Soberanismo económicamente dependiente (Por Carlos Jiménez Villarejo)

Las fundaciones de CDC, UDC, ERC e ICV recibieron un total de 711.335 euros en subvenciones entre 2011 y 2013 de parte de los ministros José Ignacio Wert y José Manuel García-Margallo. Una forma de financiación pública opaca y poco conocida por la ciudadanía que representa la principal fuente de ingresos de estas cuatro formaciones que propugnan la ruptura con el mismo Estado que les financia de una forma poco transparente

El 12 de diciembre pasado ocurrieron dos acontecimientos políticos en apariencia radicalmente contradictorios. Por una parte, Oriol Junqueras, Artur Mas, Joan Herrera y otros acompañantes acordaron celebrar un supuesto referéndum sobre una supuesta consulta con dos supuestas preguntas. En esa misma fecha, el BOE publicaba una Orden del ministro José Ignacio Wert, tan derechista como abominable, en la que otorgaba subvenciones económicas a las fundaciones de estos mismos partidos soberanistas. El objeto de la subvención, se especificaba, era para “el estudio y desarrollo de pensamiento político, social y cultural”.

Una expresión más, a mi entender, de la doble faz del soberanismo, de aquellos mismos que luego repudian al Estado español y al Gobierno del PP.

Las prebendas a los partidos políticos de parte del Estado, y procedentes de los impuestos de todos, vienen de lejos y ha sido denunciada recientemente por el Consejo de Europa

Lo mas grave, sin embargo, es que estas prebendas, procedentes de los impuestos de todos los españoles- incluidos los catalanes-, vienen de lejos. Las cuatro Fundaciones de dichos partidos, por ceñirnos a los últimos tres años (2011, 2012 y 2013) recibieron un total 711.335 euros: 534.515 del Ministerio de  Cultura, ahora Educación, y 176.819 de Asuntos Exteriores, es decir, del ministro José Manuel García-Margallo.

Sumas que se distribuyeron de la siguiente forma: la Fundación Catdem, de CDC, percibió 363.711 euros; la Fundación Miquel Coll i Alentorn, de UDC, 124.945; la Fundación Josep Irla, de ERC, 132.724;  y la Fundación Nous Horitzons, de ICV, 89.953.

En definitiva, una forma de financiación pública poco conocida por la ciudadanía que, por lo general, está envuelta en un cierto grado de opacidad como denunció recientemente el Consejo de Europa.

Partidos que desarrollan su actividad política gracias, en buena parte, a los fondos públicos del Estado (Gobierno, Instituciones Autonómicas, Diputaciones y Ayuntamientos), al que tanto detestan,  pero que representan la mayor proporción de sus ingresos para asegurarles su funcionamiento ordinario y las medidas de seguridad.

La suma total de estas aportaciones en los ejercicios 2009, 2010 y 2011 es la siguiente:

CDC                  5.495.590 euros

UDC                  1.845.672 euros 

CiU                  30.475.027 euros

ERC                  13.877.504 euros

ICV                  10.397.780 euros

Un  total de 62.091.573 euros, suma más que relevante para financiar durante tres años a tres partidos autonómicos, que ahora pretenden justificar falsamente la ruptura con el Estado que tan generosamente ha obrado con ellos.

Pero aquí no queda todo. En cada proceso electoral- general, autonómico o local- los partidos citados han recibido generosas subvenciones públicas para el mantenimiento de las respectivas campañas electorales. Las sumas globales de  los ejercicios anteriores corresponden a:

CiU                  5.035.827 euros

ERC                  3.235.722 euros

ICV                  2.499.020 euros

Los partidos soberanistas CiU, EUIA, ICV y UDC están altamente endeudados y han presentado en los últimos ejercicios un “patrimonio neto negativo”: carecen de bienes para hacer frente a sus inmensas deudas. Están prácticamente bajo el control de sus acreedores

Pero la capacidad de la política española y catalana para convertir en el centro de la política la consecución de dinero, al coste que sea, ha llevado a los partidos a una situación crítica, como ya ha advertido el Tribunal de Cuentas (TCU). Resulta altamente preocupante que gran parte los partidos soberanistas - CiU, EUIA, ICV y UDC- presenten en todos aquellos ejercicios un “patrimonio neto negativo”, es decir, que carecen de bienes para hacer frente a sus inmensas deudas. Están, prácticamente, bajo el control de sus acreedores, el poder financiero.

Este era el estado de sus deudas con las entidades de crédito en el ejercicio 2011:

CDC                  3.607.972 euros

UDC                  16.276.780 euros

CiU                  12.609.005 euros

ERC                  2.482.162 euros

ICV                  16.136.909 euros

Por esta razón, el TCU ha exigido a CiU y a ICV un plan de saneamiento financiero que les permita salir de esta grave situación.

La cruda realidad es que CiU y su aliado ERC, imponen durísimas medidas neoliberales de privaciones de derechos sociales, mientras ellos desarrollan una actividad económica, a través de préstamos hipotecarios y otras operaciones crediticias, que le son negadas a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña. Con este grado de cinismo controlan y propugnan una Cataluña supuestamente libre.

CiU y ERC imponen durísimas medidas neoliberales de privaciones de derechos sociales, mientras ellos desarrollan una actividad económica, a través de préstamos hipotecarios y otras operaciones crediticias, que le son negadas a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña

En las leyes de financiación de los partidos se dispone que en el sistema de obtención de ingresos por estos se combine “suficiencia y austeridad como el mejor antídoto contra la financiación irregular”. Pero, el Parlamento, bajo el control del PP, con el incondicional apoyo en esta materia de CiU y PNV, continúa cerrando los ojos ante las consecuencias del actual coste económico de la política que hace tiempo está provocando un flujo oculto e ilícito de dinero hacia los partidos. En el pasado se adoptaron acuerdos parlamentarios, como el de “contención y disminución del gasto electoral”, que de haberse cumplido, habrían facilitado acabar con la financiación privada y, en particular, la proporcionada por las entidades de crédito. Pero, nadie cumple estos acuerdos ni responde de su incumplimiento.

Ya veremos qué sucede cuando se incorpore al Código Penal, el acuerdo del Congreso de Diputados para establecer un delito específico que persiga la financiación ilegal de los partidos políticos que fue adoptado con fecha de 14 de marzo de 2013.
En este contexto de endeudamiento excesivo de los partidos en el marco de una regulación contemporizadora de su financiación privada, no es de extrañar que se produzca un incremento de la  criminalidad de los gobernantes con un considerable grado de impunidad.