smithià sobre la divisió del treball i l’abast del mercat, i va desenvolupar la seva teoria del govern federal, és a dir, els seus pensaments sobre el model d’un estat supranacional federal democràtic que faria possible capturar les oportunitats ofertes per un mercat mundial, o almenys un gran mercat unificat. La federació europea representa un òptim de segon ordre  respecte a l’estat supranacional, essent l’òptim teòric un govern mundial. En efecte, el projecte d’un govern federal té en compte la tendència a l’expansió del mercat, reconciliant-la amb la dimensió política màxima possible.

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[1] Blyth, M. (2012), Austerity. The History of a Dangerous Idea, Oxford University Press.

[2] A Itàlia ha estat freqüent que els governadors del Banc d’Itàlia després ocupessin importants responsabilitats de govern, cosa que ha vingut facilitada per la inestabilitat del sistema polític.

[3] Veure Forte, F.; Marchionatti, R. (2012), “Luigi Einaudi’s Economics of Liberalism”, Journal of the History of Economic Thought, 19(4): 587-624.

La tercera opción del referéndum escocés (Por Luis Moreno)

Paradójicamente, el resultado institucional del referéndum de 2014 en Escocia validó la tercera opción, la de la devo max que se traduce en dotar al parlamento escocés de mayores competencias, mayor nivel de autogobierno y devolución de poderes (Extracto del artículo de Luis Moreno sobre el libro de Joaquín Tornos Mas ‘Es Escocia a Cataluña. Referéndum y reforma constitucional’ aparecido en la revista de Estudios Políticos 171)

El caso de Escocia sirve de contrapunto para analizar los escenarios del caso catalán. Como es sabido, de los 4,3 millones de escoceses registrados electoralmente (97 por ciento del censo poblacional), alrededor de dos millones respondieron negativamente en el referéndum de 2014 a la pregunta: «¿Debería ser Escocia un país independiente?». La diferencia con los partidarios del «sí» fue de unos 400.000 votos, rondando los porcentajes del 55 por ciento en contra y el 45 por ciento a favor.

La ventaja numérica entre el «no» y el «sí» fue neta, despejando dudas e interpretaciones del sentir mayoritario de los escoceses respecto a la secesión del Reino Unido.

Sucede, como bien apunta el profesor Tornos, que el referéndum hizo un planteamiento binario —«sí» o «no»— que eliminaba una tercera opción (devo max), la cual muy probablemente habría concitado un amplio respaldo mayoritario de los ciudadanos escoceses.

En realidad el propio ejecutivo escocés barajó la posibilidad de una consulta con las tres opciones (independencia, statu quo y devo max). Las dificultades para interpretar un resultado que pudiera no haber arrojado un porcentaje superior al 50 por ciento para ninguna de las tres respuestas, junto al deseo del gobierno británico de «simplificar» el referéndum con dos alternativas, prevalecieron finalmente.

En cierto modo paradójicamente, el resultado institucional del referéndum de 2014 en Escocia ha validado la tercera opción de la devo max, cuestión que, como ya se ha señalado, no se incluyó como tercera opción de la consulta escocesa. Según el compromiso (pledge o vow) adquirido durante la campaña del referéndum por los principales partidos británicos (Conservador, Laborista y Liberal), las instituciones centrales del Reino Unido deberían dotar al Parlamento escocés de mayores competencias, en línea con la denominada devo max, con un mayor nivel de autogobierno en el seno de la política británica.

La ulterior «devolución de poderes» supondría en la práctica que, salvo los ámbitos de defensa y de relaciones exteriores, los diputados del Parlamento escocés serían responsables del resto de las políticas públicas. Ello incluiría las fiscales y de financiación de las institucionales de autogobierno escocesas.

Según las encuestas efectuadas tras la celebración del refréndum (Herald Scotland, 5 de octubre de 2014), dos terceras partes de escoceses eran partidarios de la devo max, la cual contaba con un apoyo del 71 por ciento de hombres, del 62 por ciento de mujeres y era transversal a todos los grupos de edad y clases sociales. Además, el mayor nivel de autogobierno era la opción mayoritaria de los votantes de todos los partidos representativos en Escocia (59 por ciento de los liberales demócratas, 60 por ciento de los conservadores, 62 por ciento de los laboristas, 71 por ciento de los verdes y 79 por ciento de los nacionalistas).

El propio primer ministro británico, David Cameron, habló tras la consulta de una devolution revolution, aludiendo a una generalizada descentralización en el Reino Unido, la cual incluiría también la capacidad de los diputados de Westminster elegidos en las circunscripciones inglesas para dirimir asuntos  sólo de la directa competencia de Inglaterra.

La lectura «práctica» del resultado del referéndum escocés es que  ganó la alternativa de una mayor descentralización de poderes y, por ende, de independencia política a Escocia, pero rehuyendo la posibilidad de la secesión o del statu quo inmovilista.

Leer el artículo completo de Luis Moreno en la Revista de Estudios Públicos 171, enero-marzo 2016. Joaquín Tornos Mas: De Escocia a Cataluña. Referéndum y reforma constitucional

¿Dónde está Cataluña? (por Francesc Esteva)

La pregunta es obvia ¿Para qué vamos a hacer un referéndum si resulta que ya hemos pasado pantalla y estamos desconectando? Todo es tan confuso, tan incoherente que a veces pienso que estoy soñando

A pesar que uno ya es viejo en esto de la política no deja de sorprenderse. En Cataluña los independentistas nos dicen que la historia ha corrido mucho en estos últimos tiempos. Dicen que pasaron muchas pantallas en referencia a que determinadas cosas ya no les interesan. Primero fue el estatuto y después el referéndum, que en la última campaña sólo defendió Catalunya si que es pot (CSQEP).

A los de CSQEP durante la campaña los independentistas les dijeron por activa y por pasiva que lo del referéndum estaba ya superado. Según ellos, ya estábamos en la etapa de la desconexión y creación de un nuevo estado. Después de las elecciones catalanas parecía que con el resultado (mayoría de diputados pero no de votos) volverían al tema del referéndum. Pero no fue así, saltándose sus propias afirmaciones de campaña (la CUP había dejado claro que sin mayoría de votos no había base para ir hacia la independencia) decidieron que tenían base para “desconectar de España”. Presentaron y aprobaron la famosa resolución en la que decían que no respetarían ninguna decisión que no fuera aprobada en el parlamento de Cataluña y que en 18 meses tendrían listas las tres leyes de desconexión. Al aprobar la resolución, los catalanes (no sólo los independentistas) nos encontramos desconectando de todo, de España, de la comunidad europea y de las organizaciones internacionales a menos que el Parlamento de Cataluña aprobara y acordara pedir la entrada o reafirmar que se quiere permanecer en estos organismos. La resolución dice además que en dos meses a partir de que se forme gobierno, se crearán comisiones para redactar las tres leyes básicas de desconexión y cuando, in extremis, consiguieron formar gobierno dijeron que este sería su programa de gobierno. En 18 meses se comprometieron a tener las famosas leyes de desconexión. Y ahora estamos en ese trámite parlamentario. Y mientras nos decían que esto va muy en serio y estamos desconectando por otra parte nos encontramos con que:

1.- Acatan las sentencias del tribunal constitucional y presentan recursos al mismo contradiciendo lo que dice la declaración del Parlament.

2.- Presentan candidaturas a la elecciones al Parlamento de España (exceptuando la CUP que en esto ha sido más coherente) y van al congreso de los diputados en  Madrid. Lo justifican diciendo que sólo van para pactar la independencia y cuando llega la sesión de investidura dicen que ellos podrían abstenerse siempre que el candidato se comprometiera con el referéndum catalán, el que estaba fuera de pantalla, el que ya no reivindican ni en el Parlament ni el gobierno de Cataluña.

La pregunta es obvia ¿Para qué vamos a hacer un referéndum si resulta que ya hemos pasado pantalla y estamos desconectando? Todo es tan confuso, tan incoherente que a veces pienso que estoy soñando.

Continuo pensando que lo mejor sería trabajar para una España federal, algo que serviría también para apoyar la opción federal europea. Porque desear el federalismo en Europa, como repite Oriol Junqueras, y despreciarlo en España es dejar pasar la oportunidad de educar a la gente en la idea federal.

El federalismo o la forma política de la fraternidad (por Manuel Cruz)

El papel del federalismo en la crisis de los refugiados tiene pleno sentido porque el federalismo representa la forma política de la fraternidad: encarna, materializa, institucionalizándolos, unos valores y no se limita a apelar a ellos como horizonte último hacia el que tender. Los federalistas (y ya no les digo nada los federalistas de izquierdas) asumen la fraternidad como valor político universal, lo que implica la tarea de hacer visibles y llevar a la “existencia” política muchos sujetos y problemáticas que hasta el momento permanecían ocultas

(Intervención de Manuel Cruz en el acto ‘Europa ante la crisis de los refugiados. Una respuesta federal y solidaria’)

Me permitirán que inicie estas breves palabras de bienvenida citando a una filósofa, Hannah Arendt, que hace más de setenta años escribió un texto titulado “Nosotros, los refugiados”, que en los tiempos que nos está tocando vivir debería resultar de obligada lectura en escuelas e institutos. En él, la autora terminaba su reflexión planteando una tesis que, intempestiva, continúa sonando como un aldabonazo en nuestras conciencias bienpensantes: “los refugiados que viajan de un país para otro representan la vanguardia de sus pueblos”.

Apuntaba con estas palabras a la necesidad de pensar un nuevo significado político del refugiado, más allá del estatuto de marginalidad y tolerancia benevolente que se le acostumbra a otorgar. Atribuir a los refugiados la condición de “vanguardia de su pueblo” los pone, de entrada, a salvo de la condición de desecho social acogido por caridad, y nos coloca en la ineludible tesitura de a pensar su situación en otros términos.

Concretamente en unos términos que nos permitan afrontar lo que dicha situación tiene de auténtica piedra de toque para valorar la calidad del modelo político y social que hemos construido. Las grietas, las sombras, las insuficiencias, de dicho modelo han sido tematizadas desde diversas perspectivas y echando mano de diferentes categorías. Así, la categoría de vida vulnerable, que de tantas dimensiones del mundo contemporáneo da cuenta, se aplica de manera incontrovertible a quienes no tienen ni siquiera “derecho a tener derechos” en un régimen de ciudadanía reducido a la juridificación de la condición ciudadana, como es el caso de los inmigrantes indocumentados o detenidos en frontera sin que se respeten las garantías establecidas por el derecho internacional.

La vulnerabilidad crece como un cáncer dentro y fuera de las fronteras, como Arendt vislumbró con inquietante clarividencia en el texto al que aludíamos hace un instante. En la coyuntura histórica actual, en la que se multiplican las situaciones de precariedad e incertidumbre en todos los niveles de la existencia humana, se hace más necesario que nunca replantearse la participación de estas vidas en unos sistemas políticos donde dicha capacidad a veces se hace imposible. Es preciso sacar a la luz todas estas realidades para que entren en los programas políticos cuanto antes, de la manera más específica y efectiva posible.

De alguna manera son tales constataciones las que justifican que FED, en colaboración con la Unión de Federalistas Europeos, haya organizado este acto (acto que, por cierto, como decía aquel personaje de la película Casablanca, significa “el principio de una gran amistad”). Este acto, en efecto, tiene pleno sentido porque, si me permiten que lo formule así, el federalismo representa la forma política de la fraternidad. El federalismo encarna, materializa, institucionalizándolos, unos valores, esto es, no se limita a apelar a ellos como horizonte último hacia el que tender, ni siquiera como idea reguladora para tutelar nuestras acciones.

Por ello mismo, nada tiene que ver tampoco la reivindicación que el federalismo hace de la fraternidad con su espuria utilización por parte de quienes apelan a ella sin propuesta política alguna, como remedio mágico para solucionar, por ejemplo, los problemas de organización del Estado que hoy tenemos planteados en España. Esos falsos fraternalistas, si se me permite la expresión, a menudo no pasan de constituir la versión actualizada de aquella figura que describía en uno de sus impagables pecios Rafael Sánchez Ferlosio, la figura del español que, acodado en la barra del bar, proclama a los cuatro vientos para todo el que le quiera oír: “esto lo arreglaba yo en veinticuatro horas”. En este caso, ellos lo arreglaban con unas cuantas dosis de fraternidad entre los pueblos.

Pues bien, frente a estos falsos fraternalistas, los federalistas (y ya no les digo nada los federalistas de izquierdas) asumen la fraternidad como valor político universal, lo que implica la tarea de hacer visibles y llevar a la “existencia” política muchos sujetos y problemáticas que hasta el momento permanecían ocultas. Por lo mismo que “fraternidad” quiere decir universalización de la libertad/igualdad republicana, quiere decir también: elevación de todos esos sectores civilmente invisibilizados (como son los refugiados) a una sociedad civil de personas plenamente libres e iguales.

Pero no me corresponde a mí extenderme sobre estos asuntos (especialmente teniendo los cualificadísimos invitados que tenemos hoy aquí), aunque me permitirán que añada una puntualización. Nada más alejado de la retórica que las afirmaciones anteriores. En un contexto cada vez más áspero y descarnado como el del capitalismo en su actual fase probablemente una de los desafíos centrales más urgentes, junto con las presiones a las que hoy están sometidos los principios de igualdad y de libertad, será el de darles una dimensión pública y reconocimiento político, en otras palabras, una encarnación. ¿Por qué? Porque el despliegue práctico de tales principios parece el único que puede garantizar la ciudanía plena o activa, y no un reconocimiento puramente abstracto y pasivo. Los programas políticos fraternales están llamados a ocupar un lugar prioritario en este escenario.

Pero no quisiera finalizar esta ya excesivamente larga intervención mía utilizando un tono engañosamente optimista. Tal vez hoy día no sea posible que los estados ejerzan la capacidad que tuvieron en el pasado para hacer morir, pero sí les es perfectamente posible dejar morir, convirtiendo en invivibles e inviables ciertas vidas más vulnerables que otras. Como dijo Arendt en el ensayo al que empezaba aludiendo: “La sociedad ha descubierto la discriminación como el gran arma social con el que se puede matar personas sin derramar una gota de sangre”. Pues bien, algo deberá hacerse al respecto de tan dolorosa realidad. Para pensar en ello, entre otras cosas, estamos hoy aquí. Muchas gracias.

Vídeo completo del acto:

Intervención de Paolo Vacca en el acto ‘Europa ante la crisis de los refugiados: una respuesta federal y solidaria’

Los europeos necesitamos aceptar que la emigración no es un hecho aislado sino un fenómeno estructural que permanecerá en Europa por largo tiempo. La gente que llega no sólo viene por problemas económicos sino huyendo de guerras que les empujan a huir. Europa tiene la obligación legal, ética y la responsabilidad moral y política de acogerlos. Poner en marcha soluciones efectivas a la crisis migratoria y avanzar en la integración política europea son dos caras de la misma moneda 

(Este texto es una transcripción de la primera parte de la intervención del secretario general de la UEF (Union of European Federalists) en el acto organizado por Federalistes d’Esquerres en el CCCB el 11 de marzo de 2016)

En primer lugar, quiero agradecer la organización de este acto. El debate en Europa respecto a la emigración y los refugiados es un debate que se está desarrollando en negativo. Es un debate que está dominado por el miedo, el nacionalismo y el egoísmo nacional. Creo que es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil organicen encuentros donde se discutan propuestas positivas, porque una solución solidaria y europea es posible.

Quiero comenzar introducir algunos aspectos necesarios para el debate.

La crisis de los refugiados es compleja porque tiene muchas caras. Es la crisis de los refugiados, personas desesperadas que intentan entrar en Europa. Es la crisis de los estados miembros que se ven incapaces de encontrar las herramientas para afrontar la crisis. Es la crisis de la Unión Europea que no tiene los instrumentos adecuados para resolverla. Al mismo tiempo, es la crisis de la sociedad europea que se ve incapaz de mirar más allá de la propia sociedad nacional, que mira la inmigración con miedo. Debido a las múltiples caras de la crisis, el problema sólo se puede resolver buscando la solución para cada uno de componentes.

Hoy en día hablamos de crisis porque pensamos que los años 2015 y el 2016 han sido muy críticos pero cuando dentro de unos años miremos hacia atrás nos daremos cuenta que no lo han sido en relación a los flujos migratorios que están todavía por venir. Los europeos necesitamos aceptar que la emigración no es un hecho aislado del último año, sino un fenómeno estructural que permanecerá en Europa por largo tiempo, ya que muchos países de nuestro entorno tienen estados fallidos y África tiene muchos problemas de superpoblación importantes. Durante los próximos veinte años estas personas seguirán mirando a Europa como el lugar donde vivir. La emigración no desaparecerá al final de este año, es un fenómeno natural y necesitamos encontrar la manera de gestionarlo a largo plazo.

Cuando miramos la manera de solucionar la crisis migratoria hay varios aspectos que no podemos perder de vista.

El primero es que la mayor parte de la gente que está viniendo a Europa huye de la guerra. Si miramos a los refugiados que ha llegado desde principios de enero, el 85% viene de Siria, Afganistán e Irak, países destruidos por conflictos letales. El 15% restante llegan del norte y centro de África, aunque no son de países en guerra, están en situaciones civiles extremas. Es decir, la gente que llega a Europa no sólo viene por problemas económicos buscando un futuro mejor sino huyendo de guerras que los empujan a huir. Europa tiene la obligación legal y ética y la responsabilidad moral y política de acogerlos en Europa, de modo que puedan integrarse en la sociedad europea.

El segundo aspecto a remarcar es que Europa tiene mucha responsabilidad en la grave situación que se está viviendo porque ha abandonado a su suerte el norte de África y el Próximo Oriente, particularmente Siria. Estos conflictos tardarán en resolverse y llevará tiempo estabilizar sus economías.

El tercer aspecto a tener en cuenta es que los números son gestionables. En el debate, hay gente obsesionada con la cantidad de refugiados, por el miedo a que los refugiados invadan Europa. Pero en 2015 las llegadas han sido de poco más de un millón o un millón y medio de personas que representan un 0,2% de la población europea, en un continente con 500 millones de habitantes. Los números son manejables si los europeos manejan juntos esta situación.

Si miramos las posibles respuestas a la llegada de emigrantes, vemos que no existen soluciones nacionales, por muchas razones: hay países más expuestos como Italia y Grecia que no tienen capacidad para absorber por sí mismos el número de refugiados acampados en su suelo y que de acuerdo con la ley europea actual tienen la obligación de acoger. Pero incluso países como Alemania, que es el país donde los refugiados mayoritariamente quieren ir, no pueden absorber un millón de personas por sí mismos. No hay ningún país en Europa que pueda hacerlo en tan poco tiempo, ni los países del sur, que dónde llegan, ni los países del centro y norte dónde quieren ir.

Per tanto, no hay soluciones nacionales ni soluciones seguras. Algunos políticos en Europa creen que la solución para la crisis es construir barreras o muros para mantener los refugiados fuera de la Unión Europea o levantar barreras entre países vecinos. El problema no desaparecerá de esta manera ni tampoco empujándolos a los países vecinos porque no se pueden construir barreras a todo lo largo del mediterráneo.

Necesitamos pensar en soluciones europeas colectivas que vayan a la raíz del problema, no basadas solo en la perspectiva de seguridad, sino también en los aspectos de integración en el suelo europeo y compartidas para toda Europa.

Uno de los problemas más importantes es que actualmente Europa no tiene las herramientas, ni el poder ni los recursos para dar unamejor respuesta que la nacional. Frente a la ausencia de una solución europea, en la mente de la población se instaura la idea de que las únicas soluciones sean las nacionales.

La UE está intentando hacer dos cosas, las dos muy limitadas. Está intentando negociar con Turquía. Hay una propuesta sobre la mesa que será discutida la próxima semana en el Consejo Europeo, que básicamente consiste en deportar refugiados desde Grecia a Turquía para evaluar en Turquía cuáles tienen el derecho de asilo y redistribuirlos por Europa en un limitado número en relación al número total de refugiados. Pienso que esta negociación está fuera de las obligaciones internacionales de la UE y no funcionará. La segunda opción que la UE está intentando hacer es intentar construir un sistema europeo de guardia fronteriza y de costas que pueda intervenir en situaciones de crisis para ayudar a los países fronterizos. Es una iniciativa que va en la buena dirección pero solo tiene en cuenta los aspectos de seguridad de la crisis y por el momento es muy limitada en recursos en términos de nivel europeo.

Entonces, ¿Cuáles son las propuestas de la UE basadas en la solidaridad y en el federalismo? Necesitamos ayudar a los países de origen de los refugiados. Si no ayudamos a Siria a estabilizarse y reconstruirse, los sirios seguirán escapando a los países vecinos. Si no ayudamos a Libia a reconstruir la sociedad y a estabilizar su política, seguirá siendo la puerta para enviar refugiados hacia Europa. Europa necesita responsabilizarse de la estabilización económica y política de los países del Mediterráneo que ahora están de facto en una guerra civil.

En segundo lugar, necesitamos construir un sistema europeo para gestionar las fronteras europeas todos juntos. Hemos abolido las fronteras internas y sus controles de manera que los ciudadanos pueden viajar libremente por Europa pero las fronteras externas siguen gestionándose a nivel nacional. Cuando ciertos países están expuestos a presiones particulares son incapaces de gestionar sus propias fronteras por sí mismos. Es importante que a nivel europeo se progrese en construir un sistema para gestionar juntos nuestras fronteras y ayude a gestionar la afluencia de refugiados a Europa. No es fácil des del punto de vista logístico, pero los federalistas europeos pensamos que la frontera global podría gestionarse integrando las fuerzas de los diferentes países miembros.

La tercera propuesta desde la perspectiva federalista y solidaria es crear rutas legales de entrada para los refugiados. Los refugiados tienen derecho a entrar en Europa de forma legal, sobre todo cuando tienen el derecho de asilo. Necesitamos organizar mecanismos para poder solicitar el asilo en las áreas en crisis y promover el transporte a Europa de una forma legal y organizada por toda la Unión Europea. En las últimas cuatro semanas, Canadá ha trasladado des esta manera desde Grecia 25.000 refugiados a los que había decidido asilar.

En cuarto lugar, necesitamos un sistema para redistribuir entre los países miembros, a los refugiados que lleguen a Europa. Actualmente el 80% se concentra en Alemania y necesitamos realojarlos en otros países europeos, teniendo en cuenta las características poblacionales, la capacidad económica así como las preferencias de los refugiados. En estos momentos la Unión Europea está discutiendo la reubicación de 160 mil refugiados en dos años que es solo el 10% de la gente que ha llegado en un año. Necesitamos un mayor esfuerzo para realojar, bajo principios europeos, a todos aquellos que han llegado y llegarán a la UE.

La última propuesta es que necesitamos implementar planes de integración, ya que la llegada masiva de refugiados en tan poco tiempo produce un shock en la sociedad. Necesitamos planes de integración en políticas de mercado laboral y de integración en las diferentes sociedades nacionales. La integración no vendrá de forma natural, necesita ser organizada y necesita instrumentos a nivel nacional y europeo.

Es natural que nos preguntemos si la Unión Europea será capaz de hacer todo esto. Obviamente, existen grandes dudas porque la UE actualmente no tiene ni el poder ni los recursos para adoptar las soluciones que estamos proponiendo. No tenemos un gobierno a nivel europeo que pueda gestionar la crisis en sus diferentes aspectos, tampoco tiene competencias ni recursos y nos falta tiempo para encontrar soluciones europeas. El avance en las soluciones planteadas y en la política europea son las dos caras de la misma moneda. Si Europa avanza en la integración política y se dota del poder, los recursos y la estructura de gobierno para poder tomar las medidas correctas, resolveremos el problema. Por el contrario, si no se avanza en la integración de sus políticas, las soluciones tampoco progresarán.

Ver el acto en vídeo:

Intervención de Carlos Jiménez Villarejo en el acto 'Europa ante la crisis de los refugiados'

Ha llegado la hora de exigir responsabilidades no sólo políticas sino, sobre todo, penales, de parte de las autoridades europeas y nacionales. Por la omisión del deber de socorrer a tantas miles de personas en peligro como por el maltrato moral y físico a que son sometidos los refugiados por el sólo propósito de salvar sus vidas o huir de la represión y el hambre

Fotografías de Anna Surinyach sobre el éxodo de refugiados proyectadas en el acto ‘Europa ante la crisis de los refugiados. Una respuesta federal y solidaria'

Las más de 300 personas que murieron cerca de Lampedusa en Octubre de 2013 fueron la primera expresión masiva de la tragedia humanitaria que afronta Europa desde hace muchos años. Como ha dicho Bernard-Henri Lévy recientemente en un artículo del diario El País, la crisis de los refugiados está “dinamitando Europa”, expresa el “retorno de los egoísmos nacionales” y la instauración de la “ley de la jungla”.

La reciente reacción del Consejo Europeo no ha podido ser mas reaccionaria y cruel. Ya lo adelantaron los acuerdos de febrero de 2015: ”El objetivo debe ser, rapidamente, contener la afuencia de llegadas, proteger nuestras fronteras interiores, reducir la migración ilegal y salvaguardar la integridad del espacio Schengen”. Ya no se hablaba de refugiados sino de “flujos migratorios” o “entradas ilegales”. Ni una cita de la tragedia humanitaria que, desde hacía muchos meses, estaba ocurriendo en las fronteras europeas. Eso si, se requería a la OTAN, no para salvar vidas, sino para “el reconocimiento, seguimiento y vigilancia del cruce ilegal de fronteras en el mar Egeo”.

Ante esta realidad, los textos de la UE se vuelven meramente declarativos. El derecho a la vida, expresión de la inviolable dignidad humana, el principio de solidaridad, el derecho de asilo, la prohibición de expulsiones colectivas y así sucesivamente constituyen una provocación frente a la defensa de los derechos humanos. Sobre todo, cuando tambien se dispone la posibilidad de “recurrir a medios y militares para misiones humanitarias y de rescate” (Art. 43 del Tratado de la UE). Otra mentira.

El resultado es que, según la ONG MIGREUROP, Europa está en guerra contra los refugiados e inmigrantes, como resulta de la oposición de muchos Estados miembros a aceptar y cumplir los principios básicos de solidaridad y la propia normativa europea.

La consecuencia es que Europa ha declarado un estado de excepción para aquellas personas, imponiendo una abierta discriminación que las reduce a un espacio de no-derecho, de limbo jurídico, un régimen propio de un colonialismo interno, que, obviamente, favorece toda clase de abusos, como no cesamos de comprobar a diario. Como lo ha calificado el Profesor Javier de Lucas, la UE está en guerra contra los inmigrantes y ahora, también, contra los refugiados, una guerra que en no pocos aspectos tiene las características de guerra sucia y clandestina” (Mediterráneo: El naufragio de Europa. Editorial Tirant Humanidades.Valencia 2015).

Régimen que aplican a quienes tienen la fortuna de sobrevivir. Porque, según la ONG OIM, desde 2000 hasta 2014 han muerto en el Mediterráneo 22.394 personas, a una media de 1.500 por año. Ante esta realidad, ha llegado la hora de exigir responsabilidades no sólo políticas sino, sobre todo, penales, de las autoridades europeas y nacionales. No solo, como dijo el vicealcalde de Lampedusa, han abandonado la “cultura de la vida”, sino otros muchos principios y normas que están presentes en los ordenamientos penales. Por la omisión del deber de socorro a tantas miles de personas en peligro como por el maltrato moral y físico a que son sometidos por el sólo propósito de salvar sus vidas o huir de la represión y el hambre.

Espero que actos como este, estimulen la exigencia de responsabilidades a los mandatarios europeos civiles y militares y el comienzo del fin de la impunidad.

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